Espa?a emprende medidas para evitar que miles de empresas dejen de ser pymes a causa de la inflaci¨®n
El Gobierno modifica la Ley de Auditor¨ªa de Cuentas y la de Sociedades de Capital para ampliar los par¨¢metros monetarios que fijan el tama?o de las corporaciones
A pocos d¨ªas de que se cumpla el segundo aniversario de la invasi¨®n rusa de Ucrania, el efecto domin¨® provocado sobre los precios sigue causando da?os colaterales. El encarecimiento integral de productos y servicios ha engordado la facturaci¨®n de todo tipo de empresas, si bien no necesariamente los beneficios porque tambi¨¦n han crecido sus costes. Lo que hasta ahora se consideraba una microempresa en funci¨®n de su volumen de negocio ha dejado de serlo pese a que no ha cambiado nada m¨¢s. Lo mismo para peque?as o medianas, para las que la carga burocr¨¢tica aumenta en funci¨®n al tama?o contable. La inflaci¨®n ha alterado la base para siempre y contra ello act¨²a ahora Espa?a, que modificar¨¢ la Ley de Auditor¨ªa de Cuentas y la de Sociedades de Capital para ampliar los par¨¢metros que determinan el tama?o de las empresas y limitar as¨ª la carga administrativa y fiscal a la que se enfrentan.
Con estos cambios en estas dos normas, que se encuentran en consulta p¨²blica hasta el 23 de febrero, Espa?a se alinear¨¢ con las ¨²ltimas directivas de la Uni¨®n Europea (UE). El Ejecutivo comunitario decidi¨® a finales de 2023 ampliar los criterios contables (cifras de balance general y volumen de negocios neto) que determinan la categor¨ªa a la que pertenece cada compa?¨ªa, a fin de paliar los efectos adversos del repunte excesivo de la inflaci¨®n. Para ello, modific¨® una vieja norma de 2013 que fija los umbrales contables de las compa?¨ªas y lo ha sustituido por la Directiva 2023/2775. Seg¨²n sus estimaciones, al menos el 6% de las sociedades de capital de las que se tienen registros en el Viejo Continente se beneficiar¨¢n de la medida, que entre otras cosas implica una reducci¨®n de las obligaciones de presentaci¨®n de informaci¨®n y auditoria, as¨ª como en materia de sostenibilidad empresarial. En los ¨²ltimos dos a?os, Bruselas ha remarcado su compromiso de equiparar la seriedad de los informes de sostenibilidad con los financieros para combatir el cambio clim¨¢tico. Este impulso se concret¨® en la Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDR), que desde enero de este a?o obliga a las grandes corporaciones a ser transparentes acerca de su impacto en el medio ambiente.
La Comisi¨®n Europea ha considerado necesario alterar los criterios de tama?o en un 25% a fin de ajustarlos a los efectos de la subida de los precios. Al respecto recuerda que solo de enero de 2013 a marzo de 2023, la inflaci¨®n acumulada alcanz¨® el 24,3% en la zona euro y el 27,2% en el Uni¨®n Europea. A la vista de estas cifras, que han disparado la facturaci¨®n sin que esto necesariamente signifique m¨¢s beneficios ¡ªal menos para los negocios m¨¢s peque?as¡ª, el importe del balance de una microempresa ha aumentado de 350.000 a 450.000 euros y el volumen de facturaci¨®n neta pasa de 700.000 a 900.000. Por su parte, se ha ajustado el balance de 4 a 5 millones para las peque?as empresas, y su volumen de negocios neto pasa de los 8 a los 10 millones. Las entidades medianas o grandes tambi¨¦n han sufrido modificaciones, con un aumento de 20 a 25 millones en el total del bance y de 40 a 50 millones en el volumen de negocios.
Fuentes patronales aseguran que los nuevos l¨ªmites beneficiar¨¢n a Espa?a, el pa¨ªs del bloque con el mayor n¨²mero de pymes ¡ªde acuerdo con el ¨²ltimo informe de crecimiento empresarial elaborado por el servicio de estudios de Cepyme¡ª. Por un lado, evitar¨¢ que los estados financieros y registros contables de las compa?¨ªas m¨¢s peque?as tengan que ser auditados de forma forzosa, pues es una obligaci¨®n que solo compete a las medianas y grandes, adem¨¢s de las entidades de inter¨¦s p¨²blico. Tambi¨¦n reduce el n¨²mero de empresas que deben aplicar la directiva en materia de sostenibilidad, lo que se traduce, seg¨²n las estimaciones de Bruselas, en un ahorro de costes ¨²nicos de unos 150 millones de euros m¨¢s otros 700 millones cada a?o a nivel europeo. Un tercer punto a favor es que con los nuevos tama?os monetarios, habr¨¢ m¨¢s empresas que podr¨¢n acceder a las ayudas o subvenciones que exigen una facturaci¨®n m¨¢xima para ser beneficiario. Adem¨¢s, tendr¨¢n menos obligaciones documentales y las exigencias tributarias ser¨¢n menores.
A pesar de estos puntos a favor, la CEOE considera que los nuevos l¨ªmites son insuficientes pues se limitan al impacto de la inflaci¨®n y no consideran otros problemas del mercado. Su malestar coincide con el de otros sectores europeos, que tambi¨¦n pidieron a la Comisi¨®n un ajuste m¨¢s elevado o la subida autom¨¢tica en caso de que se superara un determinado umbral de inflaci¨®n. No obstante, Bruselas ha considerado que los nuevos par¨¢metros ya evitan que las micro y peque?as empresas se vean sujetas involuntariamente a los requisitos m¨¢s exigentes aplicables a las grandes corporaciones. En cualquier caso, la normativa obliga a las autoridades a revisar los criterios de tama?o monetario cada cinco a?os y, en caso de ser necesario, ajustarlos a los efectos de la inflaci¨®n.
Aunque la norma no est¨¢ desarrollada en Espa?a todav¨ªa, lo cierto es que los nuevos topes no pueden ser modificados ni existe una alternativa a la regulaci¨®n propuesta, pues se trata de una transposici¨®n directa de la normativa europea. Esto quiere decir que los Estados miembros deben incorporarlo en la legislaci¨®n nacional dentro de un plazo m¨¢ximo fijado por la Comisi¨®n. En este caso se contempla que sea en el ejercicio fiscal de 2024, aunque se permite aplicarlo de forma anticipada al ejercicio previo.
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