El n¨²mero de desahucios en Espa?a cae al m¨ªnimo hist¨®rico por debajo de las cifras de la pandemia

Los desahucios en Espa?a cayeron a m¨ªnimos el a?o pasado. De acuerdo con las estad¨ªsticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicadas este mi¨¦rcoles, el a?o pasado se practicaron 26.659 lanzamientos (el t¨¦rmino jur¨ªdico con el que se conoce el procedimiento por el que el titular de una propiedad recupera su posesi¨®n). Esto supone una ca¨ªda del 30,3% con respecto al ejercicio previo. Y marca un nuevo suelo en la serie estad¨ªstica que arranca en 2013, ya que son menos incluso que en 2020 (29.406 lanzamientos), cuando los juzgados estuvieron cerrados durante un tiempo por la pandemia de coronavirus. La cifra ser¨ªa la m¨ªnima en, al menos, dos d¨¦cadas, desde antes de que estallar¨¢ la burbuja inmobiliaria, cuando se dispararon los desalojos, pero la seria estad¨ªstica solo recoge los casos desde 2013. Algunos expertos relacionan los datos con la ley de vivienda aprobada el pasado mayo y con las huelgas que afectaron a la Justicia.

Lo que no cambi¨®, pese al descenso generalizado, es el hecho de que la mayor¨ªa de personas desalojadas de sus casas viv¨ªan de alquiler. De hecho, casi un 74% del total de desahucios ten¨ªan detr¨¢s a inquilinos, que es el mayor peso de la serie hist¨®rica. En t¨¦rminos absolutos, sin embargo, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, por impago de la renta, finalizaci¨®n de contrato u otras irregularidades relacionadas con el alquiler) fueron 19.676, de nuevo la cifra m¨¢s baja de los once ejercicios en los que el CGPJ lleva recopilando estos datos. Respecto al a?o pasado, el retroceso es del 28,5%.

La estad¨ªstica judicial, la m¨¢s completa que hay para seguir el fen¨®meno de los desahucios en Espa?a, naci¨® de la alarma social que generaron las ejecuciones hipotecarias en los primeros a?os tras el estallido de la burbuja. Sin embargo, las causas derivadas del impago del pr¨¦stamo de la casa nunca fueron mayoritarias en sus datos y son las que m¨¢s se han reducido. De los m¨¢s de 29.000 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias que se practicaron en 2015, el a?o pasado fueron apenas 5.260. Es tambi¨¦n el m¨ªnimo del que hay constancia y la ca¨ªda fue superior a la general (-38,2%). Esto se relaciona con el hecho de que la bolsa de morosos hipotecarios de la ¨¦poca de la burbuja (que sigue siendo el principal nutriente de este dato) se va reduciendo y tras la crisis de 2008 los bancos pusieron requisitos de solvencia mucho m¨¢s elevados.

Adem¨¢s de las dos grandes categor¨ªas (inquilinos y prestatarios), la estad¨ªstica incluye una tercera posibilidad de otras causas de lanzamiento (sin especificar) que es minoritaria (1.723 casos el a?o pasado).

Tras el retroceso general de los lanzamientos se encuentra, a juicio de algunos expertos, la Ley por el derecho a la vivienda que entr¨® en vigor en mayo de 2023. Esta modific¨® algunos art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan los desahucios. ¡°Esos retoques est¨¢n haciendo que se demoren los procedimientos¡±, resume Natalia Palomar, que es abogada de la asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Provivienda. Aunque el Gobierno despleg¨® dentro del paraguas social de la pandemia algunas medidas antidesahucio, la norma del a?o pasado ampli¨® los supuestos en los que el gran propietario (m¨¢s de diez inmuebles) debe pedir un informe de vulnerabilidad de los ocupantes de la vivienda antes de iniciar el proceso de desalojo. Adem¨¢s, tambi¨¦n debe acudir, si se acredita esa vulnerabilidad y otros supuestos, a un procedimiento de intermediaci¨®n.

Esto tiene implicaciones para los servicios sociales municipales y auton¨®micos y, en general, obliga a hacer unas adaptaciones que, seg¨²n Palomar, todav¨ªa no se han hecho en la mayor¨ªa de territorios. La abogada, de hecho, cree que hay otro dato de la estad¨ªstica judicial que es revelador de esto. Los procedimientos verbales posesorios para la inmediata recuperaci¨®n de la posesi¨®n por ocupaci¨®n ilegal tambi¨¦n cayeron. Estos, que no se refieren a todos los casos de ocupaci¨®n ilegal, son unos procedimientos simplificados a los que pueden acudir propietarios particulares, entidades sin ¨¢nimo de lucro o entidades p¨²blicas. Y en el caso de los grandes propietarios, se les exige tambi¨¦n la certificaci¨®n de vulnerabilidad de los ocupantes. El a?o pasado ingresaron en los juzgados 2.268 casos, un 18,5% menos que en 2022.

Paco Morote, portavoz de la PAH, pone el acento en otra posible causa. ¡°Ha habido muchos meses de inactividad de la Administraci¨®n de Justicia¡±, se?ala en alusi¨®n a las huelgas de letrados y funcionarios de Justicia que se convocaron entre enero y mayo (se paralizaron por la convocatoria de elecciones auton¨®micas y locales). ¡°Por desgracia, es eso lo que lo explica¡±, a?ade Morote, ¡°no ha habido una mejora de las circunstancias que llevan a la gente a ser desahuciada respecto al a?o anterior¡±.

La estad¨ªstica del Efecto de la crisis en los ¨®rganos judiciales, un t¨ªtulo que delata sus or¨ªgenes, tambi¨¦n da cuenta de los casos de cl¨¢usulas hipotecarias abusivas que pasan por los juzgados. Se trata de otra herencia de los a?os de la burbuja, amplificada despu¨¦s por algunas decisiones en instancias judiciales espa?olas y europeas. La avalancha de reclamaciones fue tal que en su d¨ªa se decidi¨® concentrar estos procedimientos en juzgados especializados, aunque hoy en algunas provincias ya se han cerrado esos ¨®rganos. El a?o pasado entraron 88.622 casos nuevos, un 11% m¨¢s que en 2022, pero menos del total de casos que se resolvieron (104.637). Pese a ello, al acabar el ejercicio quedan en los juzgados 141.417 casos pendientes de resoluci¨®n. En la abrumadora mayor¨ªa de las ocasiones, seg¨²n otras estad¨ªsticas judiciales, los juzgados dan la raz¨®n a los prestatarios.

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