Los economistas piden compensar la fiscalidad verde con rebajas en otros impuestos

La fiscalidad verde est¨¢ llamada a convertirse en una de las herramientas fundamentales para alcanzar los compromisos adquiridos de reducci¨®n de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para que puedan orientarse a la consecuci¨®n real de esos objetivos, es necesaria una reconfiguraci¨®n completa de todos estos impuestos. La idea, seg¨²n explica el Consejo General de Economistas (CGE), es que estas figuras no se conviertan en un mero instrumento para incrementar la presi¨®n fiscal ¡ªsin un ensanchamiento real de las bases imponibles¡ª, sino en palancas que penalicen a quien contamina y que premien a quien cumple. Para ello, propone el CGE, es esencial compensar la recaudaci¨®n obtenida a trav¨¦s de impuestos ambientales con una reducci¨®n en otros grav¨¢menes.

¡°La finalidad fundamental de estos impuestos no debe ser recaudatoria, sino de cambio de comportamiento¡±, explic¨® en un acto celebrado este lunes Salvador Mar¨ªn, director de estudios del Consejo. As¨ª, con la ventaja a?adida de ganar adeptos en la transici¨®n verde, se podr¨ªan establecer mecanismos para que, con estos nuevos ingresos, se compense lo recaudado en otros tributos y as¨ª cumplir con el principio de ¡°quien contamina paga y quien preserva recibe¡±. De este modo, se lograr¨ªa que ¡°los agentes contaminantes paguen por el da?o causado¡±, al tiempo que se premiar¨ªa a quienes generan menos impacto.

El CGE, junto con el Instituto de Econom¨ªa de Barcelona, ha elaborado el estudio Fiscalidad ambiental en Espa?a, donde se incluyen otras medidas a tener en cuenta en esta posible reforma fiscal verde. Adem¨¢s de la compensaci¨®n, los economistas sugieren una suerte de armonizaci¨®n de la cesta de los tributos verdes, que por norma general no cuentan con un dise?o estatal, sino que est¨¢n configurados ¨²nicamente como impuestos propios de las autonom¨ªas. ¡°En muchos hechos imponibles, la facultad de imponer estos impuestos no deber¨ªa recaer en comunidades o ayuntamientos, porque los efectos negativos que se pretenden mitigar exceden de su ¨¢mbito territorial¡±.

Al tratarse de impuestos propios, argument¨® Valent¨ªn Pich, presidente del CGE, cada territorio los configura de la manera que considera, sin necesidad de establecer ning¨²n tipo de elemento com¨²n. Esto, adem¨¢s de la incongruencia que supone que en unos sitios se pague y en otros no por un mismo hecho, hace que aquellas empresas que est¨¢n situadas en varias regiones deban conocer y cumplir con normativas diferentes entre s¨ª, ¡°lo que aumenta los costes indirectos de cumplimiento¡±. Todo ello podr¨ªa solucionarse, dentro de una estrategia o replanteamiento global de la fiscalidad en Espa?a, ¡°con el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudaci¨®n se cediera a las comunidades, teniendo estas adem¨¢s una cierta capacidad normativa para adecuar tipos y deducciones¡±, a?adi¨® Pich.

Uno de los ejemplos m¨¢s obvios, apuntaron los economistas, son el impuesto de circulaci¨®n y el de matriculaci¨®n. Su finalidad medioambiental, explican, deber¨ªa vincularse a las emisiones de di¨®xido de carbono que emiten los veh¨ªculos y que afectan a todo el territorio y no a un solo municipio o regi¨®n. En este sentido, cabr¨ªa preguntarse si es l¨®gico que este gravamen puedan gestionarlo los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el impacto ambiental de las emisiones es el mismo con independencia del lugar donde se efect¨²en.

Esta duda es extrapolable al ¨¢mbito auton¨®mico. Las comunidades espa?olas cuentan en conjunto con casi 80 impuestos propios ¡ªen gran medida asociados a la transici¨®n verde¡ª, pero mientras que unos territorios gravan varios bienes y actividades, otros est¨¢n libres de tributos. ¡°No tiene sentido que unas comunidades no exijan pr¨¢cticamente ning¨²n tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos s¨ª, para un mismo tipo de hecho imponible. Los ciudadanos y las empresas contaminan con independencia de donde se resida¡±, recalc¨® Pich, quien reclam¨® ¡°unidad de mercado para la fiscalidad medioambiental¡±.

En Espa?a, la importancia recaudatoria de los impuestos verdes ha sido tradicionalmente menor a la de la media comunitaria. Seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, se sit¨²a en el 5% del total de ingresos tributarios y el 1,8% del PIB, frente al 5,8% y 2,5% de la Uni¨®n Europea, respectivamente. No obstante, son valores cercanos a la media de la OCDE. Por eso, ahora que Bruselas ha insistido al Gobierno para que culmine la reforma fiscal, los economistas insisten en que el debate no debe centrarse en si en Espa?a se pagan pocos o muchos impuestos, sino en el objetivo que debe perseguir la fiscalidad verde.

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