El Gobierno tiene que aprobar m¨¢s de una decena de leyes para recibir fondos europeos

El Gobierno tendr¨¢ que aprobar m¨¢s de una decena de normas con rango de ley para obtener fondos europeos. Seg¨²n el recuento de EL PA?S, solo para el quinto desembolso, que supone unos 6.500 millones y que el Ejecutivo deber¨ªa solicitar pronto, faltan por completar tres: la ley de servicios sociales, la de familias y las reformas fiscales derivadas del libro blanco de recomendaciones de los expertos. Respecto al sexto tramo de fondos, que supera los 3.000 millones, a¨²n hay que tramitar otras ocho: la ley de industria; un paquete de sanidad ¡ªque incluye la ley de cohesi¨®n del sistema sanitario, la del estatuto para el personal sanitario y la de uso racional de los medicamentos¡ª; una legislaci¨®n para reorganizar y simplificar las subvenciones p¨²blicas en torno al ingreso m¨ªnimo; la ley del cine; la de profesiones del deporte, y la oficina de derechos de autor. Y para los siguientes hay m¨¢s: la ley de movilidad sostenible, la de eficiencia organizativa en la justicia, la del cliente financiero, cambios en la ley de competencia y la ley de inspecci¨®n en la pesca. Para pedir los pr¨¦stamos europeos, hay que sacar adelante adem¨¢s la ley de rehabilitaci¨®n urbana y la normativa para evitar desperdicios alimentarios.

El paquete que hay que aprobar supera toda la actividad normativa del Congreso desde que empez¨® la legislatura en enero. En una C¨¢mara fragmentada, el Ejecutivo ha aprobado cuatro leyes y seis reales decretos leyes. En los tres a?os y medio de la pasada legislatura, el Gabinete sac¨® adelante m¨¢s de 200. Algunos socios como ERC o el PNV ya advierten al Gobierno de que debe ser muy selectivo en los textos que env¨ªa al Congreso ante las dificultades para encontrar apoyos.

La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo se ha acrecentado desde que en agosto el socialista Salvador Illa alcanzara la presidencia de la Generalitat y dejase descolocado a Junts, que ha reaccionado provocando algunas derrotas del Gobierno en el Congreso. Aun sin tanta intensidad, por el flanco izquierdo S¨¢nchez tambi¨¦n tiene un aliado d¨ªscolo en Podemos. Con estas dificultades, el Ejecutivo ya maneja como hip¨®tesis m¨¢s probable que no lograr¨¢ el respaldo para los presupuestos de 2025 y tendr¨¢ que prorrogarlos por segundo a?o. PSOE y Sumar restan importancia a esta eventualidad y apelan precisamente al colch¨®n que dan los fondos europeos.

Si no se aprueban estas leyes, la Comisi¨®n Europea podr¨ªa retener una parte de los pagos hasta que se culminen, dado que el dinero solo se entrega a cambio de realizar unos objetivos de inversiones y reformas. Si bien en los desembolsos que quedan tendr¨¢ mucho m¨¢s peso cumplir con las inversiones que con las reformas. Es decir, por las leyes solo se retendr¨ªa una parte, en principio menor, de los m¨¢s de 30.000 millones pendientes en subvenciones. Ese porcentaje depender¨ªa del c¨¢lculo del Ejecutivo europeo. De hecho, ya se congelaron 158 millones por un programa de digitalizaci¨®n de empresas. El plazo final para pedirlos antes de que se pierdan ser¨ªa mediados de 2026. Y en todo caso, el Gobierno tiene el as en la manga de pedir los fondos y, a la vez, solicitar una revisi¨®n t¨¦cnica que permita cumplir de otra forma. Eso s¨ª: tendr¨ªa que justificarse. Esta revisi¨®n ya se hizo en el anterior pago y se ha pactado con otros pa¨ªses. Adem¨¢s, la Comisi¨®n tiene la urgencia de demostrar que los fondos han sido un ¨¦xito y siempre puede abrir la mano: por ejemplo, ya dio por v¨¢lida la aprobaci¨®n del decreto ley para reformar el subsidio de paro sin que este se hubiera convalidado en Cortes. Y eso abrir¨ªa la puerta a aprobarlas por reales decretos leyes.

Pero esto no evita que haya que convalidarlas para que Europa luego no reclame de vuelta el dinero. Junts podr¨ªa exigir contraprestaciones por cada ley. Y algunas presentan dificultades de por s¨ª. En el caso de la reforma fiscal, el Gobierno est¨¢ intentando evitar subidas de impuestos basadas en las recomendaciones de los expertos. Asegura que ya ha hecho suficiente y espera no tener que cumplir con este hito. Pero aun as¨ª, la nueva Comisi¨®n probablemente presionar¨¢ para que Espa?a adopte alguna iniciativa que ayude a reducir el d¨¦ficit p¨²blico.

El proyecto de ley de movilidad sostenible lleva tiempo atascado en el Congreso. Esta ya se negoci¨® con Bruselas para retrasarla del quinto al s¨¦ptimo desembolso y para suprimir los peajes en las carreteras. Pero los socios siguen poniendo problemas. Por ejemplo, ERC pidi¨® en septiembre que se cubriera parte del coste del transporte urbano. Y el PP ha planteado una enmienda a la totalidad que se discute este martes.

La ley de familias decay¨® con el adelanto electoral y se ha vuelto a enviar a Cortes con la misma redacci¨®n de la legislatura anterior para evitar retrasos. As¨ª que la intenci¨®n del Ministerio de Derechos Sociales es mejorar el texto en la tramitaci¨®n. La normativa reconoce la diversidad de hogares e incorpora mejoras en su protecci¨®n, equiparando a las familias monoparentales con dos hijos con las numerosas. Su tr¨¢mite es por v¨ªa urgente, aunque contin¨²a abierto el plazo de enmiendas tras prorrogarse 19 veces. Los partidos nacionalistas han manifestado reticencias al considerar que el texto invade competencias. Derechos Sociales explic¨® en febrero que negociar¨ªa con el PSOE para introducir, o bien en los presupuestos o bien a trav¨¦s de enmiendas a esta ley, la extensi¨®n del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y la retribuci¨®n de al menos cuatro semanas del recientemente creado permiso parental de cuidados (ocho semanas para ni?os de hasta ocho a?os).

La ley de servicios sociales ser¨ªa la primera normativa de la democracia en este ¨¢mbito a nivel estatal. Se aprob¨® en primera lectura en enero de 2023, pero no lleg¨® al Congreso por el adelanto electoral. El texto mandataba a las comunidades a acordar con el ministerio un m¨ªnimo de prestaciones com¨²n para todo el territorio y a crear un sistema de informaci¨®n estatal que no existe. Adem¨¢s, pretend¨ªa simplificar el proceso para recibir ayudas de emergencia para familias vulnerables (para comida, ropa o pagar los suministros, por ejemplo) y que en la actualidad pueden demorarse varios meses. Su tramitaci¨®n se prev¨¦ complicada, pues las comunidades ostentan la competencia exclusiva y los partidos nacionalistas ya han advertido de que no permitir¨¢n que el texto se extralimite.

La ley de industria puede tener un camino m¨¢s f¨¢cil, aunque queda desfasada por el informe Draghi y, de nuevo, podr¨ªa tener que pulirse para no invadir competencias auton¨®micas. En justicia, est¨¢ pendiente la de eficiencia organizativa, que el Gobierno cuenta con aprobar en lo que queda de a?o y para la que considera que no tendr¨¢ problemas de aritm¨¦tica parlamentaria. La legislaci¨®n para crear la autoridad del cliente financiero decay¨® con las elecciones y ha vuelto a remitirse al Congreso. Quedan tambi¨¦n modificaciones de la ley de competencia y la ley de inspecci¨®n y sanciones en la pesca, que est¨¢ en consulta p¨²blica. En Sanidad, la ley de equidad del sistema sanitario est¨¢ en tramitaci¨®n parlamentaria. La del estatuto marco se encuentra en negociaciones con los sindicatos. Y la del medicamento saldr¨¢ este trimestre a audiencia p¨²blica.

La mayor¨ªa deber¨ªa haber estado lista antes de finales de 2023, seg¨²n el calendario indicativo pactado con la Comisi¨®n. A principios de a?o, el Gobierno ten¨ªa la intenci¨®n de aprobar el grueso de ellas a lo largo de 2024. Seg¨²n el reglamento comunitario, habr¨ªa que pedir dos veces al a?o pagos de fondos europeos. Pero Espa?a solo solicit¨® uno, el cuarto, en 2023. Lo hizo en diciembre cuando el tercer pago se hab¨ªa pedido en noviembre de 2022. Es decir, el Gobierno se llev¨® m¨¢s de un a?o sin pedir fondos. Y ahora lleva nueve meses desde que solicit¨® en diciembre el ¨²ltimo. Pese a estos retrasos, Espa?a es el pa¨ªs, tras Italia, que m¨¢s fondos ha recibido: unos 48.000 millones.