El sector progresista del Constitucional avalar¨¢ la ley del aborto sin aceptar limitaciones

La mayor¨ªa progresista del Constitucional rechazar¨¢ cualquier limitaci¨®n que quiera realizarse al derecho al aborto en la sentencia que la pr¨®xima semana debatir¨¢ el tribunal. La deliberaci¨®n sobre el recurso que el PP present¨® en 2010 contra la vigente ley de plazos empezar¨¢ en el pleno que el ¨®rgano de garant¨ªas tiene previsto celebrar el pr¨®ximo 7 de febrero. Y ya se han iniciado los contactos preliminares entre los magistrados. A partir de esta semana, los 11 componentes del tribunal comenzar¨¢n a estudiar el borrador de sentencia y a preparar sus intervenciones en la inminente sesi¨®n plenaria. En medios del Constitucional se concede a esta deliberaci¨®n la mayor importancia, porque supondr¨¢ resolver la impugnaci¨®n de una ley que gener¨® en su d¨ªa un intenso debate, pero sobre cuyos puntos esenciales, 12 a?os despu¨¦s, existe actualmente un gran consenso social.

El ponente del fallo, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, ha preferido apurar los plazos y a¨²n no ha hecho entrega de su proyecto de resoluci¨®n al resto de miembros del ¨®rgano de garant¨ªas. Sin embargo, en las conversaciones informales que vienen sosteni¨¦ndose entre los componentes del tribunal, ha quedado claro que todo requisito que quisiera establecerse en la sentencia para dificultar la libre decisi¨®n de la mujer no contar¨¢ con el respaldo de los siete magistrados del sector progresista. En todo caso, es obvio que el tribunal llevar¨¢ a cabo su deliberaci¨®n en funci¨®n del proyecto de fallo que el ponente presente al pleno, lo que implica que cualquier propuesta que realice ser¨¢ objeto de discusi¨®n a fondo.

Ello no obsta, a su vez, para que en la actual mayor¨ªa progresista del tribunal exista una firme determinaci¨®n a favor de declarar la constitucionalidad de la vigente ley de plazos, sin que haya que aceptar contrapartidas por conseguirlo. Dicho grupo desear¨ªa que, tras los 12 a?os y medio de espera para dictar sentencia, el ¨®rgano de garant¨ªas fuera capaz de alcanzar un pacto para resolver la impugnaci¨®n de la ley del aborto con un fallo consensuado. Pero no a cambio de compensaciones forzadas para que la mujer que decida interrumpir su embarazo en los plazos legalmente previstos pueda verse sometida a requisitos o condicionamientos con tr¨¢mites m¨¦dicos o psicol¨®gicos innecesarios, orientados a culpabilizarla o a poner trabas a su libre voluntad. La ley de plazos establece que la mujer puede abortar en las primeras 14 semanas sin ning¨²n requisito.

Si el magistrado Enrique Arnaldo viera ahora rechazado su borrador de resoluci¨®n, podr¨ªa optar por continuar como ponente, asumiendo en su nuevo proyecto la argumentaci¨®n de la mayor¨ªa, o bien renunciar a dicha responsabilidad para que la redacci¨®n de la sentencia pase a un magistrado del sector progresista. En el supuesto de mantener la ponencia, le cabr¨ªa efectuar en paralelo un voto particular en contra para expresar los motivos de su discrepancia.

El magistrado Enrique Arnaldo recibi¨® el encargo de redactar el proyecto de sentencia sobre el recurso contra la ley del aborto en noviembre de 2021, tras el pacto entre el Gobierno y el PP ¡ªentonces presidido por Pablo Casado¡ª para una renovaci¨®n del tribunal que lleg¨® con m¨¢s de dos a?os de retraso. El catedr¨¢tico de derecho constitucional Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano sustituy¨® entonces al exmagistrado del Supremo Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas en la presidencia del ¨®rgano de garant¨ªas, y Arnaldo pas¨® a ocuparse de todos los asuntos que en la etapa anterior hab¨ªan sido responsabilidad del catedr¨¢tico de filosof¨ªa del derecho y exdiputado popular Andr¨¦s Ollero.

La caracter¨ªstica com¨²n a todos ellos era su pertenencia al sector conservador del tribunal. El grupo progresista estaba en minor¨ªa, en una proporci¨®n equivalente, pero inversa a la situaci¨®n actual, en la que el sector conservador est¨¢ integrado por cuatro magistrados, mientras que el grupo entonces minoritario cuenta ahora con siete puestos en el pleno. Desde esta nueva posici¨®n de mayor¨ªa, los progresistas ya no tienen la preocupaci¨®n de verse obligados a concesiones a cambio de salvar lo esencial de la legislaci¨®n vigente sobre el aborto, es decir, a permitir la aprobaci¨®n de requisitos o limitaciones al derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo para lograr que siguiera en pie el sistema de plazos.

En principio, ese esquema de negociaci¨®n sobre la sentencia relativa al recurso del PP estuvo sobre la mesa durante varios meses. Trevijano hab¨ªa encargado a Arnaldo que tuviera preparado su proyecto de fallo en la primavera de 2022, unos seis meses despu¨¦s de heredar todos los asuntos de Ollero. El nuevo ponente cumpli¨® lo acordado con el entonces presidente del tribunal y tuvo listo su borrador de sentencia el pasado mes de abril. Pero no lo envi¨® al resto de magistrados. Trevijano y Arnaldo consideraron conveniente volver a frenar la deliberaci¨®n de ese proyecto ante la proximidad de la renovaci¨®n del tribunal, que debi¨® haberse producido en junio del a?o pasado.

En aquella decisi¨®n tuvo un gran peso, como raz¨®n de fondo, la previsible dificultad en aunar criterios sobre la constitucionalidad de la ley del aborto. El grupo conservador se hallaba dividido, porque si bien algunos de sus integrantes estaban dispuestos a aceptar el sistema de plazos ¡ªeso s¨ª, con requisitos y limitaciones¡ª, en el tribunal se daba por hecho que una sentencia que lo avalase supondr¨ªa tambi¨¦n un debate intenso y varios votos en contra.

Trevijano habl¨® del asunto con el entonces vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, quien coincidi¨® en el criterio de que hab¨ªa que evitar la reproducci¨®n de las tensiones provocadas en el tribunal por las sentencias que declararon la inconstitucionalidad de los decretos sobre el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del covid-19. Para el sector progresista, el nuevo retraso en dictar el fallo sobre la ley del aborto era un mal menor, porque mientras tanto segu¨ªa vigente la ley de plazos.

Como resultado de todo ello, el proyecto de sentencia se qued¨® en un caj¨®n. Trevijano y Xiol prefirieron dejar la responsabilidad de decidir sobre este asunto a sus sucesores, es decir, a un tribunal renovado y al inicio de su per¨ªodo de gesti¨®n, y no en manos de un Constitucional que estaba a punto de caducar, en el que iban a ser relevados cuatro magistrados, entre ellos el presidente y el vicepresidente. En el grupo conservador nadie levant¨® la voz contra aquella decisi¨®n. La idea de volver a abrir una crisis en el tribunal deshizo cualquier tentaci¨®n de embarcarse en la discusi¨®n sobre la ley del aborto, m¨¢xime ante la evidencia de que ¡ªcomo ahora ha confirmado su presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o¡ª el partido que la recurri¨®, el PP, hab¨ªa asumido la legalidad constitucional del sistema de plazos. Dicho cambio de criterio con respecto al recurso inicial ya hab¨ªa quedado de manifiesto, de hecho, al no haber procedido los populares a la derogaci¨®n de la ley durante los a?os en que pudieron hacerlo por contar con mayor¨ªa absoluta.

En ese per¨ªodo, con Mariano Rajoy como presidente, el PP solo reintrodujo en la ley la obligatoriedad del permiso paterno para la pr¨¢ctica del aborto por parte de las gestantes comprendidas entre los 16 y los 18 a?os. El recurso hab¨ªa cuestionado que en la ley sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo no figurase esta cl¨¢usula. Pero el hecho de que se aprobase su restablecimiento hace ahora innecesario que la sentencia que se dicte contemple este punto, por p¨¦rdida de objeto. La nueva ley sobre el aborto, en fase de debate parlamentario, volver¨¢ a eliminar la obligatoriedad de dicho permiso paterno. Ser¨¢ entonces cuando eventualmente esta nueva disposici¨®n podr¨ªa ser recurrida. En cualquier caso, lo que en el propio tribunal se considera muy probable es que la sentencia sobre la ley del aborto tenga algunos votos en contra procedentes del grupo conservador, aunque tal vez no de los cuatro magistrados que lo integran.