Consumo investiga a inmobiliarias que cobran comisiones ilegales por el alquiler de viviendas

El Gobierno ha puesto bajo la lupa a varias agencias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales en el alquiler de viviendas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigaci¨®n tras detectar una serie de pr¨¢cticas abusivas sobre los inquilinos, como el cobro de comisiones por la gesti¨®n de arrendamientos, la imposici¨®n de contratos temporales sin justificaci¨®n legal y la inclusi¨®n de cl¨¢usulas abusivas.

La Direcci¨®n General de Consumo, el organismo que formalmente ha impulsado la investigaci¨®n, recibi¨® varias denuncias desde el sector inmobiliario, y ha detectado estas pr¨¢cticas en empresas que operan en todo el territorio espa?ol, aunque no detalla los nombres de las agencias ni el n¨²mero de ellas que est¨¢n siendo investigadas. Fuentes cercanas al proceso indican que algunas de las infracciones observadas podr¨ªa calificarse de graves, lo que conllevar¨ªa sanciones de 100.000 euros, e incluso de muy graves, lo que supondr¨ªa multas de un mill¨®n de euros.

Uno de los principales motivos de denuncia es que algunas agencias est¨¢n trasladando de manera ilegal los costes de gesti¨®n y formalizaci¨®n del contrato a los inquilinos, una pr¨¢ctica que va en contra de la Ley del Derecho a la Vivienda, la cual proh¨ªbe expresamente este tipo de cargos. El pasado mes de febrero, la Direcci¨®n General de Consumo ya hab¨ªa notificado a diferentes inmobiliarias que no pueden cobrar una comisi¨®n por sus servicios a los inquilinos. El organismo hab¨ªa recibido informaci¨®n sobre algunas compa?¨ªas que cobraban a los inquilinos una comisi¨®n equivalente a un mes de alquiler de la vivienda m¨¢s un 21% de IVA.

En redes sociales, incluso se han viralizado en los ¨²ltimos meses otro tipo de abusos por parte de algunas inmobiliarias que cobran por el solo hecho de visitar un piso en alquiler, algo que muchos deciden pagar por la gran demanda y poca oferta de alquiler existente.

Adem¨¢s, Consumo ha detectado el uso indebido de contratos de alquiler temporal sin la debida justificaci¨®n legal y que contraviene la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta normativa protege a los inquilinos garantizando contratos de larga duraci¨®n, salvo en circunstancias claramente justificadas.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerdan que la vivienda es un derecho fundamental, y que la inclusi¨®n de cl¨¢usulas abusivas o cualquier pr¨¢ctica que atente contra los derechos de los inquilinos viola tanto la LAU como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estas leyes contemplan sanciones significativas por la imposici¨®n injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, la realizaci¨®n de pr¨¢cticas comerciales desleales y la introducci¨®n de cl¨¢usulas abusivas en los contratos.

En ese sentido, las dos primeras infracciones podr¨ªan calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudi¨¦ndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio il¨ªcito obtenido. La tercera infracci¨®n, podr¨ªa calificarse como muy grave y ser sancionada con multas hasta un mill¨®n de euros, e igualmente se puede sobrepasar esa cifra hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio obtenido. Una pr¨¢ctica usual y que entrar¨ªa en este tipo de abusos es pedir al futuro inquilino el adelanto de varios meses de renta por adelantado, cuando por ley solo se puede exigir el pago de un mes en adelanto. En la inmensa mayor¨ªa de casos, el inquilino no tiene opci¨®n y paga o se queda sin piso.

Consumo reitera su compromiso con la protecci¨®n de los derechos de los inquilinos y el acceso justo a la vivienda. Adem¨¢s, ha explicado que ya se han llevado a cabo programas informativos con las agencias inmobiliarias para prevenir este tipo de abusos, abordando temas como el cobro de fianzas desproporcionadas, la imposici¨®n de garant¨ªas adicionales, o la mencionada exigencia de mensualidades por adelantado. Tambi¨¦n se les ha informado sobre los cambios normativos que proh¨ªben el cobro de comisiones a los interesados en alquilar una vivienda, por lo que deber¨ªan conocer que estas pr¨¢cticas est¨¢n prohibidas.

El problema del acceso a la vivienda, una situaci¨®n que sufren especialmente los inmigrantes y j¨®venes, deriv¨® en una manifestaci¨®n masiva en Madrid el pasado 13 de octubre, en la que el sindicato de inquilinas e inquilinos relanz¨® la propuesta de una huelga de pagos del alquiler. Pese a la dificultad de llevar a cabo una acci¨®n de este tipo que podr¨ªa derivar en el desahucio de miles de personas, el sindicato triplic¨® el n¨²mero habitual de asistentes en su primera asamblea posmanifestaci¨®n.

Pisos tur¨ªsticos que operan sin licencia

Desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy aseguran que la protecci¨®n del derecho de acceso a una vivienda es una l¨ªnea prioritaria y que en el marco de sus competencias har¨¢n lo posible por garantizar este derecho y acabar con las pr¨¢cticas abusivas que sufren los inquilinos. En esta l¨ªnea, las mismas fuentes destacan la investigaci¨®n abierta tambi¨¦n por el ministerio contra la publicidad de los pisos tur¨ªsticos que operan sin licencia.

Este a?o el ministerio ya inici¨® una investigaci¨®n con el objetivo de que las plataformas de anuncios de viviendas tur¨ªsticas (como Airbnb, aunque no mencionaba la compa?¨ªa de forma expresa) le env¨ªen informaci¨®n sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que, de acuerdo con los datos que se ofrecen incluso en canales oficiales, se est¨¢n publicitando m¨¢s pisos de los que tienen licencia.

Para enfrentar esta situaci¨®n, la semana pasada el Ejecutivo present¨® en el Consejo de Ministros un real decreto que busca agilizar la regulaci¨®n y combatir el fraude en los alquileres tur¨ªsticos. Este decreto regular¨¢ dos aspectos fundamentales: la justificaci¨®n de la temporalidad en los contratos de alquiler de corta estancia, y la creaci¨®n de un registro ¨²nico para las viviendas de alquiler tur¨ªstico de corta duraci¨®n.

Este registro, denominado Ventanilla ?nica Digital de Arrendamientos, ser¨¢ de obligatorio para todas las viviendas de alquiler vacacional en Espa?a. Cada vivienda que desee publicitarse en plataformas digitales deber¨¢ estar inscrita en este registro y obtener un n¨²mero de identificaci¨®n. Sin este n¨²mero, la vivienda no podr¨¢ ser anunciada en sitios web ni aplicaciones, lo que limitar¨¢ la proliferaci¨®n de anuncios ilegales.

El Colegio de Registradores jugar¨¢ un papel clave en este proceso, ya que ser¨¢n los encargados de verificar que las viviendas cumplan con los requisitos establecidos por las normativas auton¨®micas y municipales. Adem¨¢s, comprobar¨¢n si las propiedades cuentan con la licencia necesaria para ser ofertadas a turistas. Con este sistema, el Gobierno busca frenar el alquiler ilegal y tambi¨¦n apoyar a las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos en la supervisi¨®n y control de esta actividad, ya que las administraciones locales son quienes tienen estas competencias.

El objetivo del Ministerio es que este nuevo sistema entre en funcionamiento a lo largo de 2025, aunque se contempla un periodo de pruebas previo para garantizar la correcta implementaci¨®n y su seguridad jur¨ªdica. Esta iniciativa pretende poner fin a la falta de transparencia y descontrol en el mercado de alquiler tur¨ªstico, ofreciendo un marco normativo m¨¢s claro que proteja tanto a los inquilinos como a los propietarios, y garantice el cumplimiento de las leyes vigentes.