Consumo abre una investigaci¨®n a las plataformas de alquiler tur¨ªstico por anunciar pisos sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigaci¨®n a las plataformas de anuncios de viviendas tur¨ªsticas. El departamento que encabeza Pablo Bustinduy quiere que estas empresas le env¨ªen informaci¨®n sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que, de acuerdo con los datos que se ofrecen incluso en canales oficiales, se est¨¢n publicitando m¨¢s pisos de los que tienen licencia. Seg¨²n informaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S, la Direcci¨®n General de Consumo ya ha enviado esos requerimientos, puesto que considera que estas plataformas podr¨ªan estar incurriendo en pr¨¢cticas desleales sancionables en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Esa es la norma que el Gobierno cambi¨® en 2022, siendo entonces ministro Alberto Garz¨®n, para ganar competencias y capacidad sancionadora en materia de Consumo. Y es la misma en la que se bas¨® el ministerio para poner la semana pasada una sanci¨®n r¨¦cord de 150 millones a cuatro aerol¨ªneas por cobrar el equipaje de mano y otras pr¨¢cticas comerciales que lesionan los derechos de los consumidores desde el punto de vista del Ejecutivo.

En este caso, el procedimiento est¨¢ todav¨ªa en fase inicial. De acuerdo con las fuentes del ministerio consultadas, el requerimiento se ha enviado a ¡°las principales plataformas¡±. Se refieren a empresas como AirBnB, el sitio de anuncios de arrendamiento temporal m¨¢s famoso, aunque en el entorno ministerial, como en el caso de las aerol¨ªneas, no se?alan el nombre de ninguna compa?¨ªa en concreto. En esta ocasi¨®n, ni siquiera se?alan cu¨¢ntas son las investigadas.

Entre la informaci¨®n que se les ha requerido, el ministerio les pide que identifiquen a los arrendadores de los pisos tur¨ªsticos que se anuncian en sus aplicaciones y webs, as¨ª como si los propietarios de esos inmuebles disponen de las licencias pertinentes. Estos permisos var¨ªan entre comunidades aut¨®nomas (que son las que tienen las competencias exclusivas en Turismo) y tambi¨¦n entre ayuntamientos (que tienen competencias urban¨ªsticas y en ocasiones tambi¨¦n han regulado sobre la cuesti¨®n). A principios de a?o, por ejemplo, la oposici¨®n municipal en Madrid denunci¨® que en la ciudad solo hab¨ªa unos 300 pisos con los permisos adecuados para alquilarse a visitantes ocasionales. Pero el propio recuento del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, que se basa en la oferta publicada en varias p¨¢ginas especializadas, se?alaba en el ¨²ltimo rastreo que en la capital hay unos 16.000 apartamentos vacacionales. El Ayuntamiento de Madrid, que ha pospuesto cambios regulatorios hasta el pr¨®ximo a?o, anunci¨® recientemente un listado de viviendas que cumplen la legalidad.

La situaci¨®n descontrolada de los apartamentos tur¨ªsticos es una de las que, seg¨²n muchos expertos, incide sobre los problemas generales de acceso a la vivienda en Espa?a. No obstante, la v¨ªa que ha encontrado el ministerio de Bustinduy para estudiar posibles infracciones se basa en la lesi¨®n de derechos de los consumidores. Las fuentes consultadas en el departamento apuntan, en concreto, al art¨ªculo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este se?ala las condiciones que deben respetar las empresas que comercializan servicios o bienes, como es el caso de las plataformas de vivienda tur¨ªstica, para cumplir con la normativa. Uno de los puntos, por ejemplo, se refiere a ¡°la obstrucci¨®n o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de informaci¨®n, vigilancia o inspecci¨®n¡±. En el caso de sanciones graves, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros.

La mayor¨ªa de consistorios en las grandes ciudades espa?olas disponen de inspectores para vigilar los pisos tur¨ªsticos, aunque se trata de servicios modestos en comparaci¨®n con la abultada oferta. El Ayuntamiento de Barcelona, uno de los m¨¢s activos, mantiene precisamente desde hace a?os un contencioso con AirBnB a cuenta de la exigencia de que esta plataforma verifique que los anuncios incluyen el n¨²mero de licencia administrativa que acredita que son apartamentos vacacionales.

Desde el ¨¢mbito de la Vivienda, el Gobierno anunci¨® el pasado diciembre la apertura de un grupo interministerial para estudiar posibles medidas en materia de alquiler tur¨ªstico. En ese grupo nunca ha participado el Ministerio de Consumo, aunque fuentes del Gobierno se?alan que Bustinduy (que forma parte del Ejecutivo de coalici¨®n por la parte de Sumar) y la titular de Vivienda, Isabel Rodr¨ªguez (del ala socialista), s¨ª han hablado sobre este tema en varias ocasiones y el ministro ya asegur¨® en una entrevista en La Vanguardia, la pasada semana, su intenci¨®n de ¡°perseguir la publicidad de las viviendas tur¨ªsticas ilegales¡±. Rodr¨ªguez reuni¨® recientemente una conferencia sectorial de Vivienda y al t¨¦rmino de ese encuentro con las comunidades aut¨®nomas anunci¨® que adelantar¨ªa a 2025 la puesta en marcha del nuevo reglamento europeo. Este prev¨¦ la creaci¨®n de una plataforma estatal donde se recojan los datos y la normativa que afecta a todos los alojamientos tur¨ªsticos. En dicha soluci¨®n participa el Ministerio de Turismo pero no el de Consumo, que ahora cree haber encontrado otra v¨ªa, basada en su capacidad sancionadora, para combatir la oferta ilegal de apartamentos tur¨ªsticos.

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