El modelo vasco: prohibido especular con la vivienda p¨²blica

La pol¨ªtica de vivienda en el Pa¨ªs Vasco dio un giro completo en 2015, cuando el Parlamento auton¨®mico instituy¨® el derecho subjetivo de acceso a la vivienda y se articularon medidas p¨²blicas para intentar convertir esta en un bien social y no en un producto mercantil. Euskadi gestiona la competencia de vivienda desde 1981 y en estas m¨¢s de cuatro d¨¦cadas han sido construidos 119.000 pisos de protecci¨®n oficial (VPO), de los cuales una tercera parte han sido promovidos directamente por el Gobierno vasco. Pero desde 2003 hay un elemento distintivo: todas las viviendas VPO de nueva construcci¨®n mantienen esa calificaci¨®n a perpetuidad; es decir, no pueden convertirse en ning¨²n momento en casas de precio libre. Este es uno de los grandes hitos que ha permitido que dos de cada tres de las 75.000 viviendas de protecci¨®n oficial existentes hoy en el Pa¨ªs Vasco nunca podr¨¢n ser usadas para la especulaci¨®n inmobiliaria.

La promulgaci¨®n de ley vasca de vivienda en 2015 supuso un paso de gigante al reconocer el ¡°derecho subjetivo de los ciudadanos a una vivienda digna¡±, estableciendo ayudas para quienes carecen de los recursos econ¨®micos para acceder a ella. Fue una conquista parlamentaria de la oposici¨®n (se aprob¨® con el apoyo del PSE-EE, EH Bildu y UPyD) frente al entonces Gobierno monocolor del PNV, que vot¨® en contra junto al PP. Tras su entrada en vigor, todas las viviendas promovidas desde 2020 por el Gobierno vasco y sus sociedades p¨²blicas (Visesa y Alokabide) son en r¨¦gimen de alquiler.

El derecho subjetivo a la vivienda implica que, en el Pa¨ªs Vasco, cualquier ciudadano con ingresos anuales ponderados inferiores a 19.000 euros puede acceder a una vivienda p¨²blica en alquiler o bien recibir de la Administraci¨®n una ayuda econ¨®mica ¡ªde hasta 300 euros mensuales¡ª para costear la renta que paga en el mercado libre. En 2023 estas l¨ªneas de auxilio econ¨®mico supusieron una inversi¨®n de m¨¢s de 95 millones de euros y beneficiaron a 33.544 hogares. ¡°La vivienda es hoy una verdadera emergencia social¡±, proclam¨® recientemente en el Parlamento el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso. ¡°Las soluciones pasan por aumentar la oferta e impulsar medidas innovadoras que favorezcan la contenci¨®n de los precios¡±, a?adi¨®. De hecho, y a pesar de las pol¨ªticas impulsadas, el acceso a la vivienda est¨¢ en el tercer puesto en la lista de preocupaciones de los ciudadanos vascos, seg¨²n el Soci¨®metro de este a?o, cuando hace una d¨¦cada estaba en el cuarto.

Entre las ¡°medidas innovadoras¡± puestas en pr¨¢ctica por el Gobierno vasco en los ¨²ltimos diez a?os, en colaboraci¨®n con otras instituciones concernidas, est¨¢n los alquileres sociales, las ayudas econ¨®micas para el pago de la renta, la captaci¨®n de pisos vac¨ªos, las bonificaciones fiscales, la rehabilitaci¨®n de edificios, la atenci¨®n preferente a la emancipaci¨®n de los j¨®venes o los acuerdos con los ayuntamientos para segregar grandes residencias y convertir locales en viviendas. Adem¨¢s, los ayuntamientos est¨¢n obligados por ley a reservar el 40% del suelo urbano y el 75% del urbanizable a la construcci¨®n de vivienda protegida.

Jos¨¦ Fran Cid, ge¨®grafo y experto en movilidad y ordenaci¨®n del territorio, sostiene que las medidas que se est¨¢n aplicando en Euskadi en materia de vivienda van ¡°en la buena direcci¨®n¡±, pero precisa que ¡°el problema es tan grande que no se est¨¢ consiguiendo atajar la carest¨ªa de la vivienda¡±. ¡°No est¨¢n teniendo un efecto pr¨¢ctico en el control de los precios de mercado¡±, asegura. Y a?ade un factor que es ¡°clave¡±: ¡°Las viviendas tur¨ªsticas est¨¢n sustrayendo pisos al parque residencial. A un propietario le resulta m¨¢s rentable esta f¨®rmula tur¨ªstica que la cesi¨®n del piso para fines sociales. Los planes de choque que se est¨¢n aplicando compiten con unas sinergias muy fuertes del mercado inmobiliario¡±. Entre las voces discordantes con la versi¨®n oficial est¨¢ la de la presidenta de la patronal guipuzcoana Adegi, Isabel Busto, quien advierte de que ¡°la falta de vivienda est¨¢ afectando ya a la atracci¨®n de trabajadores a Gipuzkoa¡±.

En 2022 se alcanz¨® en el Pa¨ªs Vasco el denominado ¡°pacto social por la vivienda¡±, en el que est¨¢n implicados cerca de 90 agentes sociales (Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, organizaciones sociales, promotores, entidades financieras¡­). A finales de este a?o se prev¨¦ crear, v¨ªa decreto, un foro permanente donde estar¨¢n representados todos ellos y que se encargar¨¢ de lograr los objetivos fijados para los pr¨®ximos 12 a?os: duplicar las viviendas en alquiler asequible hasta llegar a 50.000, aumentar en un 50% las viviendas protegidas ¡ªpasando de las 75.000 actuales a 116.000¡ª y duplicar el ritmo de rehabilitaci¨®n de edificios para llegar a las 350.000 casas reformadas en 2035.

Euskadi dispone actualmente de un parque p¨²blico en alquiler de 28.000 viviendas. Al mismo tiempo, incentiva la movilizaci¨®n de pisos vac¨ªos, principalmente desde el programa Bizigune, cuyo objetivo es sacar al mercado en r¨¦gimen de alquiler protegido aquellos pisos de ciudadanos particulares que est¨¢n deshabitados. Bizigune ha conseguido hasta agosto pasado 7.376 viviendas para ese fin. El propietario pone su piso a disposici¨®n de la sociedad p¨²blica Alokabide y esta lo adjudica a un solicitante con el compromiso de garantizar al due?o el pago puntual de la renta mensual y de devolver la residencia ¡°en condiciones adecuadas¡± al terminar el contrato.

El Gobierno de coalici¨®n del PNV y PSOE aprob¨® tambi¨¦n en junio de 2021 un decreto que penaliza a los due?os de viviendas desocupadas ¡°de forma injustificada¡± con el pago de un canon anual (10 euros por metro cuadrado construido) o imponi¨¦ndoles el alquiler forzoso o la expropiaci¨®n. El objetivo es que esos pisos se pongan a disposici¨®n de las familias inscritas en Etxebide (servicio vasco de vivienda). En la actualidad hay 75.998 familias que han solicitado un piso en alquiler protegido. En torno al 70% (unas 53.000) habitan en viviendas de alquiler de precio libre, aunque la mayor¨ªa de estas (33.544) reciben la prestaci¨®n p¨²blica de hasta 300 euros para abonar la renta, seg¨²n datos del Departamento de Vivienda.

Prioridad: la emancipaci¨®n

El acceso de los menores de 36 a?os a la vivienda se ha convertido en una prioridad gubernativa. ¡°Esta problem¨¢tica es un clamor social¡±, dice el consejero Itxaso, ¡°y darle respuesta es nuestro desaf¨ªo¡±. En 2019 se cre¨® el programa Gaztelagun, destinado a favorecer la emancipaci¨®n juvenil mediante ayudas directas para el pago de los alquileres. Hoy, 7.660 personas con rentas bajas y medias-bajas reciben esta ayuda de hasta 300 euros mensuales, que se mantiene hasta que cumplen los 36 a?os. En total, 11.065 han disfrutado en alg¨²n momento de ella.

En febrero de este a?o se lanz¨®, adem¨¢s, el programa Emanzipa para el sector de j¨®venes de entre 25 y 29 a?os, que ya tiene 6.000 beneficiarios que reciben tambi¨¦n un m¨¢ximo de 300 euros al mes para pagar el alquiler o el pr¨¦stamo por la compra de una vivienda. Y para personas de entre 18 y 36 a?os existe, por otro lado, la figura de los alojamientos dotacionales, como el que se inaugur¨® este a?o en Azpeitia (Gipuzkoa), donde un antiguo convento de monjas ha sido reformado para albergar estudios o minipisos de una o dos habitaciones. Una medida en la misma direcci¨®n consiste en reservar el 50% de todas las promociones de vivienda p¨²blica protegida en alquiler a los menores de 36 a?os.

Otra l¨ªnea de actuaci¨®n va dirigida a la rehabilitaci¨®n de edificios, que en 2023 supuso un coste de 36 millones y este ejercicio llegar¨¢ a los 44 millones. ¡°Tenemos el parque m¨¢s antiguo de edificios de Europa del sur, con cerca del 50% de nuestro parque residencial (90.000 edificios) construido antes de 1961¡å, hace constar Itxaso.

El Gobierno vasco est¨¢ animando a los ayuntamientos con problemas de saturaci¨®n residencial (aquellos en los que hay poca oferta de vivienda y los precios est¨¢n disparados) a que soliciten su declaraci¨®n como zonas tensionadas, lo que, en aplicaci¨®n de la ley estatal de vivienda, permitir¨¢ poner tope a los precios del alquiler privado. Errenteria es la primera que va a recibir esta calificaci¨®n en Euskadi. Ya lo han solicitado Zumaia y Galdakao, y se espera que pr¨®ximamente lo hagan Irun, Lasarte-Oria y San Sebasti¨¢n. Hay 43 municipios vascos (que acogen al 68% de la poblaci¨®n, en torno a 1,5 millones de personas) que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas.

Las tres capitales vascas y sus respectivas ¨¢reas metropolitanas son las que sufren de forma m¨¢s acusada la falta de vivienda. Datos recientes sit¨²an el precio del alquiler de un piso de 70 metros cuadrados en 1.300 euros mensuales en San Sebasti¨¢n (1.080 en Bilbao y 880 euros en Vitoria). El Gobierno vasco se propone movilizar todo el suelo disponible para construir pisos protegidos, adem¨¢s de promover la actualizaci¨®n de las ordenanzas municipales que permita dividir las grandes viviendas, convertir los locales en hogares o trasladar las actividades que se realizan en casas particulares a locales comerciales.