Crisis de Muface: DKV pide un 40% m¨¢s, Asisa acude a la llamada del Gobierno y Adeslas calla

Tic, tac, tic, tac... El reloj de Muface sigue avanzando. El convenio por el cual 1,53 millones de empleados p¨²blicos y familiares tienen derecho a elegir cada a?o entre sanidad p¨²blica o concertada vence el 31 de diciembre. El Ministerio de Funci¨®n P¨²blica trata de maniobrar, despu¨¦s de que el primer intento de licitaci¨®n para un nuevo convenio 2025-2026 quedara desierto hace un mes, pese a poner el Gobierno una mejora del 17% encima de la mesa. Tras este desplante, el departamento que dirige ?scar L¨®pez ha realizado una consulta entre las aseguradoras interesadas para que transmitan qu¨¦ primas estar¨ªan dispuestas a cobrar para seguir ofreciendo esta atenci¨®n m¨¦dica.

El plazo acababa el mi¨¦rcoles 4 de diciembre y las respuestas han ido llegando: DKV solo seguir¨¢ si hay una renovaci¨®n al alza del 40,3% y el convenio solo tiene un a?o de vigencia. Asisa se ha mostrado m¨¢s conciliadora, aunque no ha trasladado el importe exacto por el que aceptar¨ªa acudir al nuevo concierto. Por ¨²ltimo, SegurCaixa Adeslas prefiere callar y ni siquiera confirma si ha presentado su propuesta, aunque el sector da por hecho que s¨ª que lo ha hecho.

La premura de los tiempos cada vez es m¨¢s evidente. Adeslas, Asisa y DKV son las ¨²nicas compa?¨ªas de seguros que segu¨ªan dando servicio a Muface (Mapfre, Sanitas o Caser hace a?os que ni siquiera se presentan). Ante su negativa a continuar, las tres tienen la obligaci¨®n de seguir ofreciendo cobertura m¨¦dica a los funcionarios hasta el 31 de enero de 2025. M¨¢s all¨¢, el Ministerio de Funci¨®n P¨²blica se plantea utilizar la figura de la pr¨®rroga forzosa del servicio, para extenderlo hasta finales de septiembre. Esto podr¨ªa desencadenar una batalla legal entre el Ejecutivo y las entidades, que ya se est¨¢n pertrechando legalmente.

El sector lleva a?os diciendo que este concierto p¨²blico est¨¢ infrafinanciado. Las tres aseguradoras participantes en el vigente convenio calculan que han perdido 600 millones de euros en estos tres ejercicios. Y han dicho basta. La fuerte inflaci¨®n de 2022 y 2023, unida al mayor uso de servicios m¨¦dicos y al envejecimiento del colectivo cubierto por Muface han llevado a las entidades a considerar ¡°totalmente insuficiente¡± la mejor¨ªa del 17% propuesta. Esto se traduc¨ªa en una propuesta de pago a las aseguradoras de 1.337 millones de euros en 2025 y otros 1.344 millones de euros para 2026. Y ni por esas.

Ahora le toca mover ficha a Funci¨®n P¨²blica, que lanzar¨¢ una licitaci¨®n expr¨¦s para intentar arreglar la situaci¨®n antes de final de a?o. Los plazos son muy ajustados, por lo que se da por hecho que esta misma semana se publicar¨¢ la propuesta en la plataforma de contrataci¨®n p¨²blica.

Mientras, la presi¨®n en torno a Muface no deja de aumentar. Por un lado, sindicatos de profesores (que son el 66% de los mutualistas), funcionarios de prisiones, polic¨ªas nacionales e inspectores de Educaci¨®n han convocado movilizaciones el 11 de diciembre. Por otra, desde el Ministerio de Sanidad (controlado por Sumar) se insiste en desmantelar esta f¨®rmula de colaboraci¨®n p¨²blico-privada y que mutualistas y familiares pasen a estar atendidos exclusivamente por el sistema nacional de salud.

Dentro de la derivada pol¨ªtica de este conflicto, quienes tendr¨ªan que asumir la avalancha de nuevos pacientes ser¨ªan las Comunidades Aut¨®nomas, en muchas de las cuales las listas de espera ya est¨¢n a rebosar. Los consejeros de salud de Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Extremadura o Madrid ya han mostrado su preocupaci¨®n y han llamado al Gobierno a hacer un esfuerzo para que pueda mantenerse la situaci¨®n actual.

Entre las opciones que baraja Funci¨®n P¨²blica para el nuevo convenio es que se obligue a los funcionarios a elegir ¡°de una vez y para siempre¡± si quieren que Muface les ofrezca atenci¨®n sanitaria p¨²blica o concertada a trav¨¦s de aseguradoras. Tambi¨¦n barajan que el plazo del concierto sea de tres a?os, aunque DKV lo rechaza de plano porque las posibles p¨¦rdidas futuras hasta 2027 se las tendr¨ªa que anotar contra la cuenta de resultados de 2024.

En paralelo al concierto de Muface, el ministerio de Justicia ha lanzado un convenio similar para sus empleados p¨²blicos, a trav¨¦s de la mutualidad Mugeju (91.000 beneficiarios), y el de Defensa el suyo para militares y guardias civiles (560.000 personas). Sanitas y Mapfre, que a¨²n daban servicio a estos colectivos, han decidido no presentarse. Adeslas y Asisa s¨ª que han acudido, pero un tribunal administrativo ha acordado suspender el proceso de adjudicaci¨®n. En total, hay casi 2,2 millones de servidores p¨²blicos que no saben si en un a?o podr¨¢n seguir acudiendo a su m¨¦dico privado de siempre o tendr¨¢n que empezar a ir a un centro de salud o un hospital p¨²blico.