La vivienda lucha contra el tiempo

Bienvenido el inter¨¦s de todos por la vivienda. Sobre todo por la protegida (a precio simb¨®lico) y la asequible (moderado). Muchos lamentan que todo llegue tarde. Tienen raz¨®n. Por causa vegetativa, desde que alguien otea un suelo a construir, hasta que sus habitantes estrenan las llaves del piso, pasa demasiado tiempo. A?os, en largas fases de un complejo proceso administrativo-urban¨ªstico-financiero-constructivo.

Puede reducirse. A ello apuntan las iniciativas de la Generalitat de Catalu?a, en octubre. O las de esta semana, en la que el Gobierno ha lanzado un plan (casi) integral de vivienda, atento sobre todo a la urgencia del alquiler, donde radica el nudo del acceso al techo. Tambi¨¦n el PP ha entrado en materia, en un escueto y gen¨¦rico dec¨¢logo priorizando las ayudas fiscales a la nueva propiedad: para menos, y que est¨¢n en mejor situaci¨®n.

La lucha de la vivienda contra el tiempo no se libra solo ante exigencias urban¨ªsticas y constructivas. Tambi¨¦n ante el ritmo legislativo. La actual Ley de Vivienda rige desde mayo de 2023. Pero su proyecto se aprob¨® en febrero de 2022. Y en buena parte ha estado paralizada hasta el 21 de mayo de 2024.

En parte. Cierto que ya se aplicaba en algunas comunidades (Catalu?a, y luego Navarra, Euskadi y Asturias) su cap¨ªtulo de ¡°intervencionismo constrictivo¡±, el tope de precios, de resultado no contundente. As¨ª como, incluso desde antes de la ley, bastantes alivios y ayudas p¨²blicas de ¡°intervencionismo social paliativo¡±, a las que se refirieron el presidente Pedro S¨¢nchez y la ministra Isabel Rodr¨ªguez el pasado lunes: el bono-alquiler (para 66.000 j¨®venes), el apoyo a la rehabilitaci¨®n (3.000 millones), las ayudas a vulnerables (3.600 millones), la eliminaci¨®n de las golden visa (a extranjeros que recalientan el mercado), los l¨ªmites a pisos tur¨ªsticos y de temporada, y las moratorias a desahucios.

Pero un episodio evitable se erigi¨® en bloqueo retardatario a su parte m¨¢s prometedora: la reconstrucci¨®n de un parque p¨²blico de viviendas en alquiler (con los criterios de zona tensionada y los porcentajes de vivienda protegida), la clave del ¡°intervencionismo de est¨ªmulo¡±. El Ejecutivo andaluz (PP) arguy¨® que la Administraci¨®n General del Estado carece de competencias, la recurri¨® al Tribunal Constitucional. Este la valid¨® en gran parte, el pasado 21 de mayo. Desde entonces, el Gobierno ha vuelto a ser actor sustantivo (no el ¨²nico) en vivienda.

Y eso ha desembocado en el cogollo de propuestas de ahora. P¨²blicas (dos millones de metros cuadrados del Estado, para VPO); p¨²blico-privadas (un PERTE con recursos europeos); y de apoyo a los privados (financiaci¨®n a empresas que construyan con m¨®dulos industriales, acortando per¨ªodos). Todo eso garantizando la permanencia (o retorno) de las viviendas promovidas p¨²blica o consorciadamente como propiedad colectiva. No sea que volvamos a privatizar a fondos buitre m¨¢s de dos millones de pisos, como hicieron hace no tanto gentes reaccionarias a jam¨¢s imitar.