El alquiler de vivienda se la juega en Espa?a

Inquilinos y propietarios, a los que la crisis del coronavirus ha puesto contra las cuerdas, han conocido esta semana su suerte. El Gobierno, tras muchos tira y afloja entre sus ministros, ha puesto en marcha un plan para no dejar caer el alquiler. Los inquilinos cuya econom¨ªa haya sido vapuleada por la pandemia y cuyo casero ¡ªsiempre que tenga menos de 10 pisos bajo gesti¨®n¡ª no acepte una moratoria en el pago, pueden solicitar un microcr¨¦dito sin intereses ni comisiones al ICO con el aval del Estado. Es un pr¨¦stamo finalista que se ingresar¨¢ a los caseros y que cubrir¨¢ un m¨¢ximo de seis mensualidades de renta. Se puede devolver durante seis a?os, ampliables a cuatro m¨¢s si los inquilinos ni siquiera pueden afrontar el reembolso del cr¨¦dito. En estos casos, el Estado les conceder¨¢ ayudas directas de hasta 900 euros al mes.

Situaci¨®n distinta es la de los inquilinos alquilados en un piso propiedad de una empresa o un fondo que tenga m¨¢s de 10 viviendas en cartera. Las que no quieran negociar la pr¨®xima renta tendr¨¢n que elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler a devolver en tres a?os o rebajar el 50% de la renta durante cuatro meses. El plan de rescate, similar al alem¨¢n aunque m¨¢s ambicioso, incluye una pr¨®rroga autom¨¢tica de todos los contratos durante seis meses y la paralizaci¨®n de los desahucios por impago, tambi¨¦n medio a?o.

Pero las v¨ªas de escape a la crisis que ha esculpido el Gobierno han despertado no pocos temores. ¡°El no poder recuperar la posesi¨®n de la vivienda si hay un impago puede acarrear graves problemas a los ahorradores, vulnerando gravemente el derecho constitucional de tutela judicial efectiva¡±, afirma Javier Rodr¨ªguez, responsable de la comisi¨®n residencial de la Asociaci¨®n de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), cuyos asociados suman m¨¢s de 21.000 viviendas.

Lo que est¨¢ en juego es la seguridad jur¨ªdica, sin la que se acabar¨ªa la partida. En juego hay m¨¢s de 10 millones de inquilinos, m¨¢s de cinco millones de peque?os ahorradores que tienen en el alquiler una forma de complementar sus ingresos y pensiones y una inversi¨®n acumulada superior a los 800.000 millones de euros, seg¨²n Lazora, una de las mayores empresas de alquiler de Espa?a.

¡°Que no se pueda desahuciar, aunque haya impagos, que los habr¨¢, puede hacer que los particulares que vivan situaciones traum¨¢ticas saquen sus pisos del mercado de forma definitiva tras esos seis meses, lo que podr¨ªa reducir la oferta y volver a incrementar los precios¡±, esgrime Jaime Luque, profesor de la ESCP Business School. Y misma problem¨¢tica cuando las llaves del piso son de una gran empresa. ¡°Las decisiones de la inversi¨®n institucional e internacional en el inmobiliario espa?ol dependen de que exista un marco legal lo m¨¢s estable posible¡±, apunta Roger Cooke, presidente de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), en Espa?a. Por su parte, Sergio Nasarre, director de la C¨¢tedra Unesco de Vivienda, ahonda en esa inseguridad jur¨ªdica y se plantea si esa prohibici¨®n de desahuciar en los pr¨®ximos seis meses es admisible y constitucional al ir m¨¢s all¨¢ del estado de alarma.

Desde la bancada de los fondos, lamentan otro punto y es que ¡°se haya discriminado al ahorro colectivo al imponer un aplazamiento del pago de las rentas que ya hab¨ªa puesto en marcha de forma voluntaria y por iniciativa propia¡±, comenta Javier Rodr¨ªguez. ¡°No hay que olvidar que este ahorro es el que financia a largo plazo la vivienda social y asequible que necesita Espa?a. En Espa?a, tenemos un parque de vivienda que supera los seis millones y que ha sido muy din¨¢mico en los ¨²ltimos 15 a?os, pero todav¨ªa es insuficiente. Para llegar a la media europea nos har¨ªan falta otros 2,3 millones de unidades. Por ello, rechazamos las posturas populistas y los calificativos despreciativos hacia las sociedades especializadas en el alquiler a largo plazo¡±, expone Concha Os¨¢car, socia fundadora de Azora, sociedad que gestiona a trav¨¦s de Lazora m¨¢s de 7.000 alquileres en Espa?a y que hace dos semanas anunci¨® de forma voluntaria una moratoria de pago a las familias en situaci¨®n de vulnerabilidad por la Covid-19.

Aunque no todo son cr¨ªticas. Las empresas del alquiler valoran positivamente que el Gobierno d¨¦ una ayuda directa a los ciudadanos vulnerables y que los microcr¨¦ditos se hayan impuesto a otras propuestas que estaban sobre la mesa, como la moratoria general o, incluso, la condonaci¨®n de las rentas, como reclaman los sindicatos de inquilinos. Son muchas las voces que dicen que hubiera sido imprudente cargar la crisis sobre las espaldas del ahorro privado de los espa?oles. La raz¨®n es obvia: en Espa?a el 96% del parque de alquiler ¡ª85% seg¨²n el Gobierno¡ª est¨¢ en manos de particulares, mientras que un 2,5% es ahorro colectivo y un 1,5% es de titularidad p¨²blica, seg¨²n los datos de Asipa.

¡°El propietario tipo posee uno o dos inmuebles que suelen provenir de una inversi¨®n particular o una herencia¡±, precisa Ra¨²l P¨¦rez, presidente de Avalisto. De hecho, ¡°muchos peque?os propietarios basan sus ingresos en las rentas de la vivienda que tienen en alquiler, lo que supondr¨ªa un desequilibrio entre la situaci¨®n del inquilino y la del propietario¡±, a?ade Samuel Poblaci¨®n, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE Espa?a, que calcula que los grandes tenedores gestionan 125.000 casas.

Huelga y solidaridad

Argumentos que no han convencido a los sindicatos de inquilinos, para quienes las medidas aprobadas son ¡°insuficientes¡±. ¡°El Gobierno pretende mantener los precios del alquiler artificialmente altos, haci¨¦ndolos pagar a una ciudadan¨ªa cuyos ingresos est¨¢n cayendo en picado. Endeudar a los sectores m¨¢s vulnerables y no suspender los alquileres en plena crisis es injusto e irracional¡±, critica Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona. Adem¨¢s, dice que la mayor¨ªa de arrendadores no dependen de los ingresos del alquiler. El mi¨¦rcoles iniciaron una huelga de alquileres, hasta la suspensi¨®n de pagos para todas las personas golpeadas por el coronavirus. Y han creado un fondo con aportaciones para hacer frente a los gastos judiciales derivados de la huelga, que ya suma 20.356 euros.

El alquiler se la juega con estas medidas, aunque muchos ciudadanos llevan ventaja. ¡°Mi casero me acaba de llamar para decirme que no se me ocurra pagarle el alquiler¡±, narra una mujer de 36 a?os que prefiere no desvelar su nombre. Cuenta que vive en un piso antiguo en la localidad de Getafe (Madrid) y que paga 500 euros al mes. ¡°Me dijo que hasta que no sepamos qu¨¦ va a pasar guarde el dinero por si lo necesito para comida¡±, explica esta camarera, a la que acaban de despedir. Hay miles de casos iguales. Es m¨¢s, empresas como Mutua de Propietarios o Das han adaptado su seguro contra impagos para que los caseros puedan realizar una moratoria en el cobro de alquiler a sus inquilinos.

Pero hay otros miles de arrendadores que no pueden o no quieren perdonar la renta y que tienen miedo. Por esto, se han apresurado a contratar p¨®lizas de impago: ¡°Propietarios que ten¨ªan alquilado sus pisos desde hace tiempo, seis meses o m¨¢s de un a?o, y que nunca hab¨ªan tenido problemas, llaman para introducir los seguros en sus contratos¡±, dice Javier Iscar, de Arrenta.

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