Las empresas fichan en la pol¨ªtica ante la tibieza legal

?Puede un exconsejero de Sanidad fichar por un hospital privatizado bajo su mandato? ?Y un empresario de la industria armament¨ªstica sentarse en el Consejo de Ministros como titular de Defensa? El debate sobre las puertas giratorias no es nuevo, pero ha vuelto a adquirir repercusi¨®n social a ra¨ªz del salto del socialista Antonio Miguel Carmona a la vicepresidencia de Iberdrola Espa?a. A lo largo de los a?os, presidentes del Gobierno, ministros o secretarios de Estado tambi¨¦n han pasado a formar parte de los ¨®rganos de administraci¨®n o consultivos de diferentes compa?¨ªas, sobre todo de sectores regulados como el el¨¦ctrico o el bancario.

El quid de la cuesti¨®n estriba en si las empresas privadas contratan a estos ex altos cargos p¨²blicos por su talento profesional o si lo hacen, sobre todo, para que ejerzan influencia sobre sus antiguos compa?eros de partido. Y ello con la finalidad de que tracen pol¨ªticas que favorezcan los intereses de sus nuevos empleadores o para que aporten informaci¨®n privilegiada sobre los engranajes del poder.

Se trata de una situaci¨®n que la legislaci¨®n nacional no aborda con total robustez. Como explica Guiomar Redondo, responsable del Departamento Jur¨ªdico de Proluco Abogados y Economistas, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci¨®n General del Estado, reglamenta la entrada en el sector p¨²blico, la permanencia y la salida hacia la empresa privada. Pero m¨¢s all¨¢ de una declaraci¨®n sobre la ¡°idoneidad¡±, no prev¨¦ ning¨²n mecanismo efectivo acerca de la profesionalizaci¨®n del directivo p¨²blico y del alto cargo que garantice que la elecci¨®n de candidatos sea rigurosa, transparente e independiente del poder pol¨ªtico. Tambi¨¦n llama la atenci¨®n que quienes tienen competencia para sancionar las infracciones en las que pueden incurrir son, quiz¨¢s, las personas que menos inter¨¦s tengan en hacerlo: sus superiores pol¨ªticos.

En lo que respecta a la salida, el art¨ªculo 15.1 de la ley dispone que los altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado, ¡°durante los dos a?os siguientes a la fecha de su cese, no podr¨¢n prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado¡± ni en las de su ¡°mismo grupo¡±. Pasado ese tiempo pueden desempe?arse en la mercantil que deseen, ¡°sin autorizaci¨®n previa alguna ni limitaciones¡±, explica la abogada. Al mismo tiempo, la ley reconoce el derecho a una compensaci¨®n econ¨®mica durante un periodo m¨¢ximo de dos a?os tras dejar el cargo.

En la pr¨¢ctica, es la Oficina de Conflictos de Intereses la que se encarga de examinar las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado. Sin embargo, el organismo encargado de fiscalizar las puertas giratorias no es independiente del Ejecutivo, ya que pende del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica, y tampoco rinde cuentas directamente al Parlamento.

Conflicto de intereses

Es m¨¢s, el Tribunal de Cuentas ha detectado ¡°deficiencias¡± en su funcionamiento. El fiscalizador se ha referido a las declaraciones de actividades que los altos cargos deben presentar cuando toman posesi¨®n y cuando cesan. En los 39 desistimientos producidos entre 2017 y 2019 en los organismos reguladores o de supervisi¨®n analizados, no consta que la persona cesada haya presentado la relaci¨®n de actividades que va a iniciar en cuatro supuestos ni que la Oficina la haya requerido. Y en las presentadas se han observado diversas deficiencias, sin que conste requerimiento formal para su subsanaci¨®n.

¡°Los preceptivos informes remitidos al Gobierno acerca del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar presentan insuficiencias de informaci¨®n, de forma que no pueden cumplir adecuadamente con la finalidad, establecida legalmente, de permitir la obtenci¨®n de conclusiones¡±, subraya el Tribunal de Cuentas. Adem¨¢s, el ente apenas ha resuelto casos de incompatibilidad de cargos que saltan del sector p¨²blico al privado desde su creaci¨®n en 2006.

La normativa ¡°requiere una actualizaci¨®n y un desarrollo m¨¢s extenso y claro para los casos en que una persona de responsabilidad p¨²blica se incorpora al ¨¢mbito privado, especialmente en una compa?¨ªa donde hubiera podido tener relevancia en su esfera de decisi¨®n¡±, considera Carlos Alberto Saiz Pe?a, presidente de la Asociaci¨®n de Profesionales de Cumplimiento Normativo y socio de Ecix Group. ¡°Ello supondr¨ªa mayor certidumbre y seguridad jur¨ªdica, as¨ª como un ejercicio de transparencia y confianza en favor de todos los ciudadanos¡±.

Si bien la ley describe las situaciones de conflicto de inter¨¦s en las que pueden incurrir estos servidores, ¡°no todas las decisiones llevan aparejada incompatibilidad¡±, explica el abogado Alfredo Aspra, socio del bufete Labormatters. En concreto, la norma de 2015 entiende que un alto cargo participa en una iniciativa que afecta a una empresa cuando ha suscrito ¡°un informe preceptivo, una resoluci¨®n administrativa o un acto equivalente¡± relacionado con la mercantil. Y ¡°cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentaci¨®n de la propuesta¡±, en sesiones de los ¨®rganos que hubieran adoptado la decisi¨®n controvertida. Fuera quedan los casos informales.

Y es que, las limitaciones se interpretan de forma ¡°restrictiva¡±, explica Marcos Pe?a Molina, consejero del bufete Montero Aramburu. Se reducen a aquellos asuntos en los que la autoridad ha tenido ¡°una involucraci¨®n directa y decisiva¡± en la materia que puede generar el conflicto. Por eso, finalizada su relaci¨®n con el sector p¨²blico, ¡°no existe limitaci¨®n para ocupar puestos¡± en empresas particulares. Entre otras razones porque el art¨ªculo 35 de la Constituci¨®n reconoce el derecho ¡°a la libre elecci¨®n de profesi¨®n u oficio¡±. Es una cuesti¨®n ¡°de aceptaci¨®n o reproche social donde el sector privado deber¨¢ hacer la necesaria ponderaci¨®n¡±.