Deudas con Hacienda que vuelven del m¨¢s all¨¢
La Agencia Tributaria reclama a los exgerentes de empresas liquidadas los pasivos de los negocios ya cerrados
En lo que va de a?o, la Agencia tributaria (AEAT) ha realizado 1.967 derivaciones de responsabilidad contra administradores societarios por deudas de empresas liquidadas. Una cifra que, seg¨²n el organismo p¨²blico, est¨¢ dentro de la normalidad y que demuestra que no hay ning¨²n plan especial para perseguir a estos deudores subsidiarios, teniendo en cuenta que en 2022 tramitaron 2.965 expedientes de este tipo. Sin embargo, algunos abogados fiscalistas y concursalistas afirman que en el ¨²ltimo a?o han detectado un incremento de las cartas de Hacienda contra gestores de empresas ya desaparecidas.
Un ejemplo, comenta Juan Osuna, socio de fiscal de Fieldfisher, es un caso que est¨¢n llevando en el despacho en el que Hacienda reclama a un grupo de empresarios solidariamente un mill¨®n de euros por formar parte del consejo de administraci¨®n de una sociedad concursada. ¡°La deuda reclamada obedece a una inspecci¨®n de Hacienda que fue firmada en conformidad por el administrador concursal, privando as¨ª a los empresarios de la defensa en v¨ªa administrativa, que se encuentran ahora con una derivaci¨®n por un procedimiento que trae causa de liquidaciones de los a?os 2011 y 2012¡å, explica el abogado.
Tom¨¢s Nart socio de reestructuraciones de Fieldfisher, apunta a que uno de los factores que ha podido influir en el bum de derivaciones es que la ¨²ltima reforma concursal, que acaba de cumplir su primer a?o de vigencia, cierra la puerta a la exenci¨®n de deudas p¨²blicas superiores a 10.000 euros a trav¨¦s de la llamada segunda oportunidad.
Asimismo, tal y como indican desde la AEAT, m¨¢s del 93% de los actos dictados alcanzan directamente firmeza, bien por falta de recurso, bien porque son confirmados en v¨ªa revisora. Algo que, como se?ala Nart, tambi¨¦n impide que el directivo pueda beneficiarse de la segunda oportunidad, ya que la existencia de una condena en firme es motivo expreso de exclusi¨®n. Esta situaci¨®n facilita a Hacienda el cobro de las deudas a trav¨¦s de la figura legal de la derivaci¨®n de responsabilidad subsidiaria. Y es que la Ley General Tributaria asume que los administradores deben dar la cara por las deudas sociales en sustituci¨®n de la empresa siempre que ¡°no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago¡±.
Lo m¨¢s llamativo, seg¨²n los expertos, es que, en muchos casos, la fat¨ªdica notificaci¨®n llega diez a?os despu¨¦s de generarse la deuda con la Administraci¨®n tributaria, por lo que resulta inesperada para quienes ahora, por derivaci¨®n, resultan responsables de su pago. El motivo es que la AEAT empieza a contar los cuatro a?os que tiene para recaudar cuando m¨¢s le beneficia, normalmente cuando se declara fallido el cobro de la deuda. Sin embargo, este es un tema pol¨¦mico. De una reciente sentencia, parece inferirse que el Supremo se inclina por iniciar el c¨®mputo ¡°desde la conclusi¨®n del concurso¡±, indica Osuna.
C¨®mo actuar
La primera l¨ªnea de defensa contra la derivaci¨®n de deuda tributaria es pelear la liquidaci¨®n. Esto es, actuar en el momento. Si la AEAT tiene en su poder un acta firmada de conformidad, es probable que esta sentencie al administrador social a?os despu¨¦s. Pero hay supuestos ¡°meridianamente claros¡± que se resuelven a favor del contribuyente en fase de alegaciones, asegura Jon Andoni Bengoetxea, socio de Bengoetxea & Asociados y letrado que pleitea con las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa. ¡°Vale mucho la pena destinar recursos para discutir los hechos¡±, coincide Tom¨¢s Nart.
Sin embargo, se?alan los expertos, es un cl¨¢sico que Hacienda abra expediente en paralelo al concurso de acreedores, con la tesorer¨ªa del negocio en n¨²meros rojos. Adem¨¢s, explica Nart, estas inspecciones pasan a menudo de lado para el administrador concursal, m¨¢s preocupado por salvaguardar el patrimonio empresarial y hacer los pagos necesarios.
Una vez en marcha la maquinaria de cobro tributaria hay que medir los pasos. Cada caso es un mundo, pero Bengoetxea recomienda recurrir si a¨²n queda algo de m¨²sculo econ¨®mico. Tras el apremio de Hacienda vienen los embargos si no se paga en plazo. Por tanto, es el momento de fijar una estrategia, tanto si no hay nada que agarrar como, m¨¢s a¨²n, si hay patrimonio en peligro. Los da?os colaterales pueden afectar incluso a terceros pues llegan a ejecutarse bienes, por ejemplo, de una herencia. Lo que no hay que hacer, recomienda Juan Osuna, son determinados movimientos, como donaciones a familiares, para impedir los embargos de Hacienda. ¡°Son medidas a evitar en estos casos porque es la forma de extender la responsabilidad a m¨¢s empresas y/o personas¡±, avisa.
Recurrir una liquidaci¨®n es un camino largo. El primer asalto se pelea ante los tribunales econ¨®micos administrativos, organismos afines a las administraciones tributarias, como advierte Bengoetxea. Estos procedimientos no suelen paralizar el pago, por lo que ¡°no queda m¨¢s remedio que pedir un aplazamiento para el que tienes que prestar garant¨ªa¡±. El letrado tiene mucha m¨¢s fe en la v¨ªa judicial. ¡°Puede parecer una lucha contra Goliat, pero la jurisdicci¨®n contenciosa ha puesto en su sitio muchas veces a la AEAT, que tambi¨¦n se equivoca¡±. En la batalla, subraya Juan Osuna, ¡°no debe aceptarse la culpabilidad de las sanciones¡±.
Ante estas consecuencias, los expertos coinciden en la necesidad de que los administradores sociales sean conscientes de la inmensa responsabilidad que asumen con el cargo, aunque sea moment¨¢neo o por hacer un favor. Deben asesorarse y controlar de cerca todo lo que tiene que ver con su puesto. ¡°M¨¢s vale prevenir que curar¡±, como reza el dicho.
Seguros para directivos
Actualmente, en el mercado financiero existen seguros de responsabilidad civil de directivos, conocidos como D&O (Directors and Officers), que cubren las reclamaciones contra administradores por actuaciones en el cargo. También frente a “supuestos en los que se pretenda la responsabilidad tributaria subsidiaria, pero no la solidaria”, señala Ignacio Figuerol, socio del área D&O de la firma Clyde & Co España, que matiza: “el impuesto sí, la multa no”. El experto explica que la cobertura de este riesgo que asumen los gerentes empresariales suele tener el mismo límite de indemnización que el contratado. No son solo para grandes empresas. Por ejemplo, expone Figuerol, “hemos visto pólizas con un límite de indemnización de un millón de euros con una prima de 500 euros anuales”.
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