Pablo Bustinduy, ministro de Consumo: ¡°Es positivo que las empresas denuncien pr¨¢cticas desleales¡±

El investigador, profesor universitario y desde hace cinco meses ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (Madrid, 41 a?os), quiere terminar con la impostura ambiental a trav¨¦s de una ley que espera que se tramite antes de final de a?o.

Pregunta. ?Cree que los consumidores han normalizado la hipocres¨ªa que se despliega con el greenwashing?

Respuesta. Llevamos a?os de un bombardeo publicitario sobre el compromiso ambiental de las empresas, sobre productos que de manera gen¨¦rica alegan producir menos emisiones o ser sostenibles, sin que est¨¦ muy claro qu¨¦ quiere decir todo eso y con un claro prop¨®sito de construir im¨¢genes de marca. Existe la conciencia de que estos mensajes tienen poca credibilidad, o son vagos, o en algunos casos enga?osos. Necesitamos informaci¨®n precisa, consistencia en esos mensajes. Es lo que busca hacer la Ley de Consumo Sostenible, que abarca las dos patas: la del consumo, con la clarificaci¨®n de la informaci¨®n, pero tambi¨¦n la parte de la producci¨®n.

P. ?C¨®mo se defiende un consumidor ahora mismo, mientras no entran en vigor normas europeas o la propia ley que ustedes impulsan?

R. Este es el problema fundamental: hasta ahora recae sobre los consumidores individuales la responsabilidad de informarse, contrastar esa informaci¨®n. Como si la transici¨®n hacia un modelo sostenible dependiera de la suma de decisiones individuales. No, es una cuesti¨®n pol¨ªtica, que afecta a la sociedad en su conjunto. Tenemos que garantizar desde los poderes p¨²blicos una informaci¨®n que sea clara, accesible, contrastada. Respecto a las pr¨¢cticas de las empresas que abusan de esos mensajes vagos o quieren obtener un beneficio il¨ªcito con mensajes que no se corresponden con la realidad, es verdad que existe una regulaci¨®n que permite perseguir pr¨¢cticas comerciales desleales. Pero tenemos que avanzar definiendo claramente qu¨¦ es el blanqueo ecol¨®gico.

P. La denuncia de Iberdrola contra Repsol ha introducido m¨¢s ampliamente este debate. ?No le parece que algo falla cuando son las empresas las que se tienen que demandar?

R. Es verdad que esta denuncia ha dado visibilidad p¨²blica a esta realidad, pero me gustar¨ªa aclarar que el origen est¨¢ en la sociedad civil: est¨¢ en el activismo clim¨¢tico, en organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, que tramitaron la denuncia ante el Ministerio de Consumo que estamos estudiando. Tambi¨¦n hay much¨ªsima labor institucional en el ¨¢mbito europeo que lleva a?os denunciando estas pr¨¢cticas. En 2021 [la UE] ya denunci¨® que la mitad de las afirmaciones de las empresas no ten¨ªan fundamento. Creo que es positivo que las empresas pongan en conocimiento pr¨¢cticas que puedan ser desleales. Es un tema que preocupa.

P. Con la ley quieren adelantarse al desarrollo de la normativa europea. ?Cree que es una buena idea teniendo en cuenta que en Espa?a apenas ha habido sanciones por publicidad enga?osa sobre este tipo de cuestiones?

R. Existe un r¨¦gimen sancionador que se puede aplicar a estas pr¨¢cticas en caso de que se consideren ilegales o que busquen tener un beneficio il¨ªcito. Pero es muy importante esa labor de definici¨®n y clarificaci¨®n que vamos a sacar adelante con la ley. Es un mensaje que lanzamos desde Espa?a: queremos abrir un camino que no solo busca garantizar informaci¨®n veraz para los consumidores, sino facilitar la transici¨®n de los modelos de producci¨®n, distribuci¨®n y comercio. Creo que m¨¢s pa¨ªses seguir¨¢n nuestra senda.

P. ?Har¨¢ referencia la ley a alg¨²n cambio en la valoraci¨®n de publicidad que deben hacer organismos como Autocontrol?

R. Autocontrol es una entidad privada, basa sus decisiones en c¨®digos de autorregulaci¨®n de publicidad. Esta es la situaci¨®n que tenemos, requiere una intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos que definan las reglas de juego. Esa es la principal virtud de la ley, un marco normativo claro, garantista.

P. ?Habr¨¢ sanciones para quienes practiquen el greenwashing?

R. Existe un r¨¦gimen sancionador actualmente bastante vigoroso, con sanciones de hasta 100.000 euros por pr¨¢cticas que se consideren ilegales. Tambi¨¦n se pueden penalizar con entre cuatro y seis veces el beneficio il¨ªcito obtenido por estas pr¨¢cticas. Ese r¨¦gimen se aplica. Lo que no tenemos es la definici¨®n clara de blanqueo, hay que demostrar que es una pr¨¢ctica desleal.

P. Las empresas argumentan que cada vez son m¨¢s las que prefieren callarse y no publicitar sus avances para no incurrir en lavado verde. ?Qu¨¦ opina de ello?

R. Si las empresas recurren a greenwashing es porque saben que les resulta beneficioso construir una imagen de marca en ese sentido. Debe haber un marco normativo que incentive las buenas pr¨¢cticas. Eso es lo que va a hacer el ¨ªndice de reparabilidad. Ayudar¨¢ a los consumidores a elegir productos que tengan un menor impacto ambiental y va a orientar el cambio de modelo productivo para incentivar la durabilidad, la reparaci¨®n de los productos frente a la obsolescencia programada.

P. NFRD, CSRD, Taxonom¨ªa, SFDR, ahora la directiva Green Claims y la de Diligencia Debida, adem¨¢s de los principios DNSH, indicadores PAI¡­ ?No cree que el soporte legislativo europeo para encaminar la econom¨ªa hacia la sostenibilidad y que el consumidor pueda tomar decisiones de forma responsable resulta muy complejo?

R. Esto es un ¨¢mbito en desarrollo, esa complejidad es una muestra de que est¨¢ despegando. Por eso es tan importante la labor de simplificaci¨®n.

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