Me he quedado a un paso de ser funcionario: ?sirve de algo reclamar?

¡°Imagina que han aprobado 100 candidatos. T¨² eres el 101. ?C¨®mo no vas a reclamar?¡±. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 2 de Pamplona, Javier Fuertes, explica de esta forma la ra¨ªz de un fen¨®meno en auge: los opositores sin plaza que deciden quemar su ¨²ltimo cartucho en los tribunales. Las estad¨ªsticas judiciales reflejan un aumento llamativo de los candidatos que se lanzan a pleitear contra el Estado para conseguir la ansiada plaza. Dos causas podr¨ªan explicar el fen¨®meno: el furor por opositar (la ecuaci¨®n es simple, si aumentan los candidatos, la litigiosidad tambi¨¦n) y los choques entre los interinos y los aspirantes de libre acceso.

¡°Hay dos perfiles: el que est¨¢ fuera y quiere entrar y el que est¨¢ dentro y no quiere salir¡±, resume Fuertes. La Uni¨®n Europea ha dado varios tirones de oreja a Espa?a en este asunto para atajar los numerosos abusos con la temporalidad en la Administraci¨®n. Hay un objetivo: reducir al 8% los puestos temporales para final de a?o. Pero el reto ya se plantea imposible. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, existen 3,6 millones de asalariados en el sector p¨²blico y m¨¢s de un mill¨®n a¨²n tienen contratos temporales. Es decir, la temporalidad ronda el 27% (si bien esta cifra engloba los cargos de confianza como los puestos pol¨ªticos, cuyo n¨²mero es un misterio).

Hace dos a?os, el Gobierno puso en marcha una multitud de procesos de estabilizaci¨®n para atajar el problema. Pero el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha dejado claro que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes. La conversi¨®n de los interinos no plantea un camino legal sencillo. La Constituci¨®n marca que cualquier ciudadano tiene derecho a luchar por una plaza p¨²blica. Existen dos v¨ªas para conseguirlo: el concurso-oposici¨®n (m¨¦ritos y examen) o el concurso (solo m¨¦ritos). El conflicto estalla cuando los ciudadanos de libre acceso, el conocido como turno libre, denuncian que estas pruebas son trajes a medida para los interinos. ¡°Los procesos de estabilizaci¨®n est¨¢n interfiriendo en los procesos libres¡±, identifica el juez Fuertes, y ello est¨¢ creando la ¡°tormenta perfecta¡±.

Hay numerosos ejemplos de conflictividad en este nicho. En junio, sin ir m¨¢s lejos, el Tribunal Supremo tumb¨® una oferta de empleo p¨²blico para ser letrado de la Administraci¨®n de Justicia, entre otras razones, porque preve¨ªa el acceso al cuerpo sin pasar por una prueba oral y escrita. Un atajo que, a ojos de la Sala, no cumpl¨ªa los m¨ªnimos legales.

La anal¨ªtica judicial, el estudio de las sentencias y autos sobre un asunto concreto, permite hacerse una idea de c¨®mo ha aumentado la conflictividad en este nicho. En 2022 se dieron, al menos, 966 resoluciones judiciales donde opositores demandaron a la Administraci¨®n. En 2023, la cifra escal¨® a 1.388 casos. Un 44% m¨¢s de conflictos, seg¨²n los resultados de la base de datos laleydigital, si bien es presumible que el volumen de asuntos sea mayor, pues las anal¨ªticas no recogen todas las sentencias que se emiten por todos los juzgados y tribunales. Los opositores consiguieron que los tribunales les diesen la raz¨®n frente al Estado en uno de cada dos litigios.

Las estrategias de los opositores son variopintas. Algunos optan por impugnar las bases de la convocatoria, bien porque las consideran injustas, bien porque est¨¢n mal redactadas o bien porque otorgan m¨¦ritos excesivos a la experiencia (lo que aniquila las posibilidades de los candidatos externos).

Es com¨²n, por ejemplo, denunciar ante el juez que los m¨¦ritos que m¨¢s pesan en la balanza no son los adecuados. Un segundo grupo de opositores decide cuestionar un ejercicio o una prueba en concreto por ser demasiado dif¨ªcil o por salirse del temario; en un tercer frente, hay postulantes que se lanzan a impugnar el resultado porque piensan que no han sido valorados como se merecen.

Tambi¨¦n es com¨²n denunciar la falta de transparencia de los ejercicios que se realizan a puerta cerrada, como es el caso de los ex¨¢menes orales, las entrevistas o las pruebas psicot¨¦cnicas. As¨ª lo traslada Cristina Moscoso, abogada de Legal Oposiciones, una firma especializada en asesorar a opositores descontentos. ¡°Se han puesto en contacto con nosotros grupos de aspirantes por su disconformidad con las bases, pero tambi¨¦n por los ex¨¢menes orales que no se graban, por la falta de transparencia y de seguridad jur¨ªdica que ofrece este tipo de pruebas¡±. Es dif¨ªcil intentar corregir en v¨ªa judicial la nota de un tribunal calificador cuando ¡°el examen no queda reflejado en soporte audiovisual alguno¡±, apunta la letrada.

¡°Los procedimientos judiciales relativos a oposiciones siempre han sido un foco de conflicto, si bien es cierto que en los ¨²ltimos a?os se han podido incrementar¡±, detecta Alejandro Garc¨ªa, letrado de Socilegal Abogados. El experto repara en un problema colateral: si la persona ha sido apartada de su plaza injustamente y a?os m¨¢s tarde consigue que un juez le d¨¦ la raz¨®n, ?tiene derecho a compensaci¨®n por las n¨®minas que nunca recibi¨®?

La respuesta es que depende. En teor¨ªa, el candidato debe cobrar una indemnizaci¨®n por los salarios no cobrados. Y adem¨¢s, ¡°la experiencia debe computar como si hubiera estado trabajando¡±, explica Garc¨ªa. Pero apostilla: ¡°Si el opositor ha trabajado fuera de la Administraci¨®n, dado que existe un r¨¦gimen de incompatibilidades, no se le pueden reconocer los salarios¡±. Es decir, cuando el aspirante consigue plaza ¡°¨²nicamente tiene derecho a la diferencia¡± entre lo que debi¨® cobrar y lo cobrado en el otro puesto.