Precariedad en la Administraci¨®n

La temporalidad laboral, y la precariedad que de ella se deriva, han sido desde siempre una de las lacras de la econom¨ªa espa?ola. Los esfuerzos para reducirla en el sector privado a trav¨¦s de la reforma laboral de 2021 han tenido, con las cifras en la mano, un notable ¨¦xito: en el primer trimestre, la temporalidad lleg¨® al 12,3%, el m¨ªnimo registrado. Pero este logro no se ha extendido al sector p¨²blico, donde tres de cada 10 trabajadores son temporales, con especial incidencia en la administraci¨®n auton¨®mica y local. El objetivo del Gobierno central de llegar a una tasa de temporalidad del 8% antes de final de a?o quedar¨¢ muy lejos de cumplirse.

El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha insistido en varias ocasiones (la ¨²ltima, la semana pasada) en la necesidad de resolver este problema, que tiene a m¨¢s de un mill¨®n de trabajadores entre todas las administraciones en la constante incertidumbre sobre el futuro de su empleo.

El Gobierno central lleva dos a?os de oferta de empleo r¨¦cord para la Administraci¨®n General del Estado, justicia, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, con 39.000 plazas el a?o pasado y las 40.000 anunciadas este mismo mi¨¦rcoles. La Administraci¨®n central registra una temporalidad del 5%. Pero Espa?a est¨¢ pagando a¨²n las consecuencias de la austeridad aplicada durante la crisis de 2011, que durante varios a?os impidi¨® que los funcionarios que se jubilasen o pasasen al sector privado fuesen reemplazados. El d¨¦ficit acumulado, sumado a la eliminaci¨®n de cualquier oferta p¨²blica de empleo, llev¨® a las administraciones a abusar de las figuras legales temporales simplemente para mantener funcionando los engranajes del Estado, y en especial los del Estado de bienestar.

As¨ª, la cifra de temporalidad es notable en las comunidades aut¨®nomas (alrededor del 45% de media), las que m¨¢s han aumentado en personal en la ¨²ltima d¨¦cada porque de ellas dependen asuntos directamente relacionados con la calidad de vida, como la sanidad, la educaci¨®n o la atenci¨®n a la dependencia. En la Comunidad Valenciana, el Pa¨ªs Vasco y Canarias, m¨¢s de la mitad de los trabajadores p¨²blicos no son funcionarios. En esta ¨²ltima, casi tres de cada cuatro empleados de la sanidad son temporales.

Algunos casos son tan sangrantes que la justicia espa?ola se ha visto obligada a intervenir reconociendo situaciones sobrevenidas como la del ¡°indefinido no fijo¡±, una terminolog¨ªa que, aparte de ser contradictoria, muestra c¨®mo la precariedad se ha petrificado.

En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno y los sindicatos han acordado procedimientos de estabilizaci¨®n para intentar llevar por los cauces de la legalidad los casos m¨¢s extendidos. Sin embargo, y aunque algunos de estos procesos han prescindido del examen de oposici¨®n por mera conveniencia, el ritmo de su puesta en pr¨¢ctica est¨¢ lejos del necesario. De las cerca de 600.000 plazas ofertadas de esta manera desde 2022 para todas las administraciones, solo 225.000 tienen hoy a una persona en el puesto.

Es evidente que el empleo en la Administraci¨®n no puede cubrirse de cualquier manera. Pero gran parte de los problemas que la ciudadan¨ªa ve en sectores como la sanidad, la educaci¨®n y la justicia pueden explicarse porque no hay personal para resolverlos. Y, lo que es peor: las administraciones han aprendido a apreciar la conveniencia del trabajo precario, m¨¢s barato, menos reivindicativo y que, en ciertos casos, se puede usar como herramienta pol¨ªtica.

Las administraciones p¨²blicas son la piedra angular sobre la que se edifica una econom¨ªa funcional. Espa?a necesita un sector p¨²blico a la altura de sus ambiciones como pa¨ªs y es necesario redoblar los esfuerzos para compensar una d¨¦cada de retraso.