As¨ª afectar¨¢n los cambios en la nueva ley educativa a la vida real de las escuelas

La tramitaci¨®n de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, se acerca a su recta final. Este viernes se vota en la comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso de los Diputados el documento definitivo con las enmiendas que se incorporar¨¢n al texto. Durante casi dos meses, PSOE y Unidas Podemos ¨Dque gobiernan en coalici¨®n¨D han debatido y pactado con los diferentes grupos pol¨ªticos m¨¢s de 320 propuestas que, en caso de obtener este viernes la mayor¨ªa de los votos, se adherir¨¢n a la normativa (que posteriormente se someter¨¢ al voto del Pleno del Congreso y del Senado).

Durante las ¨²ltimas semanas, la negociaci¨®n de las enmiendas ha generado una tormenta pol¨ªtica que podr¨ªa afectar incluso a la aprobaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la l¨ªder de Ciudadanos, In¨¦s Arrimadas, exigi¨® al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la ense?anza ¨Duna de las principales banderas del partido en Catalu?a¨D si quiere su apoyo para los Presupuestos.

M¨¢s all¨¢ de la guerra pol¨ªtica, ?qu¨¦ cambios reales suponen las nuevas enmiendas para el d¨ªa a d¨ªa de las escuelas? A continuaci¨®n, diferentes expertos analizan las principales transformaciones que podr¨ªan generar las nuevas medidas en las aulas.

El castellano ya no ser¨¢ ¡°lengua vehicular¡±

Sin duda, se trata de una de las enmiendas m¨¢s pol¨¦micas. Socialistas, Podemos y ERC pactaron eliminar la referencia al castellano como ¡°lengua vehicular¡± en todo el Estado, un t¨¦rmino que introdujo por primera vez el PP en la Lomce (ley educativa aprobada por este partido en solitario en 2013). Seg¨²n los promotores de la enmienda, el objetivo es ¡°facilitar los programas de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica¡± de las autonom¨ªas con lengua cooficial.

Con la Lomce, el entonces ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, incluy¨® por primera vez art¨ªculos relativos al espa?ol que m¨¢s tarde fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Uno de ellos establec¨ªa que las autonom¨ªas costear¨ªan la matr¨ªcula en centros privados o concertados de aquellas familias que quisieran que sus hijos estudiasen en castellano ¨Den una clara referencia a Catalu?a¨D. El llamado ¡°cheque Wert¡± fue solicitado por 154 familias (el 0,04% de los alumnos catalanes). Diferentes familias en Catalu?a ¨Docho desde 2019 de un total de 1,5 millones de estudiantes¨D han acudido a los tribunales para solicitar que sus hijos estudien todas las asignaturas en castellano (con el programa de inmersi¨®n actual, solo se estudia en castellano la asignatura de Lengua). El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a han fijado en diferentes sentencias que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano. El Tribunal Constitucional estableci¨® en su sentencia sobre el Estatuto (en el a?o 2010) que el castellano ten¨ªa que ser tambi¨¦n lengua vehicular en la ense?anza.

?Qu¨¦ cambio supone ahora la eliminaci¨®n del concepto ¡°lengua vehicular¡± del texto normativo? Xavier Arbos, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sostiene que en la pr¨¢ctica toda esta ¡°guerra pol¨ªtica¡± no va a modificar la lengua en la que aprenden los alumnos catalanes. ¡°La Ley de Educaci¨®n de Catalu?a (LEC), aprobada en 2009, establece que todas las personas tienen derecho a recibir ense?anza en catal¨¢n y contempla que la direcci¨®n de cada centro puede modular el uso de esa lengua en funci¨®n de las caracter¨ªsticas y necesidades de su alumnado¡±, explica Arbos. ¡°Cosa diferente es lo que sucede en la pr¨¢ctica; la t¨®nica general es mantener el catal¨¢n como lengua vehicular¡±, a?ade. En su opini¨®n, mientras no se impugne esa ley auton¨®mica, el sistema continuar¨¢ funcionando igual. ¡°La din¨¢mica seguir¨¢ siendo la misma; las familias seguir¨¢n acudiendo a los tribunales para pedir que sus hijos estudien en castellano, pero es una proporci¨®n muy reducida de la poblaci¨®n¡±, asegura.

Para Fernando Ramallo, profesor de Ling¨¹¨ªstica de la Universidad de Vigo, es ¡°incomprensible¡± que este debate est¨¦ en el centro del hurac¨¢n pol¨ªtico en el siglo XXI, ¡°donde nos dirigimos hacia la inclusi¨®n y la diversidad¡±. ¡°Se requiere de manera urgente un apoyo expl¨ªcito a las lenguas cooficiales si queremos que se hablen en los pr¨®ximos 100 a?os¡±, explica en alusi¨®n a la advertencia del Consejo de Europa en su ¨²ltimo informe de diciembre de 2019. ¡°Hasta ahora las reclamaciones en Catalu?a han sido muy escasas y el hecho de que se elimine el concepto de lengua vehicular no supone ning¨²n cambio; el castellano se aprende en este pa¨ªs por impregnaci¨®n social, se escucha en la calle, es la lengua mayoritaria de los medios y de la Administraci¨®n central¡±, expone. ¡°No corre peligro¡±.

Como Arbos, en la Universidad de Barcelona trabajan tambi¨¦n dos expertos, Jorge Calero y ?lvaro Choi con una visi¨®n muy distinta. ¡°El alumnado que usa el castellano en el hogar, al estar educado en un r¨¦gimen de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en catal¨¢n, alcanza un rendimiento inferior en las competencias evaluadas en PISA al de sus compa?eros cuya lengua usada en el hogar es el catal¨¢n, a igualdad del restode caracter¨ªsticas personales, socio-culturales y econ¨®micas¡±, manifiestan en un art¨ªculo de la Fundaci¨®n Sociedad y Educaci¨®n. Calero sostiene que si no hay m¨¢s peticiones en los tribunales no es ¡°porque no haya demanda social, sino por las trabas que ponen las administraciones educativas y los centros a las familias. Claro que hay muchas interesadas en que estudien m¨¢s en castellano¡±.

Medidas para frenar los colegios gueto

Otro paquete de enmiendas persigue frenar la proliferaci¨®n de los llamados colegios gueto (aquellos en los que m¨¢s del 50% de los alumnos tienen pocos recursos econ¨®micos). Espa?a es el sexto pa¨ªs con mayor segregaci¨®n escolar de Europa, seg¨²n un informe de dos investigadores de la Universidad Aut¨®noma de Madrid (UAM), una cuesti¨®n por la que ha recibido una llamada de atenci¨®n por parte del relator de Naciones Unidas.

Gran parte de los cambios van dirigidos a mejorar la distribuci¨®n del alumnado vulnerable entre la escuela p¨²blica y la concertada. La p¨²blica (donde est¨¢ matriculado el 67% del alumnado), acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a 9 de cada 10 chavales de los hogares con menor renta.

Las medidas contemplan, por ejemplo, la creaci¨®n por parte de las autonom¨ªas de comisiones de escolarizaci¨®n que supervisen el proceso de admisi¨®n para evitar la discriminaci¨®n del alumnado por motivos socioecon¨®micos. Seg¨²n el estudio de la UAM, Baleares o Galicia presentan una baja segregaci¨®n ¡ªentre Suecia y Finlandia, los pa¨ªses con la tasa m¨¢s baja de la Uni¨®n Europea¡ª, mientras que en Madrid es ¡°alt¨ªsima¡± ¡ªentre Hungr¨ªa y Rumania, los dos pa¨ªses con la mayor tasa de la UE¡ª. La cercan¨ªa del centro al hogar ser¨¢ prioritaria en el reparto de plazas y la solicitud podr¨¢ presentarse ante la Administraci¨®n educativa (para garantizar la transparencia).

Adem¨¢s, las autonom¨ªas tendr¨¢n que distribuir en diferentes centros y de manera ¡°equilibrada¡± a los alumnos con necesidad espec¨ªfica de apoyo educativo ¨Dbien por problemas en el aprendizaje o por una situaci¨®n de vulnerabilidad sociocultural¨D. Para ello, tendr¨¢n que reservar una parte de las plazas a ese tipo de alumnos desde el comienzo del periodo de matriculaci¨®n en marzo hasta el inicio del curso en septiembre y podr¨¢n autorizar un incremento de hasta un 10% en el n¨²mero m¨¢ximo de alumnos para poder acoger a los que se matriculan de forma tard¨ªa (bien inmigrantes reci¨¦n llegados al pa¨ªs o familias con empleos m¨¢s precarios que se mudan de barrio).

¡°Son herramientas muy novedosas y necesarias; no hay ¨¦xito escolar si no se invierte en revertir las desigualdades que se generan en los propios centros¡±, considera Ismael Palac¨ªn, director de la Fundaci¨®n Jaume Bofill, dedicada a la investigaci¨®n educativa. ¡°Hasta el momento, ninguna ley de educaci¨®n ha contemplado medidas para garantizar que todo centro tenga una composici¨®n social equivalente a la poblaci¨®n del barrio en el que est¨¢¡±, a?ade. Seg¨²n una investigaci¨®n que realizaron con m¨¢s de 200 familias en Barcelona, a la hora de matricular a sus hijos en el colegio, las familias con m¨¢s recursos no tienen problema en escoger las que est¨¢n lejos de sus casas, mientras que las m¨¢s pobres matriculan a sus hijos en los centros m¨¢s cercanos. ¡°Espa?a es un pa¨ªs con poca segregaci¨®n urban¨ªstica y mucha segregaci¨®n escolar; el 80% no se da en barrios marginales sino en barrios mixtos, por eso es vital que la Administraci¨®n intervenga para corregir esos desequilibrios¡±.

La no universalizaci¨®n de la etapa 0-3 a?os

Pese a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, de universalizar la educaci¨®n gratuita en la etapa de cero a tres a?os, finalmente la nueva ley educativa solo contemplar¨¢ el compromiso de las autonom¨ªas de ¡°incrementar progresivamente¡± la oferta de plazas. Eso s¨ª, solo en la red p¨²blica (la concertada ha quedado excluida en este punto). En el proyecto de los Presupuestos para 2021, se contemplan 200 millones de euros para la creaci¨®n de nuevas plazas. ¡°Pese a que la Comisi¨®n Europea ha urgido a los pa¨ªses miembro a asegurar la calidad de la educaci¨®n infantil, Espa?a se va a quedar atr¨¢s respecto a otros pa¨ªses que ya ofrecen esa etapa de forma universal como Dinamarca o Alemania¡±, indica ?lvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children. En los pa¨ªses n¨®rdicos, las plazas tambi¨¦n est¨¢n aseguradas en la red p¨²blica, aunque las familias pagan cuotas en funci¨®n de su renta y solo para aquellas sin recursos es gratuito.

Sobre el segundo ciclo de infantil, la etapa comprendida entre los tres y los seis a?os, la enmienda contempla que las comunidades ¡°garantizar¨¢n una oferta suficiente¡± de plazas en centros p¨²blicos y concertados. Tambi¨¦n se recoge el compromiso del Gobierno en colaboraci¨®n con las autonom¨ªas de elaborar un plan de ocho a?os de duraci¨®n para que el 0-3 ¡°avance hacia una oferta p¨²blica suficiente¡±, dando prioridad en el acceso al alumnado en situaci¨®n de riesgo de pobreza. En 2018, el 62% de los menores de tres a?os no estaban escolarizados en Espa?a.

La concertada sin suelo p¨²blico, pero mejor financiada

La ense?anza concertada no se toca como tal, pero s¨ª se trata de evitar que sea un negocio. Una enmienda proh¨ªbe ceder suelo p¨²blico para levantar colegios privados y anima a las Administraciones a ¡°cooperar¡± para que se construyan otros p¨²blicos. As¨ª se pone freno a la ley Wert de 2013, que daba carta blanca a la concesi¨®n de terrenos, aunque cuando esta se aprob¨® la transferencia de suelo ¨Dpor un plazo de 75 a?os¨D era una pr¨¢ctica ya muy extendida en Madrid. Ahora se juzga si el vicepresidente madrile?o Francisco Granados ama?¨® con la trama P¨²nica el regalo de terrenos a cambio de mordidas de alrededor de un mill¨®n de euros por centro.

La concesi¨®n es, en todo caso, un buen negocio para las autonom¨ªas porque se ahorran costear un edificio y engordar su plantilla. Durante la anterior crisis, Madrid, en vez de usar el suelo dotacional ¨Ddestinado a usos y servicios p¨²blicos¨D para edificar escuelas, opt¨® por ceder los terrenos a la concertada y poner en lista de espera los centros p¨²blicos o construirlos por fases, sin biblioteca, gimnasio o comedor. UGT calcula que cada uno de los colegios concertados cost¨® a las empresas en Madrid entre 10 y 12 millones. Para tener beneficios, este gasto termina repercutiendo en las ¡°cuotas voluntarias¡± de las familias, cuando la ense?anza debe ser gratuita.

El PP valenciano, en sus a?os en el poder, quiso copiar el modelo madrile?o. Llegaron a licitarse dos colegios ¨Dde los 10 previstos¨D, pero se terminaron declarando desiertos los concursos convocados por falta de solvencia econ¨®mica de las adjudicatarias. As¨ª que no hizo falta que la izquierda, tras ganar las elecciones, les quitase el concierto como hab¨ªa anunciado. Seg¨²n el PP, 60 empresas y 20 municipios estaban interesados en edificar.

¡°En Murcia se cedi¨® mucho terreno en r¨¦gimen de concesi¨®n de 50 a?os, pero hace cuatro o cinco a?os que ya no es negocio. Todo el que ped¨ªa suelo lo consegu¨ªa f¨¢cilmente, desde una escuela infantil a la Universidad Cat¨®lica de Murcia¡±, explica Nacho Tornel, secretario general de CC OO en la regi¨®n. En otras zonas de Espa?a este mercadeo no es habitual. De hecho, esta enmienda ha contado con la abstenci¨®n de ERC y PNV, que gobiernan en Catalu?a y Pa¨ªs Vasco, donde la concertada est¨¢ muy extendida pero no con este modelo.

La enmienda frena la fundaci¨®n de nuevos colegios concertados, pero en otra se aborda un problema de infrafinanciaci¨®n de estos centros que dif¨ªcilmente se puede esconder. Desde que se pusieron en marcha en 1985 con los socialistas en el Gobierno, los m¨®dulos de concierto no se han tocado. La intenci¨®n es que una comisi¨®n ¨Dcon presencia de las patronales de la concertada y los sindicatos¨D ¡°valore el coste total de la impartici¨®n de las ense?anzas en condiciones de gratuidad¡± para incluir sus conclusiones en el plan de incremento del gasto p¨²blico. El PP lleg¨® a crear una mesa de negociaci¨®n en 2011, pero hasta que lleg¨® la ministra Isabel Cela¨¢ ¨Dcon la que el enfrentamiento es absoluto¨D esta no se convoc¨®. Fue en octubre de 2018 y Escuelas Cat¨®licas ¨Dque agrupa a 6.000 centros concertados religiosos¨D lleg¨® a agradecerle el encuentro.

Los concertados argumentan que cobran las cuotas ¡°voluntarias¡± para paliar su d¨¦ficit en las cuentas por la infrafinaciaci¨®n p¨²blica. Pero la nueva concertada ¨Dlas aportaciones en los colegios religiosos o las cooperativas son bajas¨D consigue un buen rendimiento econ¨®mico pese a estar registrada como fundaci¨®n que se desgrava. El Gobierno central no puede controlar que no se abonen cantidades ¨Dson las autonom¨ªas¨D pero s¨ª prohibir, y eso plantea una enmienda, que las actividades complementarias de pago se incluyan en el horario lectivo.

Los colegios segregadores, sin concierto

¡°Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos p¨²blicos desarrollar¨¢n el principio de coeducaci¨®n y no separar¨¢n al alumnado por su g¨¦nero¡±, afirma la enmienda promovida por Podemos. Eso de facto supone anular el concierto de los centros que separan por sexos, pero el texto no tiene visos de tener recorrido pues ya el Tribunal Constitucional ha tumbado intentos de retirada en Andaluc¨ªa. En una entrevista en febrero Cela¨¢ fue cauta, pero Pablo Iglesias se ha salido con la suya: ¡°En nuestra ley hemos puesto que preferentemente recibir¨¢n concierto los centros que sean coeducadores, porque es preciso que las ni?as y los ni?os aprendan en los centros a convivir y a respetarse. Eso dice el proyecto de ley, veremos qu¨¦ enmiendas se presentan¡±. Con la actual ley los centros segregadores tienen que contar con un plan de igualdad para mantener el concierto.

Unas escuelas m¨¢s aut¨®nomas

¡°Los profesores ense?an planes de estudios, pero no son due?os de su pr¨¢ctica, no tienen tiempo de estar con los compa?eros, no pueden participar en las decisiones del centro¡­ Es como si trabajasen en una cadena de producci¨®n¡±, denunci¨® el director del informe PISA de la OCDE Andreas Schleicher. Un lamento de los docentes que aument¨® con la ley Wert, que constri?¨® a¨²n m¨¢s el curr¨ªculum. Ser¨¢n ahora las comunidades las que determinen el porcentaje de libertad de los centros. La LOMCE permite trabajar por ¨¢mbitos interdisciplinares y no por asignaturas con los alumnos que necesitan refuerzo, pero este proyecto se extiende con la ley Cela¨¢ a cualquier aula. En Portugal, la estrella emergente en PISA, ha funcionado. ¡°Dejamos que las escuelas trabajen un 25% del programa con su propia estrategia. Suelen fusionar asignaturas ¡ªHistoria y Geograf¨ªa, o Matem¨¢ticas y F¨ªsica¡ª, trabajan experimentalmente o dise?an proyectos anuales¡±, cont¨® su ministro, Tiago Brandao, en este diario. ¡°No hay que ser impositivo, las escuelas ven que se conf¨ªa en ellas y han respondido muy bien¡±.

¡°Nosotros estamos a favor de terminar con cualquier divisi¨®n en compartimentos estancos¡±, se alegra el presidente de la federaci¨®n de directores de primaria, Vicent Ma?es. Aunque es consciente de que en los colegios tienen ya menos cors¨¦s que en secundaria, tienen ¡°unos m¨ªnimos" y luego hacen "adaptaciones¡±. Pero recuerda que en la Comunidad Valenciana en este curso de pandemia ya se est¨¢ trabajando por ¨¢mbitos en muchos institutos. Raimundo de los Reyes, presidente de los directores de instituto, tambi¨¦n acoge bien esta libertad, pero precisa: ¡°Para que haya verdadera autonom¨ªa se necesita la profesionalizaci¨®n de los equipos directivos y dotar de fondos a los centros¡±.

En Portugal, expertos de la universidad e inspectores visitan durante una semana la escuela y emiten un informe que trata de mejorar el proyecto pedag¨®gico. Falta por ver c¨®mo se auditar¨ªa en Espa?a. Lo que s¨ª se sabe es que habr¨¢ un mayor control de la tarea del profesor en el aula. De forma que si Inspecci¨®n Educativa observa ¡°una notoria falta de rendimiento¡± el docente podr¨ªa tener que abandonar su puesto para hacer ¡°otras tareas que no requieran atenci¨®n directa con el alumnado¡±, se?ala otra de las nuevas enmiendas. Ma?es sostiene que no habr¨ªa que llegar a ese extremo si las oposiciones para el acceso no fuesen meros ejercicios de memorizaci¨®n, sin tener en cuenta las competencias del candidato o su labor durante el periodo de pr¨¢cticas. De Reyes, sorprendido, coincide y a?ade: ¡°No es realista, tendr¨¢ que ser en casos extremos¡±.

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