La ONU reprende a Espa?a por no escolarizar a un ni?o de ocho a?os de Melilla

El Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de la ONU public¨® este lunes una resoluci¨®n en la que condena la actuaci¨®n de Espa?a por mantener sin escolarizar durante casi dos a?os lectivos a un ni?o nacido en Melilla con pasaporte marroqu¨ª. El Comit¨¦ decidi¨® que Espa?a viol¨® el derecho a la educaci¨®n de este ni?o de ocho a?os ¡°por no admitirlo inmediatamente en la escuela p¨²blica despu¨¦s de que se confirmara su residencia en el territorio espa?ol¡±. La resoluci¨®n es la primera que entra en el fondo un problema cr¨®nico en la ciudad aut¨®noma y que mantiene en una trampa burocr¨¢tica a decenas de chiquillos que no pueden ir al colegio por las dificultades que tienen para demostrar que viven en la ciudad o por su situaci¨®n irregular.

El menor cuyo caso estudi¨® la ONU responde a las iniciales A. E. A., naci¨® en Melilla en 2013 y vive all¨ª desde entonces aunque ni ¨¦l ni su familia cuentan con autorizaci¨®n de residencia. La legislaci¨®n nacional reconoce el derecho de cualquier ni?o a la educaci¨®n, independientemente de su situaci¨®n administrativa, as¨ª que su madre comenz¨® la odisea para matricularlo cuando cumpli¨® los seis a?os. Enseguida se encontr¨® con el muro burocr¨¢tico de las autoridades melillenses que, en la pr¨¢ctica, exigen que el extranjero tenga sus papeles en regla para empadronarse. Sin papeles no hay padr¨®n y sin padr¨®n no hay colegio. La familia present¨® otros documentos como la solicitud de la tarjeta sanitaria, el certificado de nacimiento del ni?o y un contrato de suministro de gas que no se aceptaron como prueba. A pesar de varios procedimientos en los tribunales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que el peque?o asistiera a la escuela.

La madre, entonces, denunci¨® el caso ante el Comit¨¦ en marzo de 2020 y ocho meses despu¨¦s, la polic¨ªa confirm¨® que el ni?o y su familia viv¨ªan en Melilla, pero las autoridades locales siguieron exigiendo que se confirmase su ¡°situaci¨®n legal de residencia¡± y negando su escolarizaci¨®n. Solo en marzo, el Ministerio de Educaci¨®n orden¨® que se permitiese su matriculaci¨®n en la escuela p¨²blica. La resoluci¨®n incide en la demora de la Administraci¨®n tanto para descartar un posible fraude como para escolarizar al ni?o una vez que se demuestra que efectivamente viv¨ªa donde dec¨ªa. ¡°La escolarizaci¨®n tard¨ªa no ha reparado integralmente las potenciales violaciones a sus derechos¡±, reprende el Comit¨¦.

El caso pone de manifiesto las barreras que enfrentan decenas de familias, primero, para demostrar que viven en Melilla y, despu¨¦s, para lograr que sus hijos vayan al colegio. Hace m¨¢s de dos a?os que el Defensor del Pueblo viene denunciando esas trabas que se imponen a las familias de origen marroqu¨ª ¡ªy en especial a las que est¨¢n en situaci¨®n irregular¡ª para completar este tr¨¢mite. En unos casos, los progenitores no tienen autorizaci¨®n de residencia y, en otros, a pesar de residir legalmente, no pueden empadronarse. El problema, adem¨¢s, se ha agravado desde que Marruecos decidi¨® cerrar la frontera en marzo del a?o pasado para frenar el avance de la pandemia. Aunque las autoridades calculan que casi 500 han dejado de ir al colegio por, probablemente, haberse quedado atrapados en Marruecos, donde realmente viv¨ªan, tambi¨¦n dej¨® a cientos de familias marroqu¨ªes con ni?os del lado espa?ol de la valla, en situaci¨®n irregular y sin escuela.

Las exigencias para demostrar la residencia se justifican en el r¨¦gimen de exenci¨®n de visado de Ceuta y Melilla que permite que los vecinos de Tetu¨¢n y Nador, respectivamente, puedan entrar y salir sin visado de las dos ciudades aut¨®nomas. Pero las barreras para acceder a la educaci¨®n se imponen sobre todo en Melilla, donde el Comit¨¦ calcula que a¨²n hay 150 menores sin colegio. La ciudad, con recursos limitados y el ratio de alumnos por clase m¨¢s alto del pa¨ªs, quiere evitar que los habitantes de poblaciones lim¨ªtrofes cercanas accedan a distintos servicios, entre ellos los sanitarios o educativos. La Plataforma de Infancia solicit¨® el martes 8 de junio frente a las puertas del Ministerio de Educaci¨®n ¨Dque tiene la competencia educativa en las dos ciudades aut¨®nomas¡ª que se revisen los casos de esos 150 menores. El Comit¨¦ ya ha mediado en varias ocasiones y ha pedido a Educaci¨®n la escolarizaci¨®n de 14 ni?os a los que se les hab¨ªa denegado una plaza. Una nota del ministerio informa de que ya se matricul¨® a ocho de esos menores tras comprobar su residencia.

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Seg¨²n el ¨²ltimo informe del Defensor del Pueblo, la Direcci¨®n Provincial de Educaci¨®n en Melilla transmite en las respuestas ante las numerosas quejas ¡°una sospecha generalizada y no documentada¡± de que las afectadas son familias marroqu¨ªes que no residen en la ciudad y que pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley. El Defensor, sin embargo, discrepa. ¡°Esa sospecha en modo alguno se sustenta con los datos que se han conocido y se ha de insistir en la necesidad de proceder a la escolarizaci¨®n inmediata de estos menores¡±, concluye en su informe.

Almudena Escorial, responsable de incidencia pol¨ªtica de Plataforma de Infancia, celebra la decisi¨®n y considera que es ¡°muy importante¡±. Apunta, no obstante, que estar¨¢n vigilantes: ¡°Este martes, el Ministerio de Educaci¨®n debe publicar las listas definitivas sobre los menores admitidos, veremos si hay menores que se quedan fuera¡±. ¡°Las fronteras est¨¢n cerradas, no hay forma de que ahora mismo un ni?o que est¨¦ en Melilla no est¨¦ residiendo all¨ª¡±, recalca. Escorial insiste en que el ¡°¨²nico requisito¡± que debe exigirse a los menores es ¡°que se pruebe la residencia efectiva, y hay ocasiones en que se est¨¢ imponiendo la obligaci¨®n de que todos los miembros de la familia est¨¦n empadronados, por ejemplo¡±.

En el caso de A. E. A. el Comit¨¦ consider¨® que Espa?a hab¨ªa violado los derechos del menor al no tomar medidas r¨¢pidas para verificar su residencia y al no admitirlo en el sistema educativo inmediatamente despu¨¦s de que se confirmara por la visita de la Polic¨ªa que efectivamente viv¨ªa en Melilla. Recoge tambi¨¦n que la madre fundament¨® que ¡°fue v¨ªctima de discriminaci¨®n en raz¨®n de su origen nacional y de su situaci¨®n administrativa¡±. La resoluci¨®n insta al Estado a compensar al peque?o y a adoptar medidas para que se ponga al d¨ªa en clase.

Con informaci¨®n de Mar¨ªa Sosa.

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