Por un modelo democr¨¢tico de universidad p¨²blica

Este pasado verano, el Ministerio de Universidades dio a conocer una primera versi¨®n del anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario. La aparici¨®n del mismo supuso una profunda decepci¨®n para quienes anhelamos una universidad entendida como servicio p¨²blico orientado hacia el bien com¨²n. El primer borrador de esta reforma del sistema universitario introduc¨ªa una gobernanza m¨¢s jer¨¢rquica y piramidal estableciendo un modelo presidencialista y gerencial que daba m¨¢s poder a los rectores, cambiaba el sistema de elecci¨®n y participaci¨®n recortando la democracia interna, mermaba los derechos estudiantiles y reduc¨ªa su participaci¨®n, a la vez que creaba figuras laborales, como los ¡°profesores distinguidos¡±, que elud¨ªan los procesos de selecci¨®n p¨²blica y transparente.

A pesar de las cr¨ªticas recibidas, provenientes de distintos sectores de la comunidad universitaria, la ¨²ltima versi¨®n difundida del anteproyecto de la LOSU segu¨ªa manteniendo un enfoque neoliberal. As¨ª lo denunciaba el Frente de Estudiantes, exponiendo que ¡°el dise?o del ministro Castells no es el de una universidad orientada al servicio de la mayor¨ªa social, sino el de una educaci¨®n superior sometida a los intereses privados¡±, donde las empresas privadas ganan influencia en los consejos sociales, la formaci¨®n dual generalizada se adec¨²a a las demandas de las empresas de mano de obra barata, garantizando que se reproduzca y consoliden condiciones abusivas de temporalidad, largas alternancias en el paro y contratos precarios.

La LOSU mantiene la doble v¨ªa paralela funcionarial y laboral, in¨¦dita en otras administraciones; lo cual fomenta la precariedad, la laboralizaci¨®n de las plantillas y la discriminaci¨®n y las desigualdades entre figuras laborales y los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Sorprende que la LOSU siga manteniendo un porcentaje de temporalidad tan alto, el 20%, cuando en otras administraciones p¨²blicas el m¨¢ximo es del 8%.

No parece que las propuestas de reformas impulsadas por el anterior gabinete del exministro Castells abordaran los problemas estructurales reales de las universidades: la persistencia de grupos demasiado numerosos en aulas abarrotadas, a pesar de las promesas del Plan Bolonia; la falta de profesorado estable y de renovaci¨®n de la plantilla docente universitaria; el incremento exponencial de universidades privadas como negocios que no responden a ninguna necesidad social (desde hace 23 a?os, desde la Polit¨¦cnica de Cartagena, no se ha vuelto a crear ninguna universidad p¨²blica, mientras se han autorizado 38 universidades-negocios privados).

Por otra parte, esas reformas consolidan el modelo actual de evaluaci¨®n y acreditaci¨®n del profesorado universitario, en el que la docencia se infravalora frente a la investigaci¨®n que, a su vez, prioriza un determinado tipo de conocimiento rentable, basado principalmente en la publicaci¨®n de art¨ªculos en revistas controladas por dos empresas privadas (Clarivate y Elsevier), lo que ha originado un aumento exponencial de publicaciones de tipo productivista y credencialista.

No se solucionaba tampoco el problema de la absurda paradoja de un sistema que mantiene criterios de excelencia productivista para aquellos que se inician en la profesi¨®n docente e investigadora mientras que les mantiene en condiciones de precariedad y sin la estabilidad necesaria, formando su identidad acad¨¦mica en una absurda competitividad.

Si a la LOSU le sumamos la Ley de Convivencia del anterior ministro de universidades que, como denuncian los estudiantes, no ha tenido en cuenta sus aportaciones, hace que pierdan representatividad en los ¨®rganos de decisi¨®n universitarios, abre la puerta a incrementar a¨²n m¨¢s la privatizaci¨®n y convierte en punible cualquier forma de protesta estudiantil (la interrupci¨®n de la actividad lectiva es sancionable), vemos c¨®mo se estaba configurando una universidad que profundiza el modelo neoliberal. Esta propuesta de ley, que se supone iba a derogar el r¨¦gimen disciplinario universitario franquista, que databa de 1954, realmente elimina cualquier sistema de mediaci¨®n en caso de conflicto frente a la falta de un alumno o alumna. En ella, de hecho, desaparec¨ªa la parte de procesos alternativos al r¨¦gimen sancionador y suprime todas las funciones de la comisi¨®n de convivencia. Parece m¨¢s bien una ley mordaza 2.0 que estimula la ¡°obediencia debida¡±. Convirti¨¦ndose en la coraza represiva de la LOSU.

Por eso, desde Uni-Digna ¡ªcolectivo compuesto por profesorado de diversas ramas de conocimiento de las universidades p¨²blicas espa?olas¡ª le pedimos al nuevo ministro de universidades un cambio de rumbo en la pol¨ªtica universitaria. Es hora de que la comunidad universitaria, con el apoyo de la sociedad, defienda y luche para exigir a nuestros representantes electos un modelo democr¨¢tico de universidad p¨²blica al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias y no ¨²nicamente de las demandas del mercado. Es necesario profundizar y priorizar la funci¨®n social de la universidad, no como un espacio de negocio y formaci¨®n de mano de obra cualificada al servicio del mercado capitalista y neoliberal, ni solo como instituci¨®n acad¨¦mica de prestigio cient¨ªfico, sino como un bien p¨²blico y un agente dinamizador para la transformaci¨®n social.

La universidad tiene que abordar los problemas reales antes citados y caminar hacia la universalizaci¨®n del conocimiento, la democratizaci¨®n de su funcionamiento, el acceso garantizado de toda la poblaci¨®n sin discriminaci¨®n de ning¨²n tipo, la reducci¨®n y eliminaci¨®n progresiva de los negocios-universidades privadas, el compromiso acad¨¦mico y cient¨ªfico para salvaguardar la investigaci¨®n como servicio p¨²blico con el fin de mejorar el planeta y la sociedad, rechazando la apropiaci¨®n privada de recursos p¨²blicos, financiando de forma efectiva la I+D p¨²blica, con un plan de reducci¨®n de la precariedad del empleo en la docencia y la investigaci¨®n (casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales) y de un sistema de acreditaci¨®n del profesorado universitario que supongan una evaluaci¨®n m¨¢s justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien com¨²n.

Esperamos que el nuevo ministro y su gabinete den pasos decididos en este sentido y apoyen decididamente otra universidad posible y necesaria para el siglo XXI al servicio del bien com¨²n y comprometida con un planeta y una sociedad m¨¢s justa, m¨¢s libre y mejor.

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