La nueva ley madrile?a de universidades allana la entrada de m¨¢s campus privados y no exige que investiguen

El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso pretende allanar el camino para la implantaci¨®n de m¨¢s universidades privadas en la regi¨®n ¨Dya hay 13, m¨¢s 24 centros adscritos de centros madrile?os y cinco campus que dan t¨ªtulos extranjeros¨D a trav¨¦s de un art¨ªculo de la Ley de Ense?anzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, la primera de estas caracter¨ªsticas en la regi¨®n. EL PA?S ha accedido a parte del borrador del anteproyecto. ¡°Cualquier uni...

El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso pretende allanar el camino para la implantaci¨®n de m¨¢s universidades privadas en la regi¨®n ¨Dya hay 13, m¨¢s 24 centros adscritos de centros madrile?os y cinco campus que dan t¨ªtulos extranjeros¨D a trav¨¦s de un art¨ªculo de la Ley de Ense?anzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, la primera de estas caracter¨ªsticas en la regi¨®n. EL PA?S ha accedido a parte del borrador del anteproyecto. ¡°Cualquier universidad espa?ola, p¨²blica o privada, radicada en otra comunidad aut¨®noma podr¨¢ solicitar la adscripci¨®n de un centro ubicado en la Comunidad de Madrid en los t¨¦rminos definidos por la normativa nacional y la presente Ley, en cuyo caso se requerir¨¢ la autorizaci¨®n del consejero competente¡±. Ya est¨¢ procediendo as¨ª ¨Dla Universidad Cat¨®lica de Murcia, propiedad de los kikos (Camino Neocatecumenal), se est¨¢ estableciendo en Torrej¨®n de Ardoz por esta v¨ªa, que evita la votaci¨®n en el Parlamento regional¨D, pero la norma le da carta blanca de manera expl¨ªcita. Su ¡°objeto exclusivo¡± es ¡°la impartici¨®n de ense?anza superior y, en su caso, llevar a cabo actividades de investigaci¨®n¡±. Es decir, estos centros adscritos no est¨¢n obligados a comportarse como una universidad, que est¨¢ forzada a hacer ciencia.

Existe una supuesta intenci¨®n de controlar el n¨²mero de plazas a trav¨¦s de un mapa de titulaciones, pero no hay concreci¨®n sobre si podr¨ªa denegarse su apertura por ese motivo. Seg¨²n el anteproyecto, para abrir una titulaci¨®n tendr¨¢ que emitirse un informe en el que se tenga en cuenta ¡°la demanda del t¨ªtulo respecto a la oferta ya existente, las necesidades laborales y sociales, as¨ª como la distribuci¨®n geogr¨¢fica y la correcta cobertura de la oferta en toda la comunidad¡±. Actualmente se puede estudiar Psicolog¨ªa en 14 universidades de la regi¨®n, Odontolog¨ªa en seis, Veterinaria en tres o Criminolog¨ªa en ocho, pese a que los colegios profesionales alertan de la precariedad del empleo. En muchas carreras, como Medicina o Ciencias del Deporte, ya hay m¨¢s alumnos inscritos en primero en una privada que en una p¨²blica.

El consejero de Educaci¨®n, Emilio Viciana, durante un encuentro informal con la prensa el pasado julio para hablar del proyecto, coment¨® que se iba a regular ¡°por primera vez¡± las universidades privadas. ¡°Se echaba en falta, para garantizar la calidad y la exigencia, desde el punto de vista de infraestructuras, docentes, investigaci¨®n¡±, asegur¨®. Pero los requisitos son muy laxos. Por ejemplo, dice que todas las universidades, con independencia de su titularidad, deber¨¢n ¡°disponer de recursos adecuados¡± y que tienen que aportar informaci¨®n sobre su previsi¨®n de alumnos o gastos y una auditor¨ªa de su viabilidad econ¨®mica. Ni una palabra de su obligaci¨®n de investigar y transferir conocimiento, sin duda el tal¨®n de Aquiles de las privadas. La ley dista mucho de la que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha, que se encuentra en consulta p¨²blica, y que fuerza a demostrar la calidad de la iniciativa y a invertir en investigaci¨®n. ¡°No queremos convertirnos en una m¨¢quina de expedir t¨ªtulos, ni en el sat¨¦lite de las universidades privadas de Madrid¡±, asegur¨® Jos¨¦ Antonio Castro, director general de Universidades de Castilla-La Mancha a este peri¨®dico.

La norma madrile?a dicta que deber¨¢n ¡°recabarse¡± informes del Ministerio de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades y otros ¨®rganos para crear una universidad, pero no obliga a que estos sean favorables. Desde 2020, la Fundaci¨®n para el Conocimiento Madri+d, ligada al Gobierno auton¨®mico, encarga informes a una comisi¨®n de expertos, pero luego obvia sus conclusiones negativas.

El anteproyecto s¨ª establece que los promotores de una universidad presenten una garant¨ªa financiera de al menos cuatro millones de euros. Ahora reina la anarqu¨ªa. Los t¨¦cnicos del ministerio apuntan, por ejemplo, sobre la que va camino de ser la decimocuarta privada de Madrid, Universidad Abierta de Europa: ¡°El r¨¦gimen de alquiler no garantiza un proyecto con estabilidad¡±, ¡°se desconoce el coste de las ense?anzas¡±, ¡°sorprende por la escasa entidad de las cifras destinadas a inversiones, especialmente el primer a?o¡±.

La norma fuerza a que las nuevas privadas dispongan de ¡±un plan de becas y ayudas al estudio que, al menos en alguna de sus modalidades, tenga en cuenta criterios socioecon¨®micos en su concesi¨®n¡±. No concreta cu¨¢ntas. Actualmente, las privadas madrile?as para el grado de Medicina s¨ª que ofertan becas, pero solo tienen en cuenta el expediente, no la renta familiar.

Respecto a las universidades a distancia que pudiesen implantarse, el texto obliga a que la mitad de sus investigadores y personal de administraci¨®n resida en territorio nacional. El art¨ªculo da idea de la nula intenci¨®n de la Administraci¨®n regional de que en estos centros online se haga ciencia. Aunque se crea la Agencia de Calidad, Evaluaci¨®n y Titulaciones de las Ense?anzas Superiores, solo va a evaluar al personal investigador de la p¨²blica. El de la privada va a seguir yendo por libre.

La ley pretende que la universidad establezca puentes estrechos con la FP y las ense?anzas art¨ªsticas, de forma que sus centros puedan estar vinculados a una universidad y se reconozcan sin problema los cr¨¦ditos cursados en los otros estudios, as¨ª como la movilidad de los profesores. Estos art¨ªculos favorecen mucho a los empresarios que est¨¢n apostando fuertemente por este negocio. El curso pasado hab¨ªa en Madrid m¨¢s alumnos de FP Superior en centros privados y concertados (50.000) que p¨²blicos (46.319).

Respecto a las pr¨¢cticas, se crea un distrito ¨²nico. En las curriculares de FP de la rama sanitaria los hospitales y ambulatorios p¨²blicos tendr¨¢n que garantizar las plazas para todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos, es decir incluir tambi¨¦n a los concertados. La escasez de puestos ha echado a las calles a los estudiantes de la p¨²blica. Mientras que en los grados universitarios, tendr¨¢n preferencia los de la p¨²blica y, si sobran plazas, se ofrecer¨¢n a otros campus.

Intromisi¨®n en la gerencia

La Comunidad de Madrid pretende participar en la elecci¨®n del gerente a trav¨¦s del presidente del consejo social; ahora este es elegido por el rector y solo participa formalmente el presidente. En muchas ocasiones, si la batalla de las elecciones no ha sido cruenta, el nuevo rector deja al frente de la gerencia al del mandato anterior. El presidente del consejo es designado directamente por el Gobierno regional y no suele desviarse de su pol¨ªticas. Francisco Marhuenda, profesor de la Rey Juan Carlos y director de La Raz¨®n, es el presidente del consejo de la Carlos III, el expresidente regional Joaqu¨ªn Leguina lo ha sido durante 22 a?os en Alcal¨¢ ¨Den contra de los estatutos¨D y le acaba de sustituir el exconsejero del PP Carlos Mayor Oreja y en la Aut¨®noma est¨¢ al frente Eduardo Sicilia, consejero de universidades de Ciudadanos cuando el partido cogobernaba con Ayuso.

Asimismo, la ley afirma que, o¨ªdo el rector, el Consejo Social de la universidad ¨Del puente entre la sociedad y la academia¨D nombrar¨¢ y cesar¨¢ al interventor, que supervisar¨¢ y controlar¨¢ la econom¨ªa interna. Los rectores piensan, sin embargo, que su funci¨®n deber¨ªa limitarse a casos en los que se ¡°detectasen problemas en sus presupuestos¡±.

Esta aparente politizaci¨®n de la universidad escandaliza a los rectores de las seis universidades p¨²blicas de Madrid, quienes el pasado julio, cuando conocieron las primeras pinceladas de la ley, emitieron un comunicado dur¨ªsimo en el que afirmaban que estas propuestas pueden ¡°afectar directamente a la autonom¨ªa universitaria y a la organizaci¨®n de las universidades, generando situaciones inciertas y con car¨¢cter que puede considerarse invasivo sobre la autonom¨ªa universitaria¡±.

En el cap¨ªtulo de la financiaci¨®n, la madre de todas las batallas en Madrid ¨Dla comunidad que peor financia por alumno en Espa?a, con lo que reciben los rectorados no se cubren las n¨®minas¨D la ley divide el gasto, como ya se preve¨ªa, en tres apartados: b¨¢sica (personal, gastos corrientes e inversiones), necesidades especificas (infraestructuras y equipamientos) y por objetivos. Esta divisi¨®n, si se aumenta la cuant¨ªa, convence a los rectores, que este martes se reunieron con Viciana y desde ahora lo har¨¢n peri¨®dicamente.

La principal mejora es que la financiaci¨®n por objetivos es un contrato programa para cinco a?os, como el que est¨¢ implantado en casi todas las comunidades, y ello permite prever gastos y hacer planes a medio plazo. La comunidad enumera ¡°mejores usos acad¨¦micos¡± para que los tengan en cuenta las universidades a la hora de presentar su propuesta de contrato: porcentaje de endogamia (doctores que han le¨ªdo la tesis en la universidad en la que trabajan), coordinaci¨®n para que los estudiantes puedan cursar asignaturas en otras universidades madrile?as, inserci¨®n laboral contrastada de sus graduados o fomentar una selectividad como la que existe en Catalu?a para quienes quieran ser maestros. El art¨ªculo 90 anima, adem¨¢s, a las universidades p¨²blicas a ¡°constituir fondos de inversi¨®n u otros mecanismos financieros destinados a la obtenci¨®n de recursos para el despliegue de sus actividades¡±.

Como gui?o al caso Bego?a G¨®mez, uno de los art¨ªculos afirma que ¡°no podr¨¢ emplearse el t¨¦rmino ¡®c¨¢tedra¡¯ ni ninguna otra palabra consolidada en la terminolog¨ªa universitaria que lleve a enga?o¡± cuando no lo sea. Para no caer en la trampa, las universidades tambi¨¦n tendr¨¢n que aclarar al potencial estudiante que el t¨ªtulo que pretende cursar no es oficial y que as¨ª conste y la publicidad tendr¨¢ que explicitar si habilita para una profesi¨®n regulada.

Figuras laborales

Los rectores tendr¨¢n que ser catedr¨¢ticos, como hasta ahora, aunque la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) permite que lo sean profesores titulares con muchos m¨¦ritos cient¨ªficos y de gesti¨®n.

En cuanto a las figuras laborales, la pol¨¦mica se adscribe al profesor ayudante doctor. El candidato tiene que haberse desvinculado de la universidad convocante al menos durante dos a?os, a no ser que se haya doctorado en otro centro. ¡°Puede resultar contrario a derecho¡± y ¡°aboca a dejar desiertos la mayor¨ªa de los concursos¡±, alertaron los rectores en julio. Adem¨¢s, la ley contempla ¡°complementos retributivos individuales¡± no consolidables, para incentivar mejores resultados en docencia, investigaci¨®n y gesti¨®n.

Este es el tercer intento del PP de sacar una ley de universidades. En el primero, la presidenta Cristina Cifuentes se equivoc¨® al votar, la norma no sali¨® y no se volvi¨® a presentar ¨D a las pocas semanas dimiti¨®¨D, en el segundo, Ciudadanos ultim¨® una ley que no lleg¨® a conocerse porque la coalici¨®n de gobierno se rompi¨® y ahora a la tercera parece que va la vencida.