La Polic¨ªa impide por primera vez paralizar un desahucio en Madrid
M¨¢s de 50 antidisturbios revientan el intento de 100 activistas de evitar el segundo desahucio de una familia de Pueblo Nuevo, en lo que supone un cambio de estrategia de los organismos judiciales para enfrentarse a la ola de frenos de desalojos
Se ve¨ªa venir que no iba a ser un desahucio m¨¢s y as¨ª ha sido. M¨¢s de 50 antidisturbios han tomado por sorpresa a la veintena de activistas que a las siete y media de la ma?ana ya esperaba en el portal del piso de Mar¨ªa Jos¨¦ -no quiere facilitar su apellido- y sus dos hijos, de 24 y 25 a?os, este ¨²ltimo con una discapacidad del 77% por un accidente que sufri¨® en la infancia. Sab¨ªan que habr¨ªa refuerzo policial, pero no que llegar¨ªa tan pronto -las 7.45- y que ser¨ªan tantos. El de esta ma?ana ha sido el segundo intento de desalojar a esta familia, que hasta hoy viv¨ªa en el barrio de Pueblo Nuevo (distrito de Ciudad Lineal, en el este de Madrid). La nueva orden de desahucio que la juez emiti¨® a finales de la semana pasada no daba lugar a un nuevo fracaso, pues ped¨ªa expresamente la intervenci¨®n de "cuanta fuerza p¨²blica que sea necesaria para su pr¨¢ctica y adopt¨¢ndose cuantas medidas sean necesarias".
"Gracias por todo pero nos desalojan. No soy morosa, lo que soy es pobre"
La acci¨®n contra los madrugadores activistas ha sido r¨¢pida y contundente. Los polic¨ªas les han desalojado con firmeza y as¨ª como a los periodistas y han establecido un per¨ªmetro de seguridad de un kil¨®metro. Dentro del piso, haciendo compa?¨ªa a Mar¨ªa Jos¨¦ y a su hija, estaban dos activistas del Movimiento 15-M que han pasado la noche all¨ª y que se han encadenado a la puerta. Un tercer solidario, Chema Ruiz, miembro de Democracia Real Ya y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), que est¨¢ asesorando a esta familia, ha llegado a las seis de la ma?ana. Una vecina se ha quedado a cargo del hijo discapacitado para evitarle el trago.
Una vez acordonada la zona, los polic¨ªas han esperado la llegada de la comisi¨®n judicial, que siempre se compone de polic¨ªa municipal, dos representantes del juzgado, un cerrajero (por si acaso) y el procurador, que representa al banco, en este caso la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM), que es propietaria legal del piso desde que se lo adjudic¨® hace unas semanas en subasta. Mar¨ªa Jos¨¦, de 55 a?os, hipotec¨® su piso -un bajo de la zona de Pueblo Nuevo, un barrio obrero- hace 18 a?os para pagar unas deudas junto con su ex pareja. En 2002, terminada ya esa relaci¨®n e incapaz de asumir a sola las cuotas, acudi¨® a una reunificadora de deudas, que intermedi¨® con la CAM para concederle una nueva hipoteca. A pesar de que ha perdido la vivienda, la entidad bancaria le sigue reclamando 200.000 euros -gastos, intereses, m¨¢s la deuda pendiente-. Mar¨ªa Jos¨¦ ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado m¨¢s 168 euros por la Ley de Dependencia. Su hija de 24 a?os est¨¢ en el paro.
A partir de las ocho y media de la ma?ana, hora a la que la PAH hab¨ªa citado a quien quisiera acudir, se han sumado decenas de personas a la protesta. Los indignados se han divido en dos grupos, cada uno a un lado del cord¨®n policial. Pero poco pod¨ªan hacer ya. Corear protestas y explicar a los vecinos, por medio de un meg¨¢fono, qu¨¦ estaba pasando en el barrio: "Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la est¨¢ echando el banco. ?Despertad, ma?ana pod¨¦is ser vosotros!". Desde dentro del hogar, nerviosos y viendo ya que el desahucio era inevitable, Paco, uno de los activistas encadenados, dec¨ªa: "Resistir¨¦ pac¨ªficamente con todo mi coraz¨®n".
Pasadas las nueve y media, hora de la cita, ha llegado al portal la comisi¨®n judicial y dos camiones de mudanzas. Rafael Mayoral, asesor de la PAH y abogado de Mar¨ªa Jos¨¦, no ha podido acceder a la vivienda. Mayoral ha presentado esta madrugada en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricaci¨®n contra la juez Maria Trinidad Cepa, titular del juzgado de primera instancia n¨²mero 31 de Madrid, ya que "seg¨²n el art¨ªculo 704 de la Ley de Enjuiciamiento civil, deber¨ªa haber notificado el desahucio tambi¨¦n a los dem¨¢s residentes del piso para que pudieran alegar", sostiene.
Los antidisturbios que han accedido a la vivienda han cortado la cadena que manten¨ªa unidos a la puerta a dos activistas y los han sacado a la fuerza. Mar¨ªa Jos¨¦ y su hija, visiblemente alteradas por la excitaci¨®n propia del momento, han salido a la calle y se han dirigido a los indignados. "Ya, nos han desalojado", ha dicho la hija. "Gracias por venir. No soy una morosa, simplemente soy pobre", ha a?adido su madre.
Tras este fracaso, el primero de los ocho desahucios que se han frenado en Madrid (tres de ellos convocados por la PAH), los activistas han ido a la sucursal de la CAM, que han llenado de pegatinas ("Que se sepa: este banco estafa y echa a la gente de su casa"), y de ah¨ª se han ido a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal a pedir una vivienda para esta familia que ahora pierde su techo. De momento piensan cobijarse en un local que un vecino les ha dejado, pero no tiene cocina y es peque?o. Ah¨ª se han trasladado de momento. "Nunca se sabe, la vida es extra?a, quiz¨¢ este cambio radical es el comienzo de algo bueno", dec¨ªa en plena vor¨¢gine la hija de Mar¨ªa Jos¨¦.
Desde Catalu?a, donde la PAH lleva desde noviembre paralizando desahucios, Adri¨¢ Alemany, economista y portavoz, dice que hasta ahora s¨®lo han fracasado en la paralizaci¨®n de un desahucio en Vic, pero que lograron que los servicios sociales dieran una vivienda social a la familia. Tambi¨¦n dice que en las ¨²ltimas resoluciones, en lugar de avisar de la fecha y hora en firma del lanzamiento, algunos jueces han cambiado de estrategia para evitar que se paralicen m¨¢s desalojos: no dan una fecha en firme, sino que avisan de que el desahucio tendr¨¢ lugar entre una horquilla de d¨ªas, lo que imposibilita que los activistas puedan organizarse y frenarlo. Ante esta nueva situaci¨®n, Alemany informa que desde Catalu?a se plantean ocupar los pisos desahuciados una vez desalojados. As¨ª mismo, las diversas PAH que ya hay en Espa?a planean convocar una manifestaci¨®n conjunta. Piden la daci¨®n en pago (que la entrega del piso salde la deuda) para los deudores de buena fe que van a perder su vivienda habitual y que se permita a las familias quedarse en el piso pagando un alquiler social del 30% de sus ingresos.
En Madrid en el primer trimestre del a?o se desaloj¨® a 2.532 familias, m¨¢s del triple que en primer trimestre de 2008. Los barrios del sur son los m¨¢s afectados. Solamente en el barrio de Vallecas, el pasado 13 de julio se ejecutaron la friolera de 16 desahucios. Lo normal es que la comisi¨®n judicial encuentre los pisos vac¨ªos y tengan que forzar la puerta para entrar.
Un caso complejo
El de Mar¨ªa Jos¨¦, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la polic¨ªa impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 a?os, cuando hipotec¨® su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relaci¨®n e incapaz de asumir sola las cuotas, acudi¨® a una reunificadora de deudas que le tramit¨® un nuevo pr¨¦stamo con la CAM, que le concedi¨® 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. Tambi¨¦n vive con ella una hija de 24 a?os licenciada y en paro.
La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardar¨¢n tres a?os en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos.
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