?C¨®mo hacer efectivo el derecho a la ciudad?

En el contexto de la adopci¨®n de pol¨ªticas econ¨®micas neoliberales, las pol¨ªticas urbanas se reformularon profundamente y se produjo un debilitamiento de la planeaci¨®n, en contrapartida se fortaleci¨® la articulaci¨®n de intereses entre las elites pol¨ªticas y las econ¨®micas. As¨ª, las pol¨ªticas p¨²blicas urbanas poseen actualmente un alto grado de pragmatismo y conflictividad ya que la producci¨®n y consumo de los bienes de la ciudad concentran un alto valor monetario pero al mismo tiempo lo fundamental es que poseen un alto valor social y colectivo.

Cuando en la ciudad se privilegia el valor de cambio y esto se expresa en los contenidos de las pol¨ªticas urbanas estas dejan de ser concebidas como pol¨ªticas sociales para transformarse en productoras de los soportes materiales, como vialidades, equipamientos, infraestructura o espacios para el consumo masivo y de lujo. Otro componente es la privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos y en general la mercantilizaci¨®n de los bienes y servicios de la ciudad, en particular, del suelo urbano, garantizando altas tasas de ganancia que son apropiadas privadamente.

Sin embargo, estos procesos de refuncionalizaci¨®n de las ciudades a fin de integrarse en la econom¨ªa global coinciden en varias ciudades de Am¨¦rica Latina, con el avance de la democratizaci¨®n del sistema pol¨ªtico local. En este escenario se advierten, por un lado, condiciones propicias para la aparici¨®n de movimientos urbanos capaces de impulsar el cambio urbano y social. Por otro, elementos para construir una nueva arquitectura institucional que promueva experiencias puntuales de innovaci¨®n social para la creaci¨®n o recuperaci¨®n de espacios p¨²blicos degradados. Y que en ellos se desarrollen acciones colectivas que permitan fortalecer la identidad local, la vida comunitaria y avanzar en la construcci¨®n de una cultura democr¨¢tica.

Apelando a un nuevo derecho a la ciudad

En este contexto, el derecho a la ciudad es una apelaci¨®n colectiva cuyo contenido se ha ido modificando. Pero, en lo fundamental ¡°alude a una profunda transformaci¨®n urbana protagonizada por movimientos sociales con la intenci¨®n de contrarrestar los procesos capitalistas generadores de desigualdad socio-espacial y de segregaci¨®n urbana y producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadan¨ªa¡±.

En este sentido, Lefebvre alert¨® tempranamente (en 1968), sobre la mercantilizaci¨®n del espacio urbano, la expulsi¨®n de la clase obrera del centro de la ciudad, la precarizaci¨®n de sus condiciones de vida, todo lo cual provocaba la desintegraci¨®n de la ciudad como proyecto colectivo. Desde all¨ª construy¨® la primera apelaci¨®n a reivindicar el derecho a la ciudad que representaba los intereses no solo del proletariado sino de toda la civilizaci¨®n. Posteriormente Manuel Castells y Jordi Borja analizaron la potencialidad social y pol¨ªtica de los movimientos sociales urbanos que reivindicaban los bienes colectivos de la ciudad a partir de hacer de los barrios populares, favelas, villas miserias, callampas, ranchos de las ciudades latinoamericanas su laboratorio de an¨¢lisis. Sin duda fueron m¨¢s all¨¢ ya que evaluaron la potencialidad pol¨ªtica de estas formas de organizaci¨®n y lucha de los sectores populares urbanos.

Unos 40 a?os despu¨¦s y en medio de la oleada neoliberal, creadora de una nueva arquitectura espacial y privatizadora de los bienes p¨²blicos de la ciudad, la noci¨®n del derecho a la ciudad ha sido resignificada por David Harvey. Este considera que se trata de una nueva apelaci¨®n que gu¨ªa las acciones colectivas en las calles de muchas ciudades, donde la ciudadan¨ªa indignada cuestiona la actuaci¨®n de una peque?a elite pol¨ªtica y econ¨®mica que pretender desposeer a las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Se trata de nuevas estrategias de rebeli¨®n urbana que buscan definir un modo de vida urbana diferente del que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el Estado exigiendo un control democr¨¢tico sobre la producci¨®n y uso del excedente de capital (Harvey, 2013).

Para Castells los movimientos con capacidad transformadora son los movimientos sociales en red, los cuales hacen uso de las modernas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n potenciando la comunicaci¨®n e interacci¨®n entre los actores sociales para desafiar al poder pol¨ªtico y econ¨®mico, reclamando la incorporaci¨®n de sus intereses y valores en la construcci¨®n de las instituciones (Castells, 2013, 2014; cit. en Ziccardi, 2016). Sin duda es una nueva fuerza democratizadora del espacio p¨²blico tanto f¨ªsico como social; empoderando actores sociales y ejerciendo pr¨¢cticas de contrapoder en el territorio urbano.

Tambi¨¦n Jordi Borja (2011) se?ala que los movimientos ciudadanos de los ¨²ltimos treinta a?os han tenido grandes aportaciones en la gesti¨®n de la ciudad y el urbanismo, revalorizando el espacio p¨²blico, exigiendo la democratizaci¨®n de los planes y proyectos urbanos integrales y recuperando el protagonismo de los gobiernos locales en la pol¨ªtica urbana. Pero sobre todo, identificando a la ciudadan¨ªa como aquella que interviene en la construcci¨®n y gesti¨®n de la ciudad.

En Am¨¦rica Latina, un amplio n¨²mero de organizaciones sociales, acad¨¦micos y activistas, articulados dentro de la Coalici¨®n Internacional para el H¨¢bitat (HIC), han promovido el reconocimiento del Derecho a la Ciudad, a partir de la elaboraci¨®n de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. De acuerdo con Enrique Ortiz (2008), la hechura y difusi¨®n de esta Carta, originalmente se concibi¨® como un documento pol¨ªtico para movilizar a amplios sectores sociales. Pero posteriormente se ha ido impulsando como un instrumento jur¨ªdico que pueda ser adoptado por gobiernos nacionales y locales y organismos internacionales, para que se asuman compromisos y tomen medidas para construir ¡°ciudades justas, democr¨¢ticas, humanas y sustentables¡±, donde las personas puedan vivir con dignidad.?

Generando innovaci¨®n social en el espacio p¨²blico

Tambi¨¦n es cierto que en muchas ciudades se avanza en el derecho a la ciudad movilizando a la ciudadan¨ªa en pr¨¢cticas sociales colectivas de participaci¨®n, en programas y pol¨ªticas p¨²blicas de coaliciones de izquierda que pretenden contrarrestar las fuertes desigualdades y tendencias disgregadoras que existen en la sociedad. Estas experiencias son muy importantes y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de M¨¦xico existe una intervenci¨®n p¨²blica-social sobre los espacios p¨²blicos con la intenci¨®n de disminuir las profundas desigualdades territoriales que existen en la megal¨®polis. Tanto en sus condiciones materiales como en la oferta de actividades recreativas.

La construcci¨®n o recuperaci¨®n de espacios p¨²blicos que generen las condiciones materiales b¨¢sicas para desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas en los barrios populares a trav¨¦s de un innovador programa de creaci¨®n y mejoramiento de espacios p¨²blicos representa una forma de hacer efectivo el derecho a la ciudad y forjar una mejor convivencia comunitaria en el ¨¢mbito local. El objetivo es disminuir las fuertes desigualdades territoriales y urbanas que existen en la ciudad, democratizar la gesti¨®n local, involucrando en su dise?o e implementaci¨®n a diferentes actores gubernamentales y sociales. Se trata de generar una mejora material, una obra p¨²blica, a partir de generar un proceso de aprendizaje ciudadano, avanzando un escal¨®n en la construcci¨®n de una cultura comunitaria y democr¨¢tica (Ziccardi, 2012).

En este sentido, la relevancia de este programa se refleja no solo en la cantidad de obra p¨²blica realizada desde su implementaci¨®n, a pesar de que los montos asignados a cada proyecto variaron a?o tras a?o, sino en el desarrollo de innovadores instrumentos de participaci¨®n, entre los que destaca el hecho de que los recursos para cada proyecto se transfieren directamente del gobierno local a la ciudadan¨ªa, quien asume el papel de gestionarlos, logrando crear nuevos liderazgos y nuevas formas de aplicaci¨®n y control social sobre los recursos p¨²blicos, creando nuevos ¨¢mbitos de confianza y credibilidad, entre los diferentes actores que participan (Ziccardi, 2012). Sin duda estas experiencias constituyen tambi¨¦n un camino para avanzar en hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Alicia Ziccardi es?directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, investigadora de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias.

A trav¨¦s de una serie de seis columnas, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en Am¨¦rica Latina, CLACSO, Habitajes, H¨¢bitat para la Humanidad, Instituto P¨®lis, la Coalici¨®n Internacional del H¨¢bitat HIC y TECHO, buscar¨¢n responder seg¨²n sus miradas y experiencias particulares, cu¨¢les son los desaf¨ªos que enfrentan actualmente las ciudades en la recta final hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, H¨¢bitat III. Esta serie de columnas se enmarca en la iniciativa que el conjunto de organizaciones lanz¨® en 2015: No es una ciudad si no es para todxs.