Derechos de papel

Simeona ten¨ªa doce a?os y nada que perder cuando parti¨® hacia la ¨²ltima frontera del Paraguay junto a sus hermanos y decenas de familias campesinas. All¨ª donde viv¨ªan, en Caaguaz¨², las estancias ganaderas se hab¨ªan apropiado de todo. A ellos no les quedaba otra opci¨®n que ir a tomar la tierra con sus propias manos. Durante cuatro a?os, Simeona resisti¨® junto a los hombres en un precario asentamiento apenas protegidos con pl¨¢sticos y bajo la amenaza de constantes desalojos. Finalmente, cuando el Estado reparti¨® los lotes, ella no recibi¨® nada. Solo hab¨ªa tierra para los hombres.

Con un hijo a quien alimentar, Simeona no se rindi¨®. Durante a?os hizo o¨ªr su voz en asambleas; se enfrent¨® a funcionarios que la ignoraban o trataban de abusar sexualmente de ella; particip¨® en nuevas ocupaciones de fincas; y por fin logr¨® su objetivo, pasando a la historia como la primera mujer del Paraguay en recibir un t¨ªtulo de propiedad de tierra a su nombre.

La tierra, cada vez en menos manos

Desde que Simeona recibi¨® su tierra, hace ya 50 a?os, la concentraci¨®n de la tierra en Am¨¦rica Latina no ha hecho m¨¢s que aumentar, ensanchando la brecha entre peque?os y grandes propietarios. La desigualdad es cada vez mayor, aun cuando se han en marcha ambiciosas pol¨ªticas de reforma agraria que pretendieron democratizar el acceso a la tierra.

Como denuncia Oxfam en su informe Desterrados, en la regi¨®n m¨¢s desigual del mundo, la concentraci¨®n en la propiedad de la tierra alcanza niveles intolerables. El 1% de las fincas de mayor tama?o ha acaparado m¨¢s de la mitad de la superficie productiva de la regi¨®n. En otras palabras, el 1% de esos enormes latifundios ocupa m¨¢s territorio que el 99% de las propiedades rurales restantes.

Colombia se sit¨²a a la cabeza en desigualdad. All¨ª, 700 latifundios se reparten la mitad de la tierra del pa¨ªs. Paraguay es otro caso alarmante, donde m¨¢s del 40% de la tierra productiva se concentra en 600 propiedades, muchas de ellas adquiridas de forma ilegal.

Esta tendencia a la concentraci¨®n se ha acelerado al imponerse el extractivismo como modelo econ¨®mico dominante. Un sistema que expulsa diariamente a familias y comunidades campesinas e ind¨ªgenas para dar paso al monocultivo, a la miner¨ªa o a las represas hidroel¨¦ctricas. Un sistema que concentra a¨²n m¨¢s la riqueza y el poder, a la vez que deteriora el medio ambiente y agrava los conflictos, la violencia y la represi¨®n estatal o para estatal.

Las personas m¨¢s empobrecidas, los pueblos ind¨ªgenas y las mujeres son los m¨¢s vulnerables ya que carecen de poder y sus derechos est¨¢n m¨¢s desprotegidos. Una desigualdad basada en el g¨¦nero hace que las mujeres tengan todav¨ªa menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jur¨ªdica que los hombres.

Una brecha de g¨¦nero que se ampl¨ªa en el ¨¢rea rural

Sin tierra propia, las mujeres tienen mucha menos autonom¨ªa econ¨®mica. No s¨®lo porque es el principal activo econ¨®mico para las personas rurales, sino porque adem¨¢s sirve como garant¨ªa para pedir un cr¨¦dito y suele exigirse para recibir asistencia productiva como semillas, herramientas o capacitaci¨®n.

La tenencia de la tierra tambi¨¦n condiciona otras dimensiones de la igualdad, como la autonom¨ªa en la toma de decisiones y la vulnerabilidad a la violencia. Un estudio realizado en Nicaragua encontr¨® que las mujeres con tierra propia tienen menos probabilidad de ser maltratadas por sus parejas, ya que tienen m¨¢s capacidad de sustentarse por s¨ª mismas.

Pero no solo son las mujeres las que sufren esta discriminaci¨®n: excluirlas del acceso a la tierra supone un freno a la lucha contra la pobreza y el hambre. La FAO estima que si las mujeres tuvieran mayor control sobre los recursos productivos ser¨ªa posible reducir el n¨²mero de personas que sufren hambre en el mundo entre un 12% y un 17%. No s¨®lo se producir¨ªa m¨¢s, sino mejor. Porque ellas se preocupan de la salud familiar y son portadoras de saberes tradicionales sobre cuestiones tan importantes como la conservaci¨®n de variedades locales de semillas.

Por ¨¦ste y otros motivos, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible han incluido en su objetivo 5 la meta de alcanzar la igualdad de g¨¦nero en el acceso y el control de la tierra y de otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales.

Existen avances pero muy insuficientes

El logro de Simeona, gracias a su lucha y su compromiso, no se ha generalizado. Hoy ella sigue siendo la ¨²nica mujer con tierra propia en el asentamiento campesino donde vive. Tampoco fue suficiente para superar todas las barreras en el acceso a servicios o al mercado.

Naciones Unidas ha recordado a los Estados su obligaci¨®n de proteger y hacer respetar el derecho de las mujeres rurales a la tierra y a los recursos naturales. Para ello los exhorta a derribar obst¨¢culos como la discriminaci¨®n en las leyes, su aplicaci¨®n ineficaz y las actitudes y pr¨¢cticas culturales discriminatorias.

Muchas de las leyes que discriminaban a la mujer en la tenencia de la tierra se han ido reformando. En Paraguay, por ejemplo, hasta 1992, a?o en que fue revisado el C¨®digo de Familia, las mujeres casadas no ten¨ªan derecho de propiedad al considerar al hombre como ¡°jefe de familia¡± y ¨²nico titular legal. Pero las normas escritas son m¨¢s f¨¢ciles de cambiar que las no escritas. Y entre la igualdad formal de derechos, reconocida en las leyes, y la igualdad real se alza un muro de barreras culturales, sociales e institucionales.

El principal factor de exclusi¨®n, y probablemente el m¨¢s dif¨ªcil de combatir, sigue siendo la falta de reconocimiento de las mujeres rurales como productoras, como sujetos pol¨ªticos y como actores econ¨®micos clave. Pese a sostener las econom¨ªas rurales con su trabajo, las labores que realizan se ven como una extensi¨®n del trabajo dom¨¦stico. El C¨®digo del Trabajo en Guatemala, por ejemplo, considera el trabajo agr¨ªcola desempe?ado por mujeres y ni?os complementario al que realiza el ¡°trabajador campesino jefe de familia¡±.

Bajo esta mirada no sorprende que las estad¨ªsticas de empleo excluyan a millones de mujeres que producen para el autoconsumo o trabajan en las explotaciones familiares, pese a dedicar diariamente hasta 16 horas a labores tanto dentro como fuera del hogar. La Organizaci¨®n Internacional del Trabajo ha advertido sobre la gravedad de este problema en su informe sobre empleo rural.

Reformas agrarias donde el g¨¦nero se vuelve invisible

Las mujeres se han beneficiado muy poco de las pol¨ªticas de distribuci¨®n de tierras. Un estudio sobre los procesos de reforma agraria en Am¨¦rica Latina concluy¨® que apenas llegan al 12% de la poblaci¨®n atendida. Los Estados de la regi¨®n asumieron que las familias se beneficiar¨ªan en su conjunto con el acceso a la tierra si ¨¦sta se entregaba al ¡°jefe de familia¡±. Pero descuidaron algo esencial: no s¨®lo importa que la familia ejerza su derecho a la tierra, tambi¨¦n importa qui¨¦n ejerce ese derecho dentro del hogar.

Es cierto que han habido avances en algunos pa¨ªses. Nicaragua fue un pa¨ªs pionero al reconocer en su Ley de Reforma Agraria de 1981 a las mujeres como beneficiarias directas de la adjudicaci¨®n de tierras, independientemente de su posici¨®n de parentesco. Pero las medidas de inclusi¨®n lamentablemente han llegado demasiado tarde, cuando apenas quedaban muy pocas tierras por distribuir. En Paraguay, desde 2002, las mujeres cabeza de familia tienen prioridad en la distribuci¨®n de tierras. Sin embargo, seg¨²n documentan Oxfam y ONU Mujeres en su reciente informe, han recibido fundamentalmente peque?as parcelas para viviendas.

Violencia contra las defensoras del derecho a la tierra

Las mujeres que defienden el territorio se exponen a formas particulares de violencia, y a menudo sufren estigmatizaci¨®n y hostilidad en sus propias comunidades. Como advierte Oxfam en su informe sobre la violencia y represi¨®n contra defensores y defensoras, las agresiones han aumentado en Am¨¦rica Latina, de forma especialmente preocupante contra las mujeres, debido a la combinaci¨®n de una cultura patriarcal con un modelo econ¨®mico que fomenta la desigualdad extrema.

Honduras, el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para defender la naturaleza seg¨²n la organizaci¨®n Global Witness, ha recibido varias sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este pa¨ªs, el incremento de proyectos extractivistas ha agravado la violencia y la criminalizaci¨®n contra las mujeres defensoras, como demostr¨® el asesinato de Berta C¨¢ceres en 2016.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha expresado su preocupaci¨®n por la discriminaci¨®n y violencia estructurales a que se enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, y ha pedido a los Estados que garanticen su protecci¨®n. Pero, como ha advertido tambi¨¦n la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, la mayor¨ªa de los cr¨ªmenes siguen quedando impunes en Am¨¦rica Latina.

No sabemos cu¨¢nta tierra est¨¢ en manos de mujeres

En realidad no conocemos la dimensi¨®n de la brecha de g¨¦nero en el acceso a la tierra, ya que no existen suficientes estad¨ªsticas, y las que hay no est¨¢n actualizadas o no miden lo mismo.

De acuerdo con la FAO, en Am¨¦rica Latina y el Caribe apenas el 18% de las explotaciones agr¨ªcolas est¨¢n manejadas por mujeres. Pero esto no necesariamente significa que ellas sean sus propietarias, ya que en muchos casos se trata de tierras alquiladas o prestadas.

La Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Ind¨ªgenas y Campesinas aporta datos a¨²n peores. Seg¨²n sus estudios, las mujeres poseen el 12% de la tierra en Honduras; en El Salvador s¨®lo el 13% de los t¨ªtulos de propiedad est¨¢n a su nombre, trabajan el 15% de la tierra productiva en Guatemala (aunque no siempre les pertenece), y en Nicaragua se ocupan solo del 23% de las explotaciones agr¨ªcolas, que son adem¨¢s las m¨¢s peque?as.

La FAO ha hecho un esfuerzo por reunir la informaci¨®n disponible en su base de datos sobre g¨¦nero y derecho a la tierra. Pero el m¨¢s importante de los cuatro indicadores (el porcentaje de la superficie agr¨ªcola que poseen las mujeres) no contiene informaci¨®n para ning¨²n pa¨ªs latinoamericano.

Redistribuir y reconocer

La desigualdad en torno a la tierra tiene muchas caras: el despojo y la desprotecci¨®n de los territorios colectivos; los incentivos a la creaci¨®n de latifundios (como las zonas especiales de desarrollo agr¨ªcola y pol¨ªticas fiscales que favorecen la inversi¨®n a gran escala); la laxitud en la regulaci¨®n ambiental; el desigual reparto de los beneficios extra¨ªdos de los recursos naturales; el desmantelamiento del apoyo a la agricultura familiar o la violencia impune contra defensores y defensoras son s¨®lo algunas de ellas.

Todas estas expresiones de la desigualdad tienen que ver con la concentraci¨®n del poder. Un poder pol¨ªtico al servicio de las ¨¦lites econ¨®micas, que desatiende el inter¨¦s general y su obligaci¨®n de proteger los derechos de todos.

Es urgente situar la lucha contra todas las caras de la desigualdad en el centro de las pol¨ªticas p¨²blicas. Hay que frenar la acumulaci¨®n de la tierra, la riqueza y el poder en cada vez menos manos y combatir la exclusi¨®n, especialmente de las mujeres. Los Estados deben emprender pol¨ªticas redistributivas que aseguren los derechos de todas las personas y comunidades que dependen de la tierra, sobre todo las m¨¢s vulnerables como las mujeres, los j¨®venes, las poblaciones ind¨ªgenas y afrolatinas. Solamente as¨ª, ¨¦stas podr¨¢n desarrollar medios de vida dignos y contribuir a un crecimiento econ¨®mico inclusivo y sostenible.

Cualquier pol¨ªtica redistributiva debe incorporar a las mujeres de forma real, no s¨®lo en la formalidad de la ley, adoptando medidas eficaces para protegerlas de la violencia y del desplazamiento, derribando las barreras, a menudo invisibles, pero profundamente cimentadas en la cultura patriarcal, que les impiden ejercer su derecho a la tierra.

Un primer paso es reconocer a las mujeres rurales como productoras, como ciudadanas con plenos derechos y como sujetos pol¨ªticos con libertad de decisi¨®n y de participaci¨®n. Hacer visible su contribuci¨®n al desarrollo, a las econom¨ªas locales y al bienestar de sus comunidades y familias.

Tambi¨¦n es necesario derribar las barreras que discriminan a las mujeres dentro de las propias organizaciones rurales. Cooperativas, asociaciones campesinas e ind¨ªgenas deben dejar de ser espacios dominados por hombres y garantizar una participaci¨®n igualitaria.

Que las mujeres ejerzan plenamente su derecho a la tierra es una condici¨®n imprescindible para avanzar hacia sociedades rurales m¨¢s justas, igualitarias y pr¨®speras.

^{Stephanie Burgos es asesora de pol¨ªticas en Oxfam.}

^{Arantxa Guere?a es ingeniera agr¨®noma e investigadora independiente.}