La falacia del derecho a decidir

El secesionismo catal¨¢n se justifica apelando al car¨¢cter democr¨¢tico y progresista de su pretendido derecho a decidir, para el que reclaman el apoyo de la izquierda. Pero esto es una falacia, pues el secesionismo es per se reaccionario y antidemocr¨¢tico, en tanto que defiende la insumisi¨®n fiscal de las clases propietarias aut¨®ctonas. Esto era evidente hasta hace poco, pero desde que se propag¨® la ideolog¨ªa neoliberal defensora del propio inter¨¦s, el nacionalismo se ha contagiado por doquier, como revelan el Brexit o el America First de Trump. Un neoliberalismo pol¨ªtico que se resume en el supuesto derecho a decidir, versi¨®n a escala colectiva de la libre elecci¨®n personal.

Como eslogan, ¡°el derecho a decidir resulta imbatible¡±, se lamentaba Rubalcaba, y muchos lo tomaron como si fuera un art¨ªculo de fe. Tanto que hasta el prudente Urkullu ha osado incluirlo en su propuesta de reforma del estatuto vasco. Pero el derecho a decidir in abstracto, como a priori democr¨¢tico, no resiste ning¨²n an¨¢lisis cr¨ªtico, pues no se tiene derecho a decidir nada que afecte a los intereses y los derechos de los dem¨¢s. Esta es la posici¨®n que nos dej¨® escrita John Stuart Mill en su libro Sobre la libertad: ¡°El poder debe actuar sobre un miembro de una comunidad para evitar que perjudique a los dem¨¢s¡±.

El derecho a decidir no se puede aplicar si hacerlo implica perjudicar a otros. Y pretender extenderlo sin l¨ªmites a cualquier decisi¨®n colectiva, como ocurre con el derecho de autodeterminaci¨®n, es antidemocr¨¢tico. En el caso catal¨¢n se ha incurrido en otras actuaciones de lesa democracia como incumplir las leyes, violar los derechos de las minor¨ªas y forzar un seudorreferendo sin garant¨ªa alguna. Pero todos esos vicios se derivan de su unilateral anclaje en un falaz derecho a decidir que viola injustamente las libertades ajenas.

En el caso catal¨¢n se ha incurrido en otras actuaciones de lesa democracia como incumplir las leyes y? violar los derechos de las minor¨ªas

Sin embargo, el derecho a decidir goza del apoyo de cierta izquierda iconoclasta que se deja seducir por su aureola de insumisi¨®n antisistema. Esto es explicable en ERC, de supuesto izquierdismo con base peque?oburguesa, pero no lo es en la izquierda que insiste en sostener la autodeterminaci¨®n de los pueblos. Como hace Podemos, que defiende su propuesta de un referendo pactado capaz de superar la crisis catalana. Pero el fin no justifica los medios, pues aunque esa consulta fuese ¨²til para resolver el conflicto, no por eso dejar¨ªa de ser perjudicial para los derechos sociales del resto de espa?oles.

Hace poco, un diario digital progresista organiz¨® un debate planteando el dilema de si el secesionismo es compatible con la solidaridad de clase defendida por la izquierda. Objetivamente, la separaci¨®n de Espa?a implicar¨ªa quebrar el compromiso de las clases asalariadas catalanas con las espa?olas. Y frente a esa evidencia, la ¨²nica justificaci¨®n que se opuso fue que si los asalariados espa?oles no se solidarizan con los marroqu¨ªes, ?por qu¨¦ habr¨ªan de hacerlo los catalanes con ellos? Pero esta argucia encierra una falacia, pues espa?oles y marroqu¨ªes no comparten un mismo Estado de bienestar que les proteja en com¨²n. Mientras que los catalanes s¨ª lo comparten con el resto de espa?oles, y separarse de Espa?a significar¨ªa su quiebra.

Para justificar el derecho a decidir se lo compara con el divorcio, una falacia porque la secesi¨®n no implica romper una relaci¨®n bilateral sino multilateral, planteando un problema de acci¨®n colectiva. Por eso es mejor compararlo con las comunidades de propietarios que comparten un mismo edificio com¨²n, como sucede con el Estado de bienestar. Pues bien, la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las relaciones entre copropietarios, tambi¨¦n proh¨ªbe el derecho a decidir en su art¨ªculo 7 (equivalente al principio antes citado de Stuart Mill): ¡°El propietario de cada piso s¨®lo podr¨¢ modificar los elementos arquitect¨®nicos de aquel cuando no altere la estructura del edificio¡±. De ah¨ª que para reformar una vivienda se necesite el permiso de la comunidad, igual que la eventual secesi¨®n de una parte de Espa?a precisar¨ªa de su aprobaci¨®n a escala estatal. Y por lo mismo, los catalanes solo tienen derecho a decidir mientras no perjudiquen la estructura del Estado de bienestar que comparten con el resto de espa?oles. Por lo tanto, reconocerles su derecho unilateral a la secesi¨®n no s¨®lo es antidemocr¨¢tico sino contrario al compromiso solidario de la izquierda.

Enrique Gil Calvo es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.