El silencio de 80 a?os de racismo y genocidio en Republica Dominicana

En 1937, Rep¨²blica Dominicana fue escenario de un brutal genocidio.

Entre 15.000 y 25.000 personas, en su mayor¨ªa de origen haitiano, dominicano y dom¨ªnico-haitianos, fueron asesinadas. Los hechos ocurrieron durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961). El proceso de exterminio se prolong¨® por varios meses, y se despleg¨® especialmente por las provincias fronterizas. Tambi¨¦n se cometieron m¨²ltiples asesinatos en n¨²cleos urbanos y zonas rurales del centro y del Norte del pa¨ªs, como Puerto Plata y Santiago, entre otros. Se emplearon machetes y armas blancas para simular enfrentamientos entre campesinos. El acontecimiento se justific¨® instaurando un discurso nacionalista que abogaba por la defensa de la patria y su soberan¨ªa ante una supuesta ¡°invasi¨®n pac¨ªfica¡± extranjera, que corromp¨ªa en sus principios, valores y racialidad, la supuesta ¡°dominicanidad¡±. Se encubri¨® as¨ª un proceso de colonizaci¨®n interna, con todas sus implicaciones.

Sobre esto ¨²ltimo resulta necesario evidenciar que la construcci¨®n y usos pol¨ªticos en torno al genocidio sirvieron para acompa?ar un sistema econ¨®mico que, desde las primeras d¨¦cadas del siglo XX, con el auge de la industria azucarera de capital estadounidense, bas¨® su rentabilidad en la mano de obra haitiana que laboraba en condiciones similares a las de la esclavitud. No hubo v¨ªctimas dentro de los miles de cortadores de ca?a haitianos que viv¨ªan recluidos en los campos de los ingenios. En cambio, perecieron peque?os propietarios, campesinos, trabajadores y jornaleros que formaban parte de un modelo econ¨®mico y de sociedad que los sectores dominantes del pa¨ªs estaban dispuestos a exterminar.

Se han cumplido 80 a?os de este vergonzoso episodio de la historia insular, sin que se produjera una manifestaci¨®n, proclama, menci¨®n o acto de repudio desde instancias oficiales dominicanas. Esta ha sido la constante durante ocho d¨¦cadas. Correspondi¨® a ciertas organizaciones sociales, no gubernamentales, entidades culturales y educativas alternativas efectuar los actos de memoria en torno a los hechos. Hist¨®ricamente, las iniciativas que propenden por el reconocimiento de lo ocurrido en 1937, su inclusi¨®n en los relatos del pasado y la reconciliaci¨®n desde el reclamo de verdad y justicia, es decir, el derecho de memoria, son criticadas y hostilizadas. Esta no fue la excepci¨®n.

Rep¨²blica Dominicana se distancia as¨ª del contexto latinoamericano, en el que ciertos pa¨ªses asumieron el ¡°deber de memoria¡± desde lo estatal como parte de los procesos de reconstituci¨®n democr¨¢tica luego de dictaduras, guerras civiles, conflictos y otros genocidios. Sirven como ejemplos Chile, Argentina, Guatemala y, m¨¢s recientemente, Colombia. Esto resulta impensable en el contexto vigente en el pa¨ªs caribe?o, donde el partido que impera desde 1996 (salvo por el par¨¦ntesis de 2000 a 2004) lleg¨® al poder y se ha sostenido al pactar, primero, con Joaqu¨ªn Balaguer, uno de los art¨ªfices de la ideolog¨ªa nacionalista antihaitiana durante la dictadura (gobern¨® de 1966 a 1996, con la excepci¨®n del periodo de 1978 a 1986); y, luego, con Vinicio Castillo, funcionario del r¨¦gimen trujillista y representante, junto con sus herederos pol¨ªticos, de la actual ultraderecha fascista.

El racismo y el antihaitianismo se constituyeron a partir del inicio del siglo XX en uno de los recursos discursivos e ideol¨®gicos m¨¢s eficaces para la perpetuaci¨®n de los grupos hegem¨®nicos, fueran estos los tradicionales o los conformados dentro del r¨¦gimen actual de partido ¨²nico. Los postulados ideol¨®gicos que legitimaron el genocidio de 1937 se reactualizan constantemente y permanecen vigentes hoy en las pr¨¢cticas sociales, en los imaginarios y en los discursos de diversos sectores de la poblaci¨®n dominicana, ya no solo de las ¨¦lites. A dichas pr¨¢cticas se suman un conjunto de leyes, normas ministeriales, sentencias judiciales, decretos administrativos, la constituci¨®n misma y ¨®rdenes no escritas en las que se materializan diferentes formas del racismo desde instancias del Estado.

Como consecuencia se ha generado una normalizaci¨®n y naturalizaci¨®n del antihaitianismo, de la discriminaci¨®n y de las m¨²ltiples violencias hacia los dominicanos de ascendencia haitiana, hacia los inmigrantes del vecino pa¨ªs, pero tambi¨¦n hacia dominicanos cuyo fenotipo entra en la categor¨ªa de lo que el prejuicio racial ubica como el ¡°otro¡± no-dominicano. Es as¨ª como se patentiza cotidianamente la violencia f¨ªsica, verbal, psicol¨®gica y simb¨®lica, que muchas veces no adquiere la categor¨ªa de hecho noticioso y queda a la sombra del silencio y la impunidad generalizada en el pa¨ªs.

Un caso emblem¨¢tico de manifestaci¨®n de estas agresiones tuvo lugar en el peque?o poblado de Hatillo Palma, en 2005, en el que se inici¨® una persecuci¨®n de trabajadores haitianos a los que se les atribu¨ªan cr¨ªmenes no comprobados. La comunidad dominicana del poblado imparti¨® justicia por cuenta propia, asesinando a machetazos a varios inmigrantes. La ola de violencia se extendi¨® a otros lugares y tuvo por resultado m¨¢s de una decena de haitianos muertos, otro tanto de heridos, viviendas y pertenencias destruidas y cientos de inmigrantes desplazados.

En agosto de 2015, diez a?os despu¨¦s, se repitieron hechos similares, aunque en menor escala. El alcalde del poblado promovi¨® a trav¨¦s de sus discursos y acciones varios de los actos violentos contra los trabajadores migrantes. Un caso diferente, pero en el que subyace la misma ideolog¨ªa, lo constituye el homicidio del ciudadano haitiano Claude Jean Harri, en febrero de ese a?o. Su cuerpo apareci¨® colgado de un ¨¢rbol de un c¨¦ntrico parque de la ciudad de Santiago, la segunda en importancia en el pa¨ªs.

Los postulados ideol¨®gicos que legitimaron el genocidio de 1937 se reactualizan constantemente y permanecen vigentes hoy en las pr¨¢cticas sociales, en los imaginarios y en los discursos, ya no solo de las ¨¦lites

En estos casos, se recurre a procedimientos discursivos en torno a las v¨ªctimas, similares a los empleados luego del genocidio de 1937: se construye un antecedente hist¨®rico que falsea los hechos y valida la carencia de valores morales y ¨¦ticos en las v¨ªctimas (¡°est¨¢ en su naturaleza¡±, ¡°siempre han sido as¨ª¡±); se los deshumaniza al cosificarlos y negarles todo derecho, asumi¨¦ndolos como ¡°el enemigo¡± (¡°hay que acabar con ellos¡±, ¡°nos van a destruir¡±); se criminalizan (¡°realizaban actividades il¨ªcitas¡±, ¡°son inmigrantes ilegales¡±), y, por ¨²ltimo, se naturalizan las acciones y la violencia de los victimarios (¡°fue en defensa propia¡±, ¡°hay que defender a la patria¡±), justificando la impunidad y la continuidad de la violaci¨®n de derechos.

Es en este contexto, el Tribunal Constitucional dominicano promulg¨® en septiembre de 2013 la Sentencia 168-13, que priv¨® de la nacionalidad a cerca de 210.000 dominicanos de ascendencia haitiana (133.000 seg¨²n estimaciones m¨¢s conservadoras). La disposici¨®n contravino unos 15 art¨ªculos de la Constituci¨®n y se deb¨ªa aplicar con retroactividad al 1929. Esta retroactividad otorg¨® un car¨¢cter hereditario a la supuesta ilegalidad de los inmigrantes haitianos de vieja data, ¡°condici¨®n¡± que le ¡°transmiten¡± a sus hijos y descendientes por varias generaciones.

No es fortuito, entonces, que este ¡°programa¡± gubernamental se gestionara en esta corte, en lugar del Congreso. En este ¨²ltimo las leyes son discutidas, negociadas, pueden ser aprobadas, modificadas, rechazadas o derogadas. En cambio, los veredictos del Tribunal son ¡°definitivos e irrevocables¡± y ¡°vinculantes para los poderes p¨²blicos y todos los ¨®rganos del Estado¡±. De este modo, la sentencia se erige como un elemento trascendental del blindaje legal que facilita al Estado dominicano el ejercicio del racismo como pol¨ªtica oficial.

La desnacionalizaci¨®n y la apatridia conllevaron la declaraci¨®n de no-existencia de un conjunto de personas al que se despoj¨® del derecho a la ciudadan¨ªa. Sin un documento de identidad, tampoco pueden inscribirse en una escuela o universidad, acceder a la seguridad social, tener un pasaporte, poseer una cuenta bancaria o firmar un contrato de trabajo. Como resultado, coloc¨® a esta poblaci¨®n en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusi¨®n de la que ya padec¨ªa y, por tanto, sujeta a mayor explotaci¨®n y desigualdad. Por el gran n¨²mero de afectados y las implicaciones en sus vidas, se consider¨® al proceso derivado de la Sentencia 168-13 como un ¡°genocidio civil¡±.

La promulgaci¨®n esta sentencia fue ampliamente cuestionada, produjo una gran movilizaci¨®n en su contra y una polarizaci¨®n al interior de la sociedad dominicana. Diversas entidades y organizaciones de incidencia nacional e internacional reclamaron el reconocimiento y el respeto de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, mientras se exacerbaron los sectores nacionalistas que justificaban la medida como un asunto de soberan¨ªa y lealtad nacional. El odio racista se extendi¨® a los dominicanos solidarizados con la defensa de derechos, a los que se denomin¨® ¡°traidores a la patria¡±. Simult¨¢neamente, se propag¨® la idea que las gestiones para restituir el derecho a la nacionalidad de los afectados ejercidas por organismos como la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, el ACNUR, la ONU, el CARICOM y Human Rights Watch hac¨ªan parte de un ¡°complot internacional¡± para hacer desaparecer el Estado dominicano.

En medio del conflicto, el gobierno respondi¨® a las presiones internas y externas con la promulgaci¨®n en 2014 de la Ley 169 (o Ley de Naturalizaci¨®n) y el Plan Nacional de Regularizaci¨®n de Extranjeros. Se trata de entelequias legales que, en lugar de dar soluci¨®n al problema, ahondan las desigualdades y reafirman la pol¨ªtica estatal de considerar extranjeros a los dominicanos provenientes de padres, abuelos o bisabuelos haitianos, aun cuando hayan nacido y crecido en territorio dominicano y los amparara la legislaci¨®n del momento. Estas nuevas disposiciones lograron confundir a la sociedad y a la opini¨®n p¨²blica al colocar en el mismo plano a los dominicanos despose¨ªdos del derecho a la nacionalidad con la inmigraci¨®n haitiana m¨¢s reciente, carente de permisos legales.

Adem¨¢s de acallar las protestas y las movilizaciones que motiv¨® la Sentencia, la ley de 2014 recurre en su interpretaci¨®n y aplicaci¨®n a procedimientos que reproducen la vulneraci¨®n de derechos, en lugar de garantizarlos. Uno de estos consiste en la clasificaci¨®n y jerarquizaci¨®n en grupos de quienes se adscribieron al procedimiento para obtener sus documentos de identidad. Otro, se verifica en la ausencia de respuesta por parte de las autoridades luego de tres a?os, encontr¨¢ndose la mayor¨ªa de las personas con tan solo un carnet provisional y viviendo diariamente la amenaza de la deportaci¨®n.

Un retroceso importante en la lucha de los derechos estriba en que, mientras la sentencia puso en evidencia el racismo estructural y estatal, motivando la organizaci¨®n y la lucha colectiva, la promulgaci¨®n de la ley y el plan llevan al plano de lo individual, es decir, al estudio caso por caso, ya no del derecho a la nacionalidad de toda una comunidad, sino del cumplimiento de requisitos que cada persona debe efectuar para obtenerla. Adicionalmente, se propaga la falsa idea que la problem¨¢tica se encuentra en v¨ªas de soluci¨®n.

Finalmente, es preciso se?alar que, si bien el racismo de Estado que se practica en Rep¨²blica Dominicana va dirigido de forma m¨¢s obvia contra los dominicanos de ascendencia haitiana y los inmigrantes haitianos, tambi¨¦n lo padecen los dominicanos, aunque esto se reconozca menos. En el pa¨ªs la escala socioecon¨®mica se organiza en proporci¨®n de la mayor ¡°blancura¡± o ¡°negrura¡± de la piel. La pobreza, la exclusi¨®n, la violencia y la injusticia social tienen una connotaci¨®n racial, constituy¨¦ndose en ¡°genocidios de baja intensidad¡±. Las v¨ªctimas son cientos de miles de dominicanos y dominicanas, de todas las edades, que padecen, y en muchos casos perecen, por la negligencia y corrupci¨®n del Estado para garantizar el derecho a la vida, las atenciones m¨¦dicas b¨¢sicas, viviendas adecuadas, el acceso al trabajo, la protecci¨®n laboral y la seguridad ciudadana.

Elissa L. Lister es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Econ¨®micas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medell¨ªn. Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Afrodescendencia, Racismo y Resistencias en el Caribe.