La guerra global de Trump contra la libertad reproductiva
La reactivaci¨®n de la llamada 'regla de la mordaza global' en 2017 proh¨ªbe la asistencia internacional estadounidense a organizaciones que ofrezcan servicios abortivos o hagan activismo. Una m¨¦dica sudafricana cuenta c¨®mo afecta esto a la sanidad en su pa¨ªs
Mi pa¨ªs legaliz¨® el aborto hace m¨¢s de dos d¨¦cadas, pero el 23 de enero de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump me quit¨® el derecho hasta de escribir esa palabra.
Como m¨¦dica en Sud¨¢frica, he provisto servicios abortivos durante m¨¢s de una d¨¦cada. Muchas veces mi trabajo incluye editar materiales educativos para una ONG que trabaja en prevenci¨®n del VIH. Estos textos ofrecen a las j¨®venes sudafricanas informaci¨®n vital sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, entre ellos el control de natalidad, la violencia sexual y la progresista ley sudafricana de aborto.
Pero dos d¨ªas despu¨¦s de la elecci¨®n presidencial estadounidense de noviembre de 2016 (y m¨¢s de dos meses antes de la toma de posesi¨®n de Trump) la ONG para la que trabajaba dej¨® de distribuir una gu¨ªa de salud reproductiva. Despu¨¦s se reimprimi¨® con todas las referencias al aborto suprimidas.
La causa de esta autocensura es una pol¨ªtica estadounidense conocida como la regla de mordaza global, que se introdujo en los ochenta y fue reactivada por todos los gobiernos republicanos desde entonces. Esta pol¨ªtica proh¨ªbe la entrega de asistencia internacional estadounidense a organizaciones que ofrezcan servicios abortivos, asesoren sobre ellos, les deriven pacientes o hagan activismo. Cuando la administraci¨®n Trump reinstaur¨® formalmente la regla, lo hizo ampliando la lista de programas de ayuda al extranjero cuya financiaci¨®n qued¨® supeditada al cumplimiento de esos criterios.
Como muchos pa¨ªses en desarrollo, Sud¨¢frica recibe cada a?o cientos de millones de d¨®lares de Estados Unidos: en 2016 envi¨® 531 millones destinados a financiar programas de salud y poblaci¨®n. Esta ayuda hizo mucho bien, pero las condiciones con que se entrega nos atan las manos.
Intromisi¨®n externa
Los sudafricanos no somos ajenos a la intromisi¨®n de Estados Unidos en temas de salud, y no es la primera vez que nos encontramos con la regla de mordaza global. Por ejemplo, durante el gobierno de George Bush (hijo), hubo problemas en salud reproductiva y los servicios educativos relacionados con el aborto quedaron diezmados. A los proveedores de atenci¨®n m¨¦dica que recibieran dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se les prohibi¨® hablar del aborto incluso con embarazadas VIH?positivas. Los profesionales de la salud en Sud¨¢frica (y muchos otros lugares) recordamos esta historia y por eso hacemos sonar la alarma.
Incluso cuando Gobiernos dem¨®cratas reinstauraron la entrega de fondos, las mujeres en Sud¨¢frica han tenido dificultades para acceder a servicios abortivos. Aunque esta pr¨¢ctica tiene protecci¨®n constitucional desde 1996, s¨®lo el 5% de las cl¨ªnicas y hospitales p¨²blicos ofrecen el procedimiento, y hasta la mitad se realizan en condiciones inseguras. Por todo el pa¨ªs se ven folletos que publicitan servicios de aborto clandestinos (incluso en las entradas del Departamento Nacional de Salud en Pretoria). Estos proveedores prometen peligrosos ¡°abortos en el d¨ªa¡±, que pueden incluir un c¨®ctel indiscriminado de p¨ªldoras y operaciones que ponen a las mujeres en riesgo de padecer una interrupci¨®n del embarazo incompleta, sepsis e incluso la muerte.
Aunque esta pr¨¢ctica tiene protecci¨®n constitucional desde 1996, s¨®lo el 5% de las cl¨ªnicas y hospitales p¨²blicos ofrecen el procedimiento
El a?o pasado, Amnist¨ªa Internacional public¨® un informe detallado de acciones necesarias para que los abortos en Sud¨¢frica se realicen con seguridad, a tiempo y en cumplimiento de la legislaci¨®n local. Las recomendaciones incluyen aumentar el acceso a transporte econ¨®mico a establecimientos de planificaci¨®n familiar y a m¨¦todos anticonceptivos modernos (incluida la anticoncepci¨®n de emergencia), una mayor oferta de educaci¨®n sexual y elaborar estrategias para reducir la estigmatizaci¨®n.
Pero la pol¨ªtica estadounidense dificultar¨¢ todos estos cambios. Para que pa¨ªses como Sud¨¢frica puedan liberarse del ataque de los gobiernos republicanos a la libertad reproductiva, se necesitan nuevas estrategias para combatir la regla de mordaza global.
Las soluciones empiezan en casa; por eso los pa¨ªses en desarrollo deben empezar a independizarse de las ayudas condicionadas que restringen la capacidad de los profesionales m¨¦dicos para trabajar de conformidad con las leyes locales. Las ONG locales, junto con socios internacionales responsables, deben hallar nuevas fuentes de apoyo para programas que instruyan a las mujeres en relaci¨®n con sus derechos y provean acceso a servicios abortivos seguros. La intenci¨®n de la regla de mordaza global de Trump es acallar a los activistas y profesionales m¨¦dicos; no debemos rendirnos a esta presi¨®n.
Pero tan importante como el apoyo local es el respaldo de los legisladores estadounidenses, que tienen poder para revertir la peligrosa pol¨ªtica de Trump. El a?o pasado se present¨® un proyecto de ley sobre salud, empoderamiento y derechos de nivel global (HER law, por las siglas en ingl¨¦s) que busca prohibir la aplicaci¨®n de condiciones restrictivas a organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciban ayuda de Estados Unidos. Lo mejor de todo es que si se aprueba, esta ley implicar¨¢ la derogaci¨®n permanente por v¨ªa legislativa de la regla de mordaza global y devolver¨¢ una idea de ¨¦tica apol¨ªtica a la asistencia estadounidense al extranjero.
En Sud¨¢frica, todas las mujeres tienen derecho legal a controlar su salud reproductiva y tomar decisiones en relaci¨®n con ella. Pero este derecho es pisoteado por cierta forma de neocolonialismo, que supedita la asistencia internacional a los caprichos pol¨ªticos del partido estadounidense que est¨¦ en el poder. El pueblo de Sud¨¢frica decidi¨® aprobar una de las leyes de aborto m¨¢s liberales del mundo; no es admisible que pol¨ªticos a trece mil kil¨®metros de distancia pretendan ir contra esa decisi¨®n.
Tlaleng Mofokeng es vicepresidenta de la Coalici¨®n para la Justicia Sexual y Reproductiva de Sud¨¢frica. Traducci¨®n: Esteban Flamini Copyright: Project Syndicate, 2018 www.project-syndicate.org
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