Ning¨²n pa¨ªs protege de verdad a sus ind¨ªgenas
La comunidad internacional clama que los pueblos originarios son los mejores defensores del medioambiente, pero los Gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos
"Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ning¨²n pa¨ªs que est¨¦ proporcionando una protecci¨®n real a los pueblos ind¨ªgenas". Esta no se trata de una opini¨®n cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo, celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las p¨¢ginas de su informe anual sobre la situaci¨®n de estos pueblos. Bajo el t¨ªtulo Deber¨ªan haberlo sabido antes, la relatora denuncia que los Gobiernos y las empresas de todo el mundo est¨¢n haciendo cada vez m¨¢s dif¨ªcil, y letal, que las comunidades ind¨ªgenas protejan las tierras y los bosques. Estas poseen consuetudinariamente m¨¢s del 50% del territorio mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da v¨ªa libre a los Gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.
Tauli-Corpuz difunde en su informe los datos de la organizaci¨®n Front Line Defenders, que sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran ind¨ªgenas que proteg¨ªan sus terrenos o sus derechos, casi siempre frente a proyectos del sector privado. De estos, el 80% ocurrieron en cuatro pa¨ªses: Brasil, Colombia, M¨¦xico y Filipinas, aunque tambi¨¦n se resalta la situaci¨®n de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Per¨². La ONG brit¨¢nica Global Witness, por su parte, contabiliz¨® al menos 207 asesinatos en su informe de 2017, presentado el pasado julio y que la relatora tambi¨¦n menciona.
"Reconocer la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he asistido no he o¨ªdo nada sobre la violencia y la intimidaci¨®n que sufren rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus territorios", se?ala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante el encuentro en Oslo. Alley habla as¨ª durante una de las sesiones paralelas del Foro que ¨¦l mismo modera. Bajo el t¨ªtulo Abordar las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los ind¨ªgenas, el investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes la p¨¦rdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.
Entre ellas, Claudelice Da Silva, del estado brasile?o de Par¨¢, que es el lugar del mundo donde m¨¢s cr¨ªmenes de este tipo se cometen. "Siempre defend¨ª los bosques, pero me volv¨ª m¨¢s activista a ra¨ªz de que mi hermano fuera asesinado junto con su compa?era. Los mataron como un recado para que quienes continuaran con la lucha supiesen que tendr¨ªan el mismo destino", clama Da Silva ante el auditorio. Se refiere a Jos¨¦ Claudio Ribeiro da Silva y su mujer, Maria do Esp¨ªrito Santo, ejecutados en 2011 de varios disparos de escopeta.
Tambi¨¦n se pronuncia Julio C¨¦sar L¨®pez, coordinador de la Organizaci¨®n de Pueblos Ind¨ªgenas de la Amazon¨ªa colombiana. El l¨ªder comunitario explica que la disidencia de la FARC est¨¢ all¨ª presente y con intenci¨®n de seguir operando en esos territorios, pero tambi¨¦n existen otros actores armados que resguardan los intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios est¨¢n en medio de esta lucha, lo que les provoca "temor" e "incertidumbre".
De los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran ind¨ªgenas
Para Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los cuales se encuentran sobre todo en tierras ind¨ªgenas. "Da lo mismo que hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, all¨ª que van a por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y cogen las que quieran aunque pertenezcan a los ind¨ªgenas. Esa es la foto que tenemos en el mundo de hoy", reconoce a este peri¨®dico. "Se privilegia a las empresas por los intereses econ¨®micos y comerciales que hay detr¨¢s", denuncia, en relaci¨®n con la expansi¨®n de proyectos de desarrollo de infraestructuras, agricultura y miner¨ªa en tierras ind¨ªgenas sin el consentimiento previo de los leg¨ªtimos due?os.
Esta situaci¨®n ha impulsado el dr¨¢stico aumento de la violencia y del acoso legal contra los pueblos ind¨ªgenas por parte del sector privado, que act¨²a en complicidad con los Gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deber¨ªan protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de ejemplos (nueve en pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, cuatro en ?frica y siete en Asia) de ataques f¨ªsicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata tan solo de una selecci¨®n, asevera, porque a sus o¨ªdos llegan "cientos".
"Las empresas y los pol¨ªticos corruptos a menudo se confabulan para otorgar concesiones y contratos. Esta corrupci¨®n asegura que las comunidades no puedan exigir responsabilidades a sus abusadores, ni que puedan acceder a los canales legales y democr¨¢ticos que deber¨ªan abrirse a lo contrario. Los perpetradores de la violencia a menudo son la polic¨ªa y el ej¨¦rcito", opina Alley. El investigador tambi¨¦n recuerda que los asesinatos solo son la punta del iceberg: "los defensores del medioambiente se enfrentan a violencia f¨ªsica extrema, intimidaci¨®n, criminalizaci¨®n¡ Y las mujeres est¨¢n particularmente afectadas por la expansi¨®n de la violencia sexual".
El modus operandi
Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. Primero, con campa?as de difamaci¨®n y discursos de odio que presentan a los pueblos ind¨ªgenas como "obst¨¢culos para el desarrollo", o en el peor de los casos, como ¡°terroristas¡± o ¡°matones¡±, subraya el informe de la relatora. Luego vienen ¨®rdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los l¨ªderes ind¨ªgenas son detenidos, a menudo permanecen en la c¨¢rcel durante a?os en espera del juicio. En los peores casos, el militarismo, la legislaci¨®n antiterrorista y los "estados de emergencia" se utilizan para justificar una creciente violencia f¨ªsica.
Victoria Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecuci¨®n. Mujer y l¨ªder ind¨ªgena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente Duterte pidi¨® incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las autoridades del pa¨ªs en represalia por defender a los pueblos de la isla de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarizaci¨®n de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia isl¨¢mica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de tal lista.
?Un primer paso hacia la protecci¨®n real de los ind¨ªgenas?
La v¨ªspera del comienzo de la Cumbre de Acci¨®n por el Clima, celebrada desde el pasado 13 de septiembre en San Francisco, 34 gobernadores de los cinco continentes firmaron un acuerdo con las comunidades tradicionales que habitan las selvas para luchar contra la deforestaci¨®n y nueve fundaciones anunciaron que aportar¨¢n 459 millones de d¨®lares (unos 395 millones de euros) para conseguirlo.
Este anuncio se hizo pr¨¢cticamente al mismo tiempo que se acordaban los Principios rectores para la alianza entre gobiernos subnacionales, pueblos ind¨ªgenas y comunidades locales. Uno de los objetivos de la cumbre de San Francisco ha sido involucrar a los gobiernos regionales con las acciones contra el cambio clim¨¢tico. Este es justamente la base del acuerdo que 34 gobernadores (equivalentes a presidentes de comunidades aut¨®nomas en Espa?a) de cinco continentes han comprometido con las comunidades ind¨ªgenas que viven en sus territorios.
En este sentido, tambi¨¦n se pronuncia V¨ªctor Armando L¨®pez Illescas de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta regi¨®n formada por comunidades ind¨ªgenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua, sus tierras agr¨ªcolas, etc. "Hay varios ejemplos, como el del pueblo q¡¯eqch¨ª de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus formas de organizaci¨®n y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan tanto a proyectos privados como al establecimiento de ¨¢reas protegidas".
Y se refiere al pol¨¦mico caso del Parque Natural Semuc Champey, joya del ecoturismo en el pa¨ªs, establecido sobre tierras q¡¯eqch¨ª y que las comunidades tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el complejo durante algo m¨¢s de un a?o. "Sus tierras les fueron arrebatadas para establecer un ¨¢rea protegida que hoy es un destino tur¨ªstico de primer nivel en el pa¨ªs", resume L¨®pez. "Cuando estas comunidades decidieron recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay 15 personas bajo proceso por varios delitos como instigaci¨®n para cometer delitos, usurpaci¨®n de bienes del estado... ?D¨®nde se ha visto que una comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con ¨®rdenes de captura para ir a la c¨¢rcel por defender su territorio?, protesta, indignado.
Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como ¡°armas¡± contra los pueblos ind¨ªgenas, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra ellos. "Unos meses antes de ser asesinado, Claudio me dijo que cualquier d¨ªa amanec¨ªa con una bala en la cabeza. ?l escrib¨ªa cartas a ministros, hac¨ªa denuncias ante el Gobierno, y nunca hubo una investigaci¨®n de qu¨¦ les pas¨®. Nadie est¨¢ preso, hay impunidad total", abunda Da Silva en una de sus intervenciones.
Otro sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta C¨¢ceres, ind¨ªgena hondure?a que lleg¨® a ganar por su labor el m¨¢ximo reconocimiento para activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la construcci¨®n de una presa en un r¨ªo de su pa¨ªs del que dependen varias comunidades de la etnia lenca. Pese a la presi¨®n internacional para que se investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por expertos y las palabras de un testigo presencial, no ha habido condena alguna.
"El caso de Berta muestra c¨®mo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de las personas que est¨¢n defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en este caso, sus r¨ªos. Esto es una cosa cr¨®nica en nuestros pa¨ªses, est¨¢n siendo asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras", asevera L¨®pez. "Lo que hace falta es un compromiso de los Gobiernos de una protecci¨®n m¨ªnima".
Los Gobiernos deben actuar
Para L¨®pez, las demandas m¨¢s urgentes son completar los procesos de devoluci¨®n, demarcaci¨®n y saneamiento de las tierras ind¨ªgenas. "Hay legislaci¨®n que en el papel es excelente, pero en la pr¨¢ctica no se aplica, al contrario, se ha mantenido un estado de abandono a la ley del m¨¢s fuerte", afirma. En segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicci¨®n, organizaci¨®n y administraci¨®n de tierras y bosques que las comunidades tienen. Y en tercero, coherencia en t¨¦rminos de pol¨ªticas p¨²blicas: "que no establezcas por un lado una tierra protegida y est¨¦s por otro lado promoviendo la expansi¨®n del cultivo de la palma o de proyectos hidroel¨¦ctricos abusivos", detalla.
Se privilegia a las empresas por los intereses econ¨®micos y comerciales que hay detr¨¢s Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los derechos de los ind¨ªgenas
Para C¨¦sar, el ind¨ªgena colombiano es tambi¨¦n importante brindar medidas de protecci¨®n colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el Gobierno colombiano. "Lo que se est¨¢ haciendo actualmente es otorgar medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo que ha hecho que muchos l¨ªderes que llevan procesos fuertes en territorios ind¨ªgenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a resguardar en las grandes ciudades. Ah¨ª quedan totalmente aislados y abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten", denuncia.
"Ellos [los pueblos ind¨ªgenas] necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y en la pr¨¢ctica. Incluso en los pa¨ªses donde la ley los contempla, no hay ninguna garant¨ªa de que no sean menoscabados por intereses econ¨®micos, que son los que prevalecen. As¨ª que necesitan una protecci¨®n real y una implementaci¨®n real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han votado y aprobado por muchos Gobiernos", recomienda Tauli-Corpuz en Oslo. Entre otras medidas, la Relatora exige en su informe a los Estados que realicen investigaciones prontas e imparciales de los cr¨ªmenes, que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los due?os de las tierras sobre las que se realice cualquier proyecto y que la legislaci¨®n vigente imponga obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violaci¨®n de derechos humanos, y revocar toda legislaci¨®n que criminalice el modo de vida ind¨ªgena.
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