La batalla por el aire de Europa
As¨ª intent¨® sabotear la normativa europea el grupo de presi¨®n del carb¨®n. Estuvo a punto de salirse con la suya
Los intrincados estratos de la burocracia de la Uni¨®n Europea pueden parecer el sitio perfecto para esconderse, pero el ojo experto es capaz de ver a trav¨¦s de ellos. Por eso, cuando el personal de la Unidad Europea de Greenpeace se enter¨® de lo que estaba sucediendo en el Grupo T¨¦cnico de Trabajo para la Directiva de las Emisiones Industriales, se dio cuenta de que algo no funcionaba como deber¨ªa.
Los Grupos T¨¦cnicos de Trabajo (TWG, por sus siglas en ingl¨¦s) est¨¢n compuestos por comit¨¦s de expertos convocados por la UE para que debatan los pormenores de sus pol¨ªticas. En este caso, la principal tarea del grupo consist¨ªa en establecer los est¨¢ndares conocidos como Documentos de referencia europeos de las mejores t¨¦cnicas disponibles (BREF, por sus siglas en ingl¨¦s) y establecer las normas para las emisiones generadas por las grandes centrales de combusti¨®n interna. Entre ellas figuraban los l¨ªmites para los contaminantes del aire tales como la materia particulada, el di¨®xido de azufre, los ¨®xidos de nitr¨®geno y los metales t¨®xicos como el mercurio y el plomo.
Ahora bien, en este grupo en concreto, gran parte de los denominados expertos presionaban a favor de una normativa indulgente que permitiese que las centrales el¨¦ctricas de carb¨®n emitiesen estos contaminantes a unos niveles nocivos para la salud de la poblaci¨®n europea.
Apelando a la libertad de informaci¨®n, los trabajadores de Greenpeace presentaron una serie de solicitudes y descubrieron datos adicionales que los dejaron estupefactos. De los 352 miembros del grupo de trabajo, 183 eran empleados directos de las empresas energ¨¦ticas o cabilderos pagados para promover sus intereses. En total, los representantes retribuidos por el sector formaban m¨¢s de la mitad del comit¨¦, lo cual otorgaba a las industrias contaminantes el m¨¢ximo poder de decisi¨®n sobre las condiciones en las que se autorizar¨ªa su actividad.
En abril de 2015, Greenpeace public¨® los resultados de su investigaci¨®n en un informe titulado Smoke & Mirrors: How Europe's biggest polluters became their own regulators (Humo y espejos: De qu¨¦ manera los m¨¢ximos contaminadores de Europa se convirtieron en sus propios reguladores). Sus conclusiones eran duras: los est¨¢ndares de contaminaci¨®n del aire considerados por la Oficina de Control de la Contaminaci¨®n de la UE eran m¨¢s permisivos que los de Jap¨®n, Estados Unidos y hasta China, con toda su dependencia del carb¨®n.
Aparte de los 137 delegados de las empresas enviados ex profeso al grupo de trabajo para representarlas, muchas de las delegaciones nacionales tambi¨¦n estaban compuestas total o parcialmente por operadores de centrales el¨¦ctricas o empleados de compa?¨ªas energ¨¦ticas. Todos ellos obtendr¨ªan ventajas directas de unas normativas sobre emisiones poco exigentes que no les exigir¨ªan que gastasen dinero en acondicionar sus instalaciones. La decisi¨®n demuestra, cuando menos, poca visi¨®n de futuro. En el caso de China, se prev¨¦ que la mera adopci¨®n a gran escala de tecnolog¨ªas para reducir las emisiones resulte m¨¢s que rentable.
Sebastian Mang, asesor de pol¨ªtica clim¨¢tica y energ¨¦tica de la oficina de Greenpeace en la Uni¨®n Europea y participante en el informe, afirma que el grado de influencia de la industria super¨® todo lo que hab¨ªa visto hasta entonces: "Esta captura del regulador tambi¨¦n sucede en otros sectores, pero por lo general no con asuntos tan importantes", denuncia. "Esta vez el proceso fue especialmente malo. Fue incre¨ªble".
Al mismo tiempo que las empresas contaminantes inundaban el grupo de trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente con el fin de desbaratar el control de las emisiones, el organismo advert¨ªa de que miles de millones de europeos morir¨¢n prematuramente debido a la contaminaci¨®n del aire si los Gobiernos de los Estados miembros no act¨²an.
Imaginen una ciudad europea peque?a pero importante, como Toulouse en Francia, Bratislava en Eslovaquia, Edimburgo o Liverpool en Reino Unido o?Gdansk en Polonia. Ahora imaginen que la poblaci¨®n de una de ellas muere en un a?o y nosotros seguimos subestimando ¡ªcon un margen de decenas de miles¡ª el n¨²mero de habitantes del continente que fallecen antes de tiempo debido a la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica.
Seg¨²n un informe del Tribunal de Cuentas de la Uni¨®n, se calcula que en la UE se producen cada a?o 510.000 muertes prematuras a consecuencia de la contaminaci¨®n del aire. La cifra es enorme, y convierte el problema en la primera causa ambiental de muerte prematura en Europa con diferencia. El n¨²mero de v¨ªctimas es m¨¢s de 10 veces superior al de muertes por accidentes de tr¨¢fico.
Considerando estos datos impactantes, cabr¨ªa esperar que los Estados miembros hiciesen todo lo que estuviese en su mano por paliar los efectos de un fen¨®meno con unas repercusiones tan dr¨¢sticas para la salud de la ciudadan¨ªa. Por el contrario, los Gobiernos nacionales a menudo conspiran para boicotear las medidas de restricci¨®n de la contaminaci¨®n que, sin lugar a dudas, salvar¨ªan vidas.
A este respecto, hay pa¨ªses peores que otros, y un selecto grupito aparece una y otra vez en la lista de los que se oponen a la regulaci¨®n. Reino Unido es uno de ellos. En 2016, despu¨¦s de que la Uni¨®n Europea acordase rebajar los objetivos de contaminaci¨®n atmosf¨¦rica de aqu¨ª a 2030, un diplom¨¢tico revel¨® a The Guardian que este pa¨ªs hab¨ªa sido fundamental para la formaci¨®n de una coalici¨®n de algunos de los mayores contaminadores contra la propuesta.
Unas normas m¨¢s estrictas paras las emisiones de las grandes centrales el¨¦ctricas pueden salvar alrededor de 20.000 vidas al a?o
Polonia tambi¨¦n se ha mostrado particularmente activa en el mismo frente. En marzo de 2018 emprendi¨® acciones legales contra la Comisi¨®n Europea dirigidas a cuestionar los est¨¢ndares de contaminaci¨®n atmosf¨¦rica para las grandes centrales el¨¦ctricas. La acci¨®n cont¨® con el apoyo de Bulgaria, que en 2013 ten¨ªa la peor calidad del aire de Europa, pero que m¨¢s adelante fue superada por Bosnia-Herzegovina y la Rep¨²blica de Macedonia.
La oposici¨®n a las medidas para solucionar el problema puede parecer censurable por s¨ª misma, pero la historia no acaba aqu¨ª. Por si esto fuera poco, adem¨¢s del importante grupo de pa¨ªses que intenta obstaculizar la normativa, los que registran las tasas de emisiones m¨¢s elevadas gastan en conjunto miles de millones anuales en subvencionar la industria del carb¨®n, contribuyendo activamente a que las empresas contaminantes sigan con su actividad.
Un informe del Instituto de Desarrollo de Ultramar, un centro de estudios mundial ideol¨®gicamente independiente, descubri¨® que, entre 2005 y 2016, los 10 pa¨ªses europeos que producen el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energ¨ªa concedieron una media de 6.300 millones de euros anuales en subsidios al carb¨®n. Todos ellos ¡ªAlemania, Polonia, Espa?a, Holanda, Reino Unido, Grecia, Chequia, Hungr¨ªa, Italia y Francia¡ª otorgaron alguna forma de ventaja fiscal a las empresas que participaban en las diversas fases de la cadena de suministro del carb¨®n, incluida la miner¨ªa, el procesado/refinamiento y la explotaci¨®n de las centrales el¨¦ctricas, lo cual abarat¨® los costes del uso de esta fuente de energ¨ªa.
A pesar de estas ayudas, la rentabilidad del carb¨®n no ha dejado de descender, mientras que otras formas de generaci¨®n de energ¨ªa se vuelven cada d¨ªa m¨¢s eficientes y econ¨®micas. En Europa, las energ¨ªas renovables est¨¢n despegando sin nuevas subvenciones de los Gobiernos, y una reciente cosecha de proyectos de generaci¨®n de electricidad prospera por sus propios medios. Por eso la industria del carb¨®n, en un ¨²ltimo y d¨¦bil estertor ¡ªy prescindiendo de las consecuencias para la salud p¨²blica¡ª, ha intentado sabotear una normativa que amenazaba con acelerar el declive de los combustibles f¨®siles.
Al final, aun habiendo inundado el grupo t¨¦cnico de trabajo con una mayor¨ªa de representantes de la industria, el sector del carb¨®n no logr¨® introducir las enmiendas que esperaba. A ra¨ªz de investigaciones como el informe Smoke & Mirrors de Greenpeace y las campa?as de muchos otros grupos ecologistas, como la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en ingl¨¦s), en 2017 se impuso un conjunto de normas m¨¢s estrictas paras las emisiones de las grandes centrales el¨¦ctricas. Estas medidas pueden salvar alrededor de 20.000 vidas al a?o, que es el n¨²mero de personas que morir¨ªan de enfermedades causadas o agravadas por la contaminaci¨®n del aire si la normativa fuese m¨¢s tolerante.
Los pa¨ªses que registran las tasas de emisiones m¨¢s elevadas gastan en conjunto miles de millones anuales en subvencionar la industria del carb¨®n
Lamentablemente, aunque la reglamentaci¨®n para la industria se haya endurecido, las infracciones de las normas europeas m¨¢s generales en materia de contaminaci¨®n que afectan a la calidad del aire son constantes. En este aspecto, Londres es uno de los peores infractores. En 2018, la ciudad alcanz¨® el l¨ªmite anual de d¨ªas de contaminaci¨®n atmosf¨¦rica grave a finales de enero. Adem¨¢s, el a?o anterior los niveles de calidad del aire superaron los l¨ªmites legales en 50 puntos de la ciudad.
La falta de uniformidad en el sistema de aplicaci¨®n de la normativa en los diferentes miembros de la UE complica a¨²n m¨¢s la situaci¨®n. "A escala de los Estados miembros no se observa el impulso inmediato necesario para garantizar que se alcancen los objetivos establecidos por la legislaci¨®n comunitaria", denuncia Margherita Tolotto, responsable de la pol¨ªtica de calidad del aire de la EEB. "El asunto es todav¨ªa m¨¢s complicado cuando se trata de Estados en los que el gobierno est¨¢ fragmentado".
"Por ejemplo, en Italia hay regiones responsables del establecimiento de planes de calidad del aire, y tenemos que asegurarnos de que los objetivos se cumplen. Es dif¨ªcil identificar qui¨¦n hace qu¨¦. El Estado miembro es responsable ante la Comisi¨®n Europea, y las regiones tienen la responsabilidad de actuar sobre el terreno", a?ade.
Adem¨¢s, entre los est¨¢ndares de las distintas jurisdicciones para medir la contaminaci¨®n del aire e informar al respecto existen sorprendentes diferencias. En algunos casos, las ciudades definen como buenos unos niveles de calidad del aire que para los criterios de la Uni¨®n Europea son "deficientes".
La Comisi¨®n Europea, cansada de que los Estados miembros eviten por sistema combatir los perjudiciales niveles de contaminaci¨®n del aire, anunci¨® en mayo de 2018 que iba a llevar a seis pa¨ªses ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea por infringir sus normas de manera reiterada. La primera demanda suele acabar en una advertencia, pero las posteriores pueden tener como consecuencia sanciones multimillonarias. "Los Estados miembros pueden decidir si les sale m¨¢s barato cumplir las normas o pagar las multas", se?ala Tolotto.
?Aun as¨ª, en agosto, un grupo de 11 pa¨ªses, entre ellos Francia, Espa?a, Alemania y Reino Unido, causaron estupor al pedir a la Comisi¨®n que elevase los objetivos de emisiones de manera retroactiva para evitar las sanciones. Lo que pretend¨ªan en la pr¨¢ctica era que se los eximiese de la responsabilidad por su pasada inacci¨®n frente al problema.
Cuando se contact¨® con el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentaci¨®n y Asuntos Rurales de Reino Unido en relaci¨®n con el tema, declar¨® lo siguiente: "Si bien la calidad del aire ha mejorado significativamente desde 2010, entendemos que sigue suponiendo un riesgo para la salud humana y somos conscientes de que queda mucho por hacer. Estamos actuando para combatir la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica con m¨¢s rapidez que cualquier otra gran econom¨ªa desarrollada a trav¨¦s de un ambicioso plan de reducci¨®n de las emisiones nocivas dotado de 3.500 millones de libras, una audaz Estrategia de Aire Limpio, y una nueva normativa legal b¨¢sica en nuestro pr¨®ximo Proyecto de Ley de Medio Ambiente que incluye disposiciones para mejorar la calidad del aire".
Frente a la relativa pasividad de los Estados miembros, hay numerosos inicios de que los ciudadanos quieren controles m¨¢s estrictos de la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica y est¨¢n dispuestos a tomar la iniciativa all¨ª donde los Gobiernos no lo hagan. Para demostrarlo, Tolotto cita la tendencia a la "ciencia ciudadana", consistente en proyectos econ¨®micos a gran escala como el belga CurieuzeNeuzen, en el que 20.000 habitantes de la regi¨®n de Flandes muestrearon la calidad del aire en el exterior de sus viviendas.
Efectivamente, un informe del Tribunal de Cuentas de la UE ¡ªel mismo documento que calcula que m¨¢s de medio mill¨®n de habitantes de la Uni¨®n mueren prematuramente cada a?o debido a la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica¡ª se?ala lo siguiente: "Una muestra de la creciente importancia de la acci¨®n ciudadana son los recientes procesos judiciales impulsados por la ciudadan¨ªa y las ONG contra sus autoridades nacionales. Los tribunales de la Rep¨²blica Checa, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han fallado a favor del derecho de los ciudadanos al aire limpio, y han reclamado a los Estados miembros afectados que adopten m¨¢s medidas para combatir la poluci¨®n".
Todav¨ªa queda mucho por hacer, y hay mucho en juego. Numerosas organizaciones ecologistas est¨¢n empe?adas en que la Uni¨®n Europea siga por el buen camino. "Mis compa?eros y otras ONG se esfuerzan al m¨¢ximo para garantizar que las normas se aplican debidamente, lo cual significa cerrar centrales [alimentadas con carb¨®n], sobre todo en el este de Europa y en Alemania", afirma Sebastian Mang, de Greenpeace.
Gracias a estos esfuerzos, el plan inicial del grupo de presi¨®n del carb¨®n para hacerse con el control del Grupo T¨¦cnico de Trabajo para la Directiva de las Emisiones Industriales fracas¨® y se salvaron miles de vidas. Es f¨¢cil olvidarse de que, si queremos que algo tan fundamental e invisible como el aire siga siendo seguro, demos mantenerlo y conservarlo cuidadosamente. Ahora bien, la ausencia de unas normas claras que protejan el aire que respiramos permitir¨¢ que los contaminadores hagan recaer los costes de sus industrias nocivas sobre la poblaci¨®n en general.
All¨¢ donde existan incentivos para que se d¨¦ prioridad al beneficio econ¨®mico sobre la gente, la salud p¨²blica estar¨¢ en peligro, a menudo sin que la ciudadan¨ªa sea plenamente consciente de ello. Por eso es vital disponer de una normativa ambiental rigurosa. Nuestra seguridad y nuestro derecho a respirar aire limpio son demasiado importantes como para dejar nada al azar.
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