Condenas, delitos y hechos: claves de la sentencia del ¡®proc¨¦s¡¯
El Supremo concluye que los l¨ªderes del 1-O alentaron acciones tumultuarias pero no instigaron actos violentos para conseguir la independencia
Los l¨ªderes del proc¨¦s promovieron las movilizaciones tumultuarias que se produjeron en Catalu?a en septiembre y octubre de 2017, pero no instigaron actos violentos para conseguir la independencia. Esta, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, es la conclusi¨®n a la que ha llegado el Tribunal Supremo para descartar la rebeli¨®n y condenar por sedici¨®n a los nueve procesados que est¨¢n en prisi¨®n preventiva. La sala considera acreditada tambi¨¦n la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La combinaci¨®n de ambos delitos acarrear¨¢ para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, largas penas de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n.
Descartada la rebeli¨®n consumada, tal como adelant¨® el viernes EL PA?S, la sentencia que el Supremo prev¨¦ notificar ma?ana contempla condenas de sedici¨®n para los nueve encarcelados del proc¨¦s: el exvicepresidente Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los l¨ªderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de ?mnium Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, respectivamente. El tribunal que preside Manuel Marchena se acerca as¨ª a la calificaci¨®n jur¨ªdica que present¨® la Abogac¨ªa del Estado. Y entiende que los l¨ªderes secesionistas promovieron las movilizaciones tumultuarias que se produjeron en Catalu?a en oto?o de 2017, pero no instigaron premeditadamente actos violentos como parte de su plan para declarar la independencia. Esa es la l¨ªnea que separa la sedici¨®n de la rebeli¨®n.
La decisi¨®n, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la han adoptado por unanimidad los siete magistrados que juzgaron el proc¨¦s. La condena m¨¢s larga ser¨¢ para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que como el resto de exconsejeros presos ser¨¢ castigado tambi¨¦n por el delito de malversaci¨®n (el tribunal considera que se usaron fondos p¨²blicos en la consulta ilegal del 1-O). La malversaci¨®n y la sedici¨®n se aplicar¨¢n en concurso medial: uno de los delitos no se puede producir sin el otro. Eso supone una rebaja del castigo, porque las penas de ambos delitos no se suman por separado. Estas son algunas claves de la sentencia:
?Por qu¨¦ se condena por sedici¨®n y no por rebeli¨®n? La rebeli¨®n se encuadra entre los llamados ¡°delitos contra la Constituci¨®n¡± y consiste en un alzamiento ¡°violento y p¨²blico¡± que persigue modificar las estructuras del Estado (en este caso, lograr la independencia de Catalu?a). El Supremo considera acreditado que hubo al menos dos jornadas plagadas de violencia durante el proc¨¦s (la concentraci¨®n ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa el 20 de septiembre y los altercados dentro y fuera de colegios electorales el 1-O). Pero considera que para que haya rebeli¨®n la violencia ha de ser parte estructural del plan independentista. Y en el caso catal¨¢n, seg¨²n el Supremo, los acusados no buscaron ni planificaron los actos violentos como parte del proc¨¦s.
La sedici¨®n que se atribuye a Junqueras y otros ocho l¨ªderes independentistas es un delito contra el orden p¨²blico previsto para quienes ¡°sin estar comprendidos en el delito de rebeli¨®n, se alcen p¨²blica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes o a cualquier autoridad, corporaci¨®n oficial o funcionario p¨²blico, el leg¨ªtimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales¡±. Aunque los pol¨ªticos independentistas no participaron directamente en los tumultos, el tribunal cree que promovieron las concentraciones que los generaron. Y que lo hicieron sabiendo que pod¨ªan desencadenarse incidentes, seg¨²n las fuentes consultadas.
La malversaci¨®n, acreditada. Junqueras y los otro cinco exconsejeros encarcelados de forma preventiva tambi¨¦n ser¨¢n condenados por malversaci¨®n: el tribunal considera acreditado que usaron fondos de sus departamentos para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O, siempre seg¨²n las citadas fuentes. La malversaci¨®n y la sedici¨®n se aplicar¨¢n en concurso medial, que significa que uno de los delitos (sedici¨®n) no se pudo producir sin el otro (malversaci¨®n). Esta premisa beneficia a los acusados porque implica una rebaja en las penas respecto a si se sumaran las condenas por separado.
Penas moduladas.?El C¨®digo Penal contempla para la sedici¨®n penas de entre 4 y 15 a?os de c¨¢rcel, seg¨²n el grado de participaci¨®n y la gravedad de los hechos. En el que caso de quienes hubieran ¡°inducido, sostenido o dirigido¡± la sedici¨®n o sean considerados sus ¡°principales actores¡±, la pena es de 8 a 10 a?os. Y de 10 a 15 ¡°si fueran personas constituidas en autoridad¡±. La Abogac¨ªa del Estado, que acus¨® a los exconsejeros encarcelados por sedici¨®n en concurso medial con malversaci¨®n, pidi¨® para ellos penas de entre 11,5 y 12 a?os de c¨¢rcel. Para Forcadell, S¨¤nchez y Cuixart, que no est¨¢n acusados de malversaci¨®n, solicit¨® 10 (en el caso de la expresidenta del Parlament) y 8 a?os (para los l¨ªderes de ANC y ?mnium).
Desobediencia de los exconsejeros en libertad.?Los tres exmiembros del Govern que afrontaron el juicio en libertad condicional (Santi Vila, Carles Mund¨® y Meritxell Borr¨¤s) no ser¨¢n condenados a penas de prisi¨®n. La Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado ped¨ªan para ellos siete a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n, pero los magistrados les absuelven de este delito porque creen que no desviaron fondos de sus consejer¨ªas. Sin embargo, s¨ª les condenan por desobediencia. Porque participaron en una reuni¨®n del Govern en la que se aval¨® el uso de dinero p¨²blico para el proc¨¦s pese a que el Tribunal Constitucional hab¨ªa apercibido a todos para que no lo hicieran. La condena por desobediencia solo implica penas de inhabilitaci¨®n de hasta dos a?os para los tres procesados que est¨¢n en libertad. Se librar¨¢n as¨ª de entrar en la c¨¢rcel.
Inhabilitaci¨®n para todos.?Para los exconsejeros condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n, la inhabilitaci¨®n ser¨¢ mucho m¨¢s larga porque va unida a la pena que se les imponga por esos dos delitos. Hasta ahora, todos los que estaban procesados por rebeli¨®n y ocupaban cargo p¨²blico (como Junqueras en el caso del Parlament y, despu¨¦s, en el Congreso) estaban suspendidos cautelarmente en aplicaci¨®n del art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prev¨¦ la suspensi¨®n de los cargos que est¨¦n en prisi¨®n preventiva procesados por rebeli¨®n. Cuando se dicte la sentencia del Supremo, que es firme, ser¨¢n inhabilitados por el tiempo que decrete el tribunal.
Decisi¨®n un¨¢nime. El Supremo acuerda el delito de sedici¨®n con el voto un¨¢nime de sus siete miembros, siempre seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Ning¨²n magistrado ha anunciado su intenci¨®n de firmar un voto particular, pero la sentencia no est¨¢ a¨²n firmada y hasta ese momento es posible discrepar, tal como record¨® ayer el presidente del tribunal.
Puigdemont.?El expresidente catal¨¢n y los otros seis fugados de la justicia espa?ola no fueron juzgados en el Supremo, pero el tribunal prev¨¦ reactivar contra ellos la orden internacional y europea de detenci¨®n cuando se dicte sentencia. Aunque esta no contemple el delito de rebeli¨®n, la euroorden, seg¨²n las fuentes consultadas, s¨ª podr¨ªa dirigirse por este delito, adem¨¢s de por los de sedici¨®n y malversaci¨®n.
Se impone la tesis de la Abogac¨ªa
La sentencia por sedici¨®n suscribe la tesis de la acusaci¨®n ejercida por la Abogac¨ªa del Estado en vez de la de la Fiscal¨ªa, que acus¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s de rebeli¨®n. La decisi¨®n de la Abogac¨ªa, dependiente del Ministerio de Justicia, de cambiar antes del juicio su acusaci¨®n (hab¨ªa pedido la apertura de juicio oral por rebeli¨®n) se atribuy¨® a la llegada del PSOE a La Moncloa y recibi¨® fuertes cr¨ªticas por parte de PP y Ciudadanos. El cambio enfrent¨® tambi¨¦n a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, con el que hasta entonces era abogado jefe del departamento de penal, Edmundo Bal, responsable de defender la posici¨®n del Estado en la causa abierta en el Supremo por el proc¨¦s y que quer¨ªa acusar a los dirigentes independentistas por rebeli¨®n. Castro destituy¨® a Bal, que acab¨® fichado por Ciudadanos y result¨® elegido diputado por Madrid en las elecciones del 28 de abril.
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