Patolog¨ªas posinvestidura

El PP ha anunciado que no participar¨¢ en las negociaciones para renovar la composici¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y que tiene una composici¨®n de mayor¨ªa conservadora. El CGPJ no es, como algunos creen, la corporaci¨®n profesional de los jueces, sino un ¨®rgano intr¨ªnsecamente pol¨ªtico, al que corresponde el gobierno de un poder del Estado. El bloqueo del PP genera un precedente sobre la dificultad de renovaci¨®n de otros ¨®rganos constitucionales (el propio Tribunal Constitucional) o administrativos independientes del Gobierno (reguladores, supervisores, etc¨¦tera).

Son malos presagios, que vaticinan el tono de la oposici¨®n mayoritaria en la legislatura. En el acuerdo entre el PSOE y Podemos para gobernar, en el apartado titulado ¡°Regeneraci¨®n democr¨¢tica y transparencia¡± se dice textualmente: ¡°Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elecci¨®n y renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales y organismos independientes, como el caso del CGPJ, el Defensor del Pueblo, la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el consejo de administraci¨®n de RTVE. Primaremos en la b¨²squeda de dichos acuerdos los principios de m¨¦rito, capacidad, igualdad, paridad de g¨¦nero y prestigio profesional¡±. A la vista de las intenciones del PP, parece ut¨®pica tal renovaci¨®n; adem¨¢s, existen numerosos antecedentes de la capacidad de bloqueo de la derecha cuando no gobierna.

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La extravagancia de no tener Gobierno

Los problemas surgen cuando se trata de colonizar o instrumentalizar estas instituciones. Las dificultades provienen no de su politizaci¨®n, como abusivamente se interpreta, sino de su partidizaci¨®n, que provoca el desmoronamiento de su imagen y prestigio y la confianza de la ciudadan¨ªa en su buen funcionamiento. En demasiadas ocasiones, los ¨®rganos constitucionales y administrativos independientes parecen enfermos dada su manipulaci¨®n. Entre las patolog¨ªas que sufren se pueden destacar las siguientes: primero, el bloqueo y los retrasos interesados de las renovaciones peri¨®dicas por falta de acuerdo entre las grandes formaciones pol¨ªticas, normalmente debido a la ausencia de inter¨¦s pol¨ªtico de uno de los grupos en que se produzca la renovaci¨®n; segundo, la negociaci¨®n de las vacantes por ¡°cuotas de partido¡± (cada grupo coloca a sus candidatos con independencia del otro). Este fen¨®meno se agrava cuando se empaquetan vacantes en distintas instituciones (Constitucional, CGPJ, RTVE¡­); como consecuencia de ello se produce una l¨®gica faccional: sus miembros acaban actuando en cada vez mayor medida con un grado de alineamiento parecido a la disciplina con la que funcionan los grupos pol¨ªticos en las instituciones representativas.

Y sin embargo estas son vitales para el buen funcionamiento del Estado de derecho y para la calidad de una democracia, porque realizan funciones fiscalizadoras o revisoras o porque se les encomiendan determinados ¨¢mbitos de decisi¨®n que se sustraen al ¨¢mbito directo de los poderes pol¨ªticos por entender que deben gestionarse en condiciones de neutralidad partidaria (que no pol¨ªtica). Ello no significa que carezcan de legitimidad democr¨¢tica, ya que sus miembros son designados por los poderes democr¨¢ticos (Gobiernos o Parlamentos) y ejercen funciones en el marco de la ley. Pero sus componentes no est¨¢n sometidos en el ejercicio de sus funciones a instrucci¨®n ni directriz alguna, ni son libremente removibles por p¨¦rdida de confianza de los poderes pol¨ªticos que los han designado, gozando habitualmente de un mandato (normalmente superior) al de las legislaturas.

Los cr¨ªticos con una excesiva independencia de estas instituciones las han denominado ¡°instituciones ademocr¨¢ticas¡± y entienden que su multiplicaci¨®n procede en ¨²ltima instancia del recelo ante la voluntad de los ciudadanos. Pero no es precisamente este tipo de cr¨ªtica en el que se apoya el PP para resistirse a la renovaci¨®n de estos organismos. La soluci¨®n a las patolog¨ªas citadas no parece radicar en el campo de las normas (la regulaci¨®n espa?ola es homologable a la de los pa¨ªses de nuestro entorno), sino a un cambio de cultura institucional. Ese cambio no ha llegado a¨²n a las filas del partido de Pablo Casado.