Refundar la globalizaci¨®n: una ley europea contra los excesos del capitalismo global

Mucho se viene divagando acerca de c¨®mo ser¨¢ el mundo despu¨¦s del coronavirus. La globalizaci¨®n, tal y como la conocemos, es una de las v¨ªctimas recurrentes de esa futurible transformaci¨®n que los expertos aseguran que podr¨ªamos experimentar. Si bien, entre tantos y tan diversos pron¨®sticos, es dif¨ªcil distinguir las predicciones rigurosas de los anhelos oportunistas, en lo que respecta a la globalizaci¨®n econ¨®mica, parece que algo est¨¢ definitiva y afortunadamente destinado a cambiar.

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Una pandemia global, pero asim¨¦trica

?Por qu¨¦ debemos hablar de riesgo y no solo de vulnerabilidad?

?Y qu¨¦ pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

El anuncio se ven¨ªa esperando desde hace tiempo, y hace un par de semanas, al fin, el Comisario de Justicia de la UE hizo p¨²blico su compromiso con una iniciativa legislativa que, previsiblemente, ver¨¢ la luz en 2021, y que promete alterar significativamente la relaci¨®n de nuestras empresas con sus cadenas globales de suministro.

En un encuentro virtual con europarlamentarios, el Comisario asegur¨® que es necesaria una regulaci¨®n europea que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y responder de los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en los que puedan estar involucradas sus filiales, subcontratistas o proveedores extranjeros.

La concepci¨®n de la iniciativa se retrotrae a mucho antes del estallido de la pandemia y tiene, por tanto, poco que ver con esta y mucho con la incansable lucha de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil (entre ellas, la Coalici¨®n Europea por la Justicia Empresarial) por algo tan b¨¢sico como un marco jur¨ªdico que exija a las empresas la debida diligencia a la hora de operar o de abastecerse en el extranjero (en particular, en pa¨ªses en desarrollo).

El Comisario de Justicia ha puesto la primera piedra de un proceso legislativo que se prev¨¦ largo y complejo, por los grandes intereses econ¨®micos afectados, pero que, con suerte, podr¨ªa culminar en una norma que podr¨ªamos calificar casi de revolucionaria, que permitir¨ªa a los gobiernos europeos sancionar a las empresas que omitan garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente a escala global, y a sus v¨ªctimas reclamarles las debidas compensaciones por los da?os causados.

Nuestras empresas a menudo omiten ejercer la debida supervisi¨®n e influencia sobre sus cadenas de suministro y evitan intervenir o tan siquiera conocer los abusos que tienen lugar en sus procesos productivos

V¨ªctimas como las de la tragedia escalofriante del Rana Plaza, de la que el pasado 24 de abril se cumplieron siete a?os, cuando una f¨¢brica textil de ocho pisos en Dacca que no cumpl¨ªa con la normativa m¨ªnima de seguridad, se vino abajo, llev¨¢ndose la vida de m¨¢s de mil trabajadores. Hoy, las marcas que recurr¨ªan y siguen recurriendo a la mano de obra barata que provee Banglad¨¦s no asumen m¨¢s responsabilidad legal que la que asum¨ªan en 2013. Es decir, ninguna. Y ello a pesar de que, a menudo, no act¨²an como simples compradores, sino que ejercen un control de facto sobre sus proveedores, los cuales, cuando acaece el desastre, se ven arruinados y las v¨ªctimas, por tanto, privadas de reparaci¨®n.

Este no es un mal, por supuesto, que ata?a solo al sector textil, aunque este, recientemente sometido a un intenso proceso de externalizaci¨®n y deslocalizaci¨®n, sea quiz¨¢ uno de los que m¨¢s inquietan al consumidor. Tambi¨¦n son archiconocidas las deplorables condiciones de los trabajadores que extraen los minerales de los que se abastecen las grandes marcas electr¨®nicas. Apple, Google, Dell, Tesla y Microsoft se enfrentan a una demanda en EE UU tras el derrumbe de una mina de cobalto en Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo que mat¨® a 14 menores.? O las de aquellos en los primeros eslabones de las cadenas de suministro de nuestros alimentos. Ferrero, por ejemplo, ha sido recientemente objeto de cr¨ªticas por la supuesta presencia de trabajo infantil en la cadena de suministro de sus famosos bombones, en particular, en Turqu¨ªa. O los desastres medioambientales con los que se relaciona a las grandes empresas petroleras: la francesa Total se enfrenta ahora mismo a un proceso judicial pionero por sus actividades en un parque natural protegido de Uganda. O los abusos contra las poblaciones m¨¢s vulnerables en los que se han visto implicadas grandes constructoras patrias. ACS ha sido se?alada por su vinculaci¨®n con un proyecto hidroel¨¦ctrico en Guatemala que amenaza el medio ambiente y la forma de vida de la comunidad ind¨ªgena local; y Ferrovial, acusada de lucrarse de la gesti¨®n de pol¨¦micos centros de refugiados en Australia, escenario de graves abusos contra los derechos humanos.

Alg¨²n pa¨ªs europeo ya hab¨ªa tratado de tomar cartas en el asunto, antes de que la UE se decidiera a actuar. En concreto, Francia aprob¨® en 2017 la ley m¨¢s avanzada en esta materia, aunque con un ¨¢mbito de aplicaci¨®n limitado. El debate, sin embargo, no termina de despegar en Espa?a, si bien el PSOE se comprometi¨® expresamente en su programa electoral de abril de 2019 a atajar las violaciones de derechos humanos en las cadenas de producci¨®n de las empresas transnacionales a trav¨¦s de una Ley de Diligencia Debida; un compromiso que har¨ªa bien en recuperar si Espa?a pretende influir en el debate que Bruselas tiene intenci¨®n de abrir muy pronto.

Pandemia, S.L. Riesgos globales, responsabilidades locales

La covid-19 ha puesto en evidencia todav¨ªa m¨¢s, si cabe, la necesidad de legislar esa responsabilidad empresarial extramuros. La pandemia ha revelado el rid¨ªculo grado de descontrol de un capitalismo global que ha estirado el laissez-faire hasta su expresi¨®n m¨¢s radical en jurisdicciones que carecen de legislaciones robustas y, lo que es m¨¢s grave, de recursos para controlar y asegurar su cumplimiento. Una globalizaci¨®n alegal donde nuestras empresas a menudo omiten ejercer la debida supervisi¨®n e influencia sobre sus cadenas de suministro, extensas e intrincadas, y evitan intervenir o tan siquiera conocer los abusos que tienen lugar en sus procesos productivos.

Este modelo de globalizaci¨®n, tan lucrativo y a la vez tan vulnerable, ha puesto en peligro la provisi¨®n de bienes esenciales en Europa, y en riesgo la salud y la econom¨ªa de millones de trabajadores en las cadenas globales de suministro de nuestras empresas, despedidos y desprotegidos tras la paralizaci¨®n de la actividad en Europa. Pero es que ese modelo, donde el vac¨ªo regulatorio es la norma, tambi¨¦n tiene mucho que ver con el origen y la propagaci¨®n de virus como la covid-19, propiciados por la deforestaci¨®n, una de las devastadoras pr¨¢cticas empresariales, hoy impunes, que la legislaci¨®n planteada por Bruselas permitir¨ªa atajar.

El debate cobra todav¨ªa m¨¢s importancia a la luz de los generosos paquetes de rescate que planean los Estados en respuesta a la crisis de la covid-19. De la misma forma que cada vez m¨¢s gobiernos parecen convenir en excluir de esas ayudas a las empresas registradas en para¨ªsos fiscales, cabe preguntarse asimismo si, a la espera de esa legislaci¨®n que plantea Bruselas, no debieran condicionarse ya los rescates al cumplimiento de unos m¨ªnimos est¨¢ndares de derechos humanos, sociales y medioambientales, una pregunta a la que, por cierto, Dinamarca se ha apresurado a responder afirmativamente.

Alejandro Garc¨ªa Esteban trabaja para la Coalici¨®n Europea por la Justicia Empresarial (ECCJ).

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