Un preso peligroso logra que se derogue una norma penitenciaria del PP
Interior suprime el protocolo despu¨¦s de que una juez concluya que es ¡°contrario¡± a la ley tras recibir una queja del recluso por ser esposado cada vez que sale de su celda
El Ministerio del Interior derog¨® este mi¨¦rcoles el protocolo penitenciario puesto en marcha en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, entre otras medidas, obligaba a esposar por la espalda a todos los reclusos catalogados como muy peligrosos cada vez que sal¨ªan de su celda, aunque fuera para ir a otra dependencia de la misma prisi¨®n. La decisi¨®n se toma despu¨¦s de que la juez de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras, Mar¨ªa del Carmen Ca?adas, dictara el pasado 28 de abril un auto en el que acepta la queja presentada por Fernando V¨¢zquez Ayude, un preso conflictivo incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), que se quejaba del trato que recib¨ªa en prisi¨®n. En su escrito, la magistrada concluye que el protocolo, dictado en la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente de Interior, es ¡°contrario al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol¡± y ¡°crea [para estos presos] un r¨¦gimen de vida distinto y ajeno al contemplado en el Reglamento Penitenciario¡±. La norma ya hab¨ªa recibido varias cr¨ªticas del Defensor del Pueblo y, en los ¨²ltimos meses, Interior la hab¨ªa suavizado, aunque la manten¨ªa en vigor.
El protocolo, denominado formalmente como Orden de Servicio de 6/2016, fue dictada en agosto de 2016, un mes despu¨¦s de que Fabrizio Joao Silva Ribeiro, un preso conocido como ¡®Hannibal Lecter¡¯ por su peligrosidad, hiriese a ocho funcionarios de la c¨¢rcel de Puerto III (C¨¢diz), dos de ellos de gravedad, cuando intentaban cachearle. Silva, que fue encontrado muerto el pasado octubre en la celda que ocupaba en la prisi¨®n pontevedresa de A Lama, era entonces uno de los 200 presos clasificados como FIES 1, una categor¨ªa reservada para aquellos internos que han atentado ¡°directa y gravemente contra la integridad f¨ªsica¡± de otros internos o de trabajadores penitenciarios. A partir de esa norma, a todos estos presos se les recluy¨® en celdas alejadas de las que ocupaban otros internos y sal¨ªan al patio ¡°de forma individual¡±. Tambi¨¦n se les somet¨ªa a continuos cacheos corporales -en alg¨²n caso con desnudo integral- y registros de sus celdas en busca de objetos prohibidos. Cada vez que sal¨ªan de estas, deb¨ªan ser esposados a la espalda y se evitaba que se cruzaran con otros internos.
La orden ha recibido durante los casi cuatro a?os que ha estado en vigor numerosas cr¨ªticas del Defensor del Pueblo, que ya en su informe anual de 2016 como Mecanismo Nacional de Prevenci¨®n de la Tortura, concluy¨® que su aplicaci¨®n creaba ¡°unas condiciones de dureza intensa¡± a los reclusos a los que se les aplicaba. El documento recalcaba que los presos sometidos a ¨¦l sufr¨ªan un ¡°total aislamiento¡± que superaba el r¨¦gimen m¨¢s restrictivo contemplado por la Ley General Penitenciaria e instaba al Gobierno del PP a limitar el uso de ¡°las medidas coercitivas¡±. El entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, desoy¨® la recomendaci¨®n. En el informe de 2018, el ¨²ltimo conocido hasta ahora, el Defensor mostraba de nuevo sus ¡°severas discrepancias¡± con el protocolo y ped¨ªa ¡°reexaminarlo¡±. Entonces, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente del ministerio, se modific¨® para eliminar la aplicaci¨®n sistem¨¢tica de la medida, aunque se mantuvo para casos concretos.
Uno de ellos era el de V¨¢zquez Ayude, un preso condenado a 66 a?os por, entre otros, dos delitos de homicidio cuyo historial delictivo incluye graves hechos cometidos dentro de prisi¨®n, como el apu?alamiento de otro interno y el secuestro de un funcionario durante un mot¨ªn que encabez¨®. V¨¢zquez Ayude, conocido como el Hannibal gallego, remiti¨® el pasado 27 de diciembre a la juez de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras un escrito en el que se quejaba de que cada vez que abandonaba su celda era esposado con las manos a la espalda y siempre estaba solo cuando sal¨ªa al patio.
En el auto en el que le da la raz¨®n, la magistrada recuerda que la aplicaci¨®n de las medidas recogidas en la orden deb¨ªa ser comunicada a la autoridad judicial y que estas solo se mantendr¨ªan ¡°el tiempo estrictamente necesario¡±, nunca de manera indefinida como hasta ahora. Por ello, concluye que el protocolo instaurado por el PP en 2016 ¡°debe dejar de ser aplicado pues es contrario al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol¡±. Y recalca que ning¨²n r¨¦gimen de vida penitenciario contempla ¡°el aislamiento absoluto de forma indefinida de la persona privada de libertad ni el uso ordinario de un medio coercitivo como son las esposas¡±. Pese a que el auto puede ser recurrido, Instituciones Penitenciarias decidi¨® el pasado mi¨¦rcoles derogar la norma.
En diciembre de 2018, Interior ya elimin¨® otra norma penitenciaria de la etapa del PP. Entonces, Prisiones derog¨® una orden interna de 2017 que solo permit¨ªa a las prisiones remitir a los jueces de vigilancia penitenciaria para que estudiasen una posible excarcelaci¨®n los expedientes de reclusos gravemente enfermos que estuvieran en estado terminal. El departamento de Grande-Marlaska elabor¨® para sustituirlo un protocolo que establec¨ªa nuevos criterios para determinar si un recluso se encuentra en ¡°peligro patente¡± para su vida o si sufre ¡°un padecimiento incurable¡±, aunque su vida no corra peligro. El documento, en vigor desde entonces, abre la posibilidad de poner en libertad a un interno con una esperanza de vida de hasta cinco a?os, y no de tan solo dos meses, como recog¨ªa la aprobada por el Gobierno de Rajoy.
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