Solo una quincena de los 197 presos etarras sigue apoyando el terrorismo

La situaci¨®n de los presos de ETA ha cambiado sustancialmente desde que Fernando Grande-Marlaska relev¨® a Juan Ignacio Zoido, del PP, al frente del Ministerio del Interior. En estos dos a?os y cuatro meses, el ministro del Gobierno socialista y anteriormente magistrado de la Audiencia Nacional, ha emprendido una pol¨ªtica constante y regular de acercamiento de reclusos de la organizaci¨®n terrorista a prisiones del Pa¨ªs Vasco o pr¨®ximas a esta comunidad. El cese definitivo de la violencia decretado por la banda en octubre de 2011, tras una serie de golpes policiales que fueron descabezando su c¨²pula; y su disoluci¨®n, escenificada y certificada en mayo de 2018, han permitido al Ejecutivo flexibilizar la pol¨ªtica de dispersi¨®n, que buscaba romper la cohesi¨®n del colectivo de presos y alejar a los encarcelados de la disciplina de la organizaci¨®n.

En la actualidad, las c¨¢rceles espa?olas custodian a 197 presos de ETA, la cifra m¨¢s baja en cuatro decenios; y desde que Grande-Marlaska lleg¨® al ministerio, 84 reclusos se han visto beneficiados por las medidas de aproximaci¨®n a sus lugares de residencia, que se han acelerado en las ¨²ltimas semanas. Este beneficio, sin embargo, no ha llegado sin tensi¨®n pol¨ªtica. El popular Zoido, tambi¨¦n juez, mantuvo pr¨¢cticamente inalterada la pol¨ªtica penitenciaria durante su mandato. Grande-Marlaska, que parti¨® de cero, se mueve en el filo de la navaja, entre los obst¨¢culos permanente de una derecha radicalizada que ha tratado de patrimonializar a las v¨ªctimas del terrorismo, y la izquierda abertzale, que pese a reconocer el cambio de rumbo, considera que el ritmo y el alcance de los beneficios penitenciarios es ¡°muy insuficiente¡±.

Uno de los aspectos que est¨¢ facilitando el acercamiento es el hecho de que solo una ¨ªnfima minor¨ªa de los internos ¡ªentre seis y quince, seg¨²n si el c¨®mputo lo hace la plataforma de apoyo a los presos Etxerat o Instituciones Penitenciarias, respectivamente¡ª sigue defendiendo el terrorismo como una v¨ªa v¨¢lida para lograr la independencia del Pa¨ªs Vasco. Una mayor¨ªa creciente, el 75%, asume la legalidad penitenciaria y otro 20% est¨¢ a la expectativa, seg¨²n Sare (otra red de apoyo a los presos). Adem¨¢s de los 84 traslados, los ¨²ltimos ocho esta misma semana, el Gobierno tambi¨¦n ha normalizado su situaci¨®n en prisi¨®n de la cuarta parte ¡ª42 de 197¡ª al pasar del primer grado (r¨¦gimen cerrado) al segundo.

Etarras en semilibertad

El principal punto conflictivo del Gobierno con el colectivo de presos, que apoya Bildu, radica en que no asume el arrepentimiento como requisito legal imprescindible para acceder al tercer grado (semilibertad). Solo 12 presos han alcanzado esa condici¨®n en esta etapa. Adem¨¢s, 69 presos, los m¨¢s recientes, tienen un horizonte sombr¨ªo al estar condenados por el C¨®digo Penal de 2003 que subi¨® la pena m¨¢xima de 30 a 40 a?os de cumplimiento ¨ªntegro de condena. En contraste, los condenados por el C¨®digo Penal de 1973, 44, tienen un horizonte pr¨®ximo de salida. Los vascos, seg¨²n las encuestas, apoyan mayoritariamente el acercamiento de presos a c¨¢rceles de la regi¨®n. Pero, tambi¨¦n, que los condenados por delitos de sangre cumplan sus condenas.

La aproximaci¨®n de presos a c¨¢rceles vascas o pr¨®ximas a Euskadi, como Logro?o o El Dueso, en Cantabria, es una potestad del Gobierno, y funciona regularmente. ¡°La dispersi¨®n y alejamiento de presos fue parte de la pol¨ªtica antiterrorista, pero desaparecido el terrorismo, no tiene sentido. Se impone el traslado para facilitar la reinserci¨®n de los presos¡±, se?ala Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco. Grande-Marlaska basa su pol¨ªtica en el art¨ªculo 25.2 de la Constituci¨®n y en el 12 del Reglamento Penitenciario que avalan el cumplimiento de la condena en c¨¢rceles pr¨®ximas al lugar de arraigo. Los traslados los deciden las Juntas de Tratamiento de las prisiones, de manera individualizada, en funci¨®n del comportamiento de los presos; grado de clasificaci¨®n, el tiempo cumplido de condena y el reconocimiento del da?o causado. Instituciones Penitenciarias informa de todos los movimientos a las asociaciones de v¨ªctimas del terrorismo. ¡°Lo importante es que cumplan la condena. Nos da lo mismo d¨®nde. Lo ¨²nica que pedimos al ministro es que no les trasladen a c¨¢rceles vascas, salvo que se arrepientan. No nos fiamos del Gobierno vasco si el Estado le traspasa la competencia de prisiones. Un ministro de Interior nos escucha por primera vez¡±, se?ala Consuelo Ord¨®?ez, presidenta de Covite (Coordinadora de V¨ªctimas del Terrorismo).

Solo 10 de los 197 presos etarras cumplen condena en las c¨¢rceles vascas de Zaballa (Araba), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa). El Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha pactado ceder a Euskadi en marzo de 2021 la competencia en materia de gesti¨®n penitenciaria, una de las principales demandas del Gobierno vasco para lograr el cumplimiento ¨ªntegro del Estatuto de Gernika de 1979. La actividad terrorista de ETA, entre cuyos objetivos estuvieron casi desde el principio los funcionarios de prisiones, hac¨ªa pr¨¢cticamente imposible esta transferencia.

Sobre el traspaso de las competencias penitenciarias a Euskadi pesa, adem¨¢s, el recelo de las v¨ªctimas a que los presos de ETA, una vez instalados en c¨¢rceles vascas, puedan recibir beneficios penitenciarios mayores de los que obtendr¨ªan en prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En Instituciones Penitenciarias creen que, una vez realizado el traspaso, Bildu y las plataformas de apoyo a los presos intensificar¨¢n su presi¨®n para que cumplan su condena en Euskadi. Grande-Marlaska, receptivo a las asociaciones de v¨ªctimas, quiere evitar lo sucedido en Catalu?a con los presos del proc¨¦s, que obtuvieron beneficios, como la posibilidad de salir de prisi¨®n a trabajar, cuando la Generalitat, competente en prisiones, interpret¨® de modo flexible la ley. En ese caso, la Fiscal¨ªa recurri¨® y regresaron a prisi¨®n.

Margen legal

Instituciones Penitenciarias se?ala que ¡°sigue existiendo margen desde la legalidad¡± para continuar la pol¨ªtica de traslados. Tambi¨¦n tiene margen legal para que los presos pasen del primer grado (r¨¦gimen cerrado) al segundo (r¨¦gimen normalizado). La normalizaci¨®n la posibilita la asunci¨®n de los presos de la legalidad penitenciaria, que Sare eleva al 75% e Instituciones Penitenciarias a un 60%. ¡°Un centenar de presos ha escrito a las Juntas de Tratamiento solicitando el cambio de grado y han asumido su rechazo a la violencia, su desvinculaci¨®n de ETA y el reconocimiento del da?o causado¡±, se?ala Instituciones Penitenciarias.

Pero las Juntas de Tratamiento, e Instituciones Penitenciarias, son mucho m¨¢s exigentes en el paso del segundo grado, prisi¨®n normalizada, al tercero, la semilibertad. Es el punto de mayor fricci¨®n entre el Gobierno y el colectivo de presos. Paralelamente, est¨¢n los condenados por el C¨®digo Penal de 2003 que elev¨® la pena m¨¢xima de 30 a 40 a?os. Son los m¨¢s recientes y con un futuro m¨¢s sombr¨ªo. Seg¨²n Sare, son 69 de los 197.

Jon I?arritu, de Bildu, reclama un cambio m¨¢s profundo al Gobierno: ¡°Que aplique a los presos de ETA la legislaci¨®n ordinaria porque ya no existe el terrorismo¡±. Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco y de portavoz de Sare, precisa: ¡°Si se hiciera, la mitad saldr¨ªa de prisi¨®n¡±. Instituciones Penitenciarias lo descarta porque ¡°el terrorismo pertenece al grupo de delitos graves como el tr¨¢fico de drogas¡±. ¡°El Gobierno no prev¨¦ cambiar la ley. Pero la ley actual ofrece margen si la voluntad de los condenados se ajusta a sus requisitos¡±, se?alan en Prisiones.

Los requisitos que exigen a los presos para acceder a la semilibertad, una vez cumplida la mitad de la condena, los fija el art¨ªculo 72.6 de la Ley Penitenciaria: pago de la responsabilidad civil; colaboraci¨®n activa con las autoridades; signos inequ¨ªvocos de abandono de la violencia e informe t¨¦cnico de desvinculaci¨®n y declaraci¨®n expresa de perd¨®n. Esto explica que solo 12 presos hayan accedido al tercer grado en este per¨ªodo porque el colectivo de presos rechaza el arrepentimiento.

Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi, traslada el debate al terreno ¨¦tico. ¡°No se trata de que los presos reconozcan el da?o causado como un tr¨¢mite. Tienen que hacer una reflexi¨®n sincera. Si la hicieran, no habr¨ªa homenajes p¨²blicos a algunos presos al salir de prisi¨®n. As¨ª, no avanzamos en la convivencia¡±.