El Gobierno indemnizar¨¢ a la familia de Samba Martine, la inmigrante fallecida en 2011 en el CIE de Madrid

El Estado ha reconocido su responsabilidad en la muerte de Samba Martine, una inmigrante congole?a retenida en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Madrid que muri¨® en diciembre de 2011 sin que se le prestase asistencia m¨¦dica adecuada. El Ministerio de la Presidencia reconoce en una resoluci¨®n del pasado 13 de octubre las ¡°deficiencias burocr¨¢ticas¡± y la falta de coordinaci¨®n entre el entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministerio del Interior que contribuyeron al fallecimiento de la mujer. El documento tambi¨¦n se?ala la responsabilidad de la empresa Sermedes S. L, que prestaba el servicio m¨¦dico en el CIE. La resoluci¨®n acuerda que entre los tres indemnicen a la madre y a la hija de 17 a?os de la fallecida. Los abogados que han llevado el caso no han hecho p¨²blico el importe para proteger a la menor.

Samba Martine entr¨® en Espa?a por Melilla en agosto de 2011 y all¨ª ingres¨® en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), gestionado por el Ministerio de Trabajo y Migraciones. Durante su estancia se le realizaron an¨¢lisis cl¨ªnicos que revelaron que era portadora de VIH y en noviembre, el Ministerio del Interior decidi¨® su traslado al CIE de Madrid para poder ejecutar su expulsi¨®n. El historial cl¨ªnico de Martine nunca se comparti¨® entre los dos centros. Durante el mes que pas¨® en el CIE, la fallecida acudi¨® hasta 10 veces al servicio m¨¦dico, pero solo recibi¨® analg¨¦sicos, ansiol¨ªticos y t¨¦cnicas de respiraci¨®n. Martine acab¨® falleciendo en un hospital el 19 de diciembre. La consumi¨® una infecci¨®n que, seg¨²n se desprendi¨® de su autopsia, solo es letal si no recibe el tratamiento adecuado.

La causa penal se juzg¨® a principios de junio del a?o pasado. En el banquillo se sent¨® apenas uno de los m¨¦dicos que atendi¨® a Martine (otros dos imputados, una enfermera y otro doctor de origen extranjero no se les ha encontrado en Espa?a). La acusaci¨®n ped¨ªa un a?o y medio de c¨¢rcel por un delito de homicidio por imprudencia y tres a?os y seis meses de inhabilitaci¨®n, pero el juez se decidi¨® por la absoluci¨®n. El magistrado reconoci¨®, sin embargo, que ¡°la actividad del acusado fue uno de los factores que provoc¨® el deceso¡± y destac¨® que las deficiencias burocr¨¢ticas de la Administraci¨®n tuvieron un ¡°peso muy relevante¡± en el hecho de que Martine no recibiera un tratamiento adecuado.

La resoluci¨®n que estima ahora la indemnizaci¨®n tambi¨¦n se?ala esas ¡°deficiencias burocr¨¢ticas¡±. El documento reconoce adem¨¢s la ¡°ausencia de coordinaci¨®n exigible entre dos ¨®rganos de la misma Administraci¨®n¡± que no compartieron una informaci¨®n tan trascendental como el historial m¨¦dico de una paciente privada de libertad y con una patolog¨ªa grave. El Ministerio de Presidencia considera que la empresa que prestaba el servicio m¨¦dico en el CIE tambi¨¦n tiene que asumir su responsabilidad civil ante la ¡°inadecuada atenci¨®n m¨¦dica prestada hasta en diez ocasiones". El importe que le corresponde pagar a Serdemes, sin embargo, deber¨¢ cubrirlo Interior por tratarse de un servicio de titularidad p¨²blica de su competencia, con independencia de que posteriormente el ministerio exija a la empresa su reembolso.

¡°El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este caso es muy importante porque supone una reparaci¨®n moral para la familia y reconocer el car¨¢cter de v¨ªctima de esta mujer¡±, explica Cristina Manzanedo, la abogada de la familia y portavoz del grupo de entidades sociales que han sostenido este proceso durante nueve a?os.

La causa por la muerte de Samba Martine ha sido larga y compleja. El Juzgado de Instrucci¨®n 38 de Madrid la archiv¨® en 2012, pero la Audiencia Provincial le oblig¨® a reabrirla en 2014. En un principio, tanto el Ministerio de Trabajo y Migraciones como el de Interior desestimaron la posibilidad de indemnizar a la familia y la reclamaci¨®n qued¨® suspendida a la espera de una sentencia que solo se dict¨® en 2019. ¡°Llegar hasta aqu¨ª y que el Estado reconozca que las cosas no se hicieron bien muestra el valor que tiene el trabajo de fiscalizaci¨®n de las entidades sociales¡±, celebra Manzanedo.

En la actualidad, sigue sin existir un sistema informatizado que permita el acceso a la informaci¨®n m¨¦dica en todos los centros de acogida o internamiento de inmigrantes. Tampoco existe un protocolo que garantice el intercambio de informaci¨®n m¨¦dica de aquellas personas que pasan de un CETI a un CIE. Los historiales m¨¦dicos se entregan a los polic¨ªas encargados del traslado del extranjero en un sobre sellado y son ellos los responsables de entregarlo en su destino, un procedimiento que tampoco exist¨ªa en el momento de la muerte de Martine. ¡°El Estado adem¨¢s de compensar el da?o infligido debe corregirlo y llevar a cabo un cambio del sistema. Es incomprensible que nueve a?os despu¨¦s siga existiendo falta de coordinaci¨®n m¨¦dica entre centros de inmigrantes", a?ade Manzanedo. "Es imprescindible porque, como recoge la resoluci¨®n, cuando el Estado priva de libertad autom¨¢ticamente se convierte en garante de su vida, salud y su integridad. Cosa que no ocurri¨® en el caso de Samba¡±.