El pacto que acab¨® de aislar a ETA

En el a?o 2000, ETA, hoy desaparecida, llev¨® al extremo la estrategia de ¡°socializaci¨®n del sufrimiento¡±, que hab¨ªa avalado su brazo pol¨ªtico, Herri Batasuna, a principios de 1995 en la llamada ponencia Oldartzen (Acometiendo, en euskera). ETA convirti¨® a miembros del PP y del PSOE, a jueces, empresarios y periodistas en blanco prioritario de sus ataques. En aquel a?o, tras una tregua de 16 meses, redobl¨® la estrategia criminal con el asesinato de 23 personas de gran relevancia social y pol¨ªtica en el mundo no nacionalista del Pa¨ªs Vasco con el objetivo de lograr un gran impacto medi¨¢tico, aterrorizar a la sociedad y expulsar de Euskadi a quienes no comulgaran con la ideolog¨ªa nacionalista.

En este contexto naci¨® el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como Pacto Antiterrorista. Fue el primer pacto de Estado que el Gobierno de Aznar, con mayor¨ªa absoluta, firm¨® con el PSOE, siendo su secretario general Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, durante la peor ofensiva de ETA. Fue eficaz en el aislamiento del entramado pol¨ªtico etarra. Pero hoy acrecienta su valor, porque rebaj¨® la tensi¨®n entre Gobierno y oposici¨®n e inaugur¨® otra manera de hacer pol¨ªtica, la salvaguarda de los pactos de Estado.

Este martes, 8 de diciembre, se celebra el vig¨¦simo aniversario de su firma; y su promotor, Rodr¨ªguez Zapatero, resalta que este pacto, al que seguir¨ªa otro sobre la Justicia, acu?¨® la ¡°oposici¨®n ¨²til¡±. Javier Arenas, firmante como secretario general del PP, apela con convicci¨®n a la ¡°herencia de pactos de Estado procedente de la Constituci¨®n¡±.

¡°Antes de ganar la secretar¨ªa general del PSOE adelant¨¦ que el aspirante a gobernar debe responsabilizarse del pa¨ªs y colocarse en la posici¨®n del gobernante. Propuse tres pactos de Estado: contra el terrorismo, por la justicia y por la inmigraci¨®n. Logramos el primero, que afectaba al problema m¨¢s grave entonces, el terrorismo, y el segundo, clave para el funcionamiento institucional¡±, recuerda Zapatero.

Una semana despu¨¦s de ser elegido secretario general socialista, Zapatero plante¨® a Aznar recuperar la unidad antiterrorista ¡ªel Pacto de Ajuria Enea se rompi¨® en 1998 tras el Pacto de Lizarra entre PNV y Batasuna con el apoyo exclusivo de las fuerzas nacionalistas¡ª. Lo hizo en la capilla ardiente de Juan Mar¨ªa J¨¢uregui, ex gobernador civil de Gipuzkoa, asesinado por ETA el 29 de julio de 2000.

La gestaci¨®n del acuerdo no fue f¨¢cil. Tard¨® m¨¢s de cuatro meses. El entonces secretario general de la Presidencia con Aznar y negociador del pacto, Javier Zarzalejos, admite en su libro No hay ala oeste en La Moncloa la reacci¨®n cautelosa del Ejecutivo. Aznar ten¨ªa mayor¨ªa absoluta y recelaba del PSOE por sus hist¨®ricas buenas relaciones con el PNV.

El bloqueo se rompi¨® en noviembre, tras la manifestaci¨®n multitudinaria en Barcelona contra ETA por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch, con presencia de todos los l¨ªderes pol¨ªticos nacionales y auton¨®micos, en la que se reclam¨® di¨¢logo. Aznar y Zapatero decidieron impulsar el acuerdo que delegaron en Javier Zarzalejos y Alfredo P¨¦rez Rubalcaba. ¡°Se trata de alcanzar un consenso de fondo y a fondo¡±, dijo entonces Javier Arenas, secretario general del PP, que estuvo pendiente de las negociaciones. Hoy precisa: ¡°Se abr¨ªa una posibilidad important¨ªsima para acordar que ETA ten¨ªa que perder la esperanza de una negociaci¨®n pol¨ªtica, que los partidos constitucionalistas ten¨ªamos que liderar una alternativa al Pacto de Lizarra y no utilizar el terrorismo en el debate pol¨ªtico¡±.

Para pactar, la confianza es clave. Contribuy¨® la moci¨®n de censura conjunta que PSE y PP presentaron en septiembre contra el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe por no romper sus relaciones con Batasuna. Aunque la perdieron, estrech¨® las relaciones entre el PP y PSE, dirigidos entonces por Carlos Iturgaiz y Nicol¨¢s Redondo Terreros. El acuerdo, que costar¨ªa tres semanas, super¨® como principales escollos el tratamiento al PNV y la alternativa al Pacto de Lizarra, recuerda Zarzalejos. Los partidos firmantes decidieron no pactar con el PNV mientras mantuviera el Pacto de Lizarra y abrieron la posibilidad de que PP y PSE fueran alternativa conjunta al nacionalismo.

El Pacto Antiterrorista fue suscrito exclusivamente por los partidos que entonces ten¨ªan capacidad de gobernar a escala nacional, PP y PSOE. Respond¨ªa a la etapa del bipartidismo. Pero admiti¨® adhesiones de otros partidos as¨ª como de fuerzas sociales como los sindicatos y organizaciones empresariales. Solo quedaron excluidos los partidos nacionalistas vascos hasta que no rompieran con el exclusivista Pacto de Lizarra. Era la adaptaci¨®n del Pacto de Ajuria Enea de 1988 a las nuevas circunstancias. Pero quedaba sobrentendido, como en el Pacto de Ajuria Enea, que si ETA abandonaba el terrorismo, el abertzalismo podr¨ªa reintegrarse a la pol¨ªtica.

Sin precio pol¨ªtico

Zapatero destaca hoy el compromiso, gobernara PSOE o PP, de no pagar precio pol¨ªtico por acabar con el terrorismo y sacar de la pol¨¦mica partidista el debate sobre ETA, as¨ª como compartir la lucha antiterrorista a trav¨¦s de una comisi¨®n de seguimiento.

Arenas subraya la secuela del pacto, la Ley de Partidos, que, dos a?os despu¨¦s, ilegaliz¨® Batasuna por integrar el entramado de ETA. ¡°Fue capital en el aislamiento de Batasuna¡±, afirma. Tambi¨¦n destaca el acuerdo de constituci¨®n de la Fundaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo, vigente hasta hoy. Unos a?os antes, ambos partidos hab¨ªan aprobado la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo, que reconoci¨® importantes derechos pol¨ªticos y econ¨®micos a las v¨ªctimas. Zapatero destaca del Pacto Antiterrorista su contribuci¨®n al debilitamiento del entramado etarra.

La situaci¨®n empez¨® a cambiar a fines de 2003 con la derrota del soberanista Joseba Egibar frente al autonomista Josu Jon Imaz en las elecciones internas del PNV, cuatro meses antes de que Zapatero ganara las elecciones. ¡°El PNV de Imaz y Urkullu se despeg¨® del soberanismo de Ibarretxe y luego desempe?ar¨ªa un papel decisivo en el final de ETA, donde apoy¨® al Gobierno¡±, se?ala Zapatero. Con el cambio del PNV, la nueva tregua de ETA de 2006 y las conversaciones del Gobierno socialista con la banda cambiaron las circunstancias y el Pacto Antiterrorista se extingui¨®.

Zapatero, como gobernante, no cont¨® con el apoyo del PP, en la oposici¨®n, en su pol¨ªtica sobre ETA en la que mientras dialog¨® con la banda mantuvo las detenciones de sus miembros y no acerc¨® siquiera presos de ETA a c¨¢rceles pr¨®ximas al Pa¨ªs Vasco. Lo atribuye a la inesperada derrota para el PP en las elecciones de 2004 y a la ¡°err¨®nea reacci¨®n¡± de Aznar, que atribuy¨® a ETA por electoralismo la autor¨ªa de la matanza yihadista del 11-M. La etapa de Rajoy en la oposici¨®n la califica como de ¡°claroscuros¡±. ¡°Rajoy tuvo alguna intervenci¨®n parlamentaria que prefiero olvidar [cuando acus¨® a Zapatero de ¡°traicionar a los muertos¡± por dialogar con ETA]. Pero reconoci¨® el final de ETA y que mi Gobierno no hab¨ªa pagado precio pol¨ªtico por ello. Fue muy importante ese reconocimiento. Hoy Casado no mantiene esa coherencia, y sus an¨¢lisis no reconocen que el final de ETA fue digno y se impuso la superioridad de la democracia¡±, se?ala.

Para el expresidente, esa ¡°incoherencia¡± se manifiesta en el debate sobre la participaci¨®n de Bildu en los Presupuestos. ¡°Me entristece que se reabran debates resueltos. Los pactos contra ETA, desde Ajuria Enea en 1988, pretend¨ªan que abandonara la violencia y los abertzales hicieran pol¨ªtica. Los partidos deben tener convicciones s¨®lidas sobre lo que represent¨® la violencia¡±.

Zapatero sigue defendiendo el papel de ¡°oposici¨®n ¨²til¡±. ¡°El proceso de maduraci¨®n de una alternativa pol¨ªtica necesita tiempo. Unas veces tarda m¨¢s que otras o puede no cuajar. El aspirante a presidente no debe esperar a que al Gobierno le vaya mal. Debe responsabilizarse de los problemas del pa¨ªs como si gobernara y tener claro que las cuestiones de Estado deben marginarse del debate pol¨ªtico¡±. Como cuestiones de Estado claves se?ala las referentes a las libertades ¡ªcomo el terrorismo¡ª, el funcionamiento institucional ¡ªcomo la Justicia y la renovaci¨®n de los ¨®rganos institucionales¡ª y la proyecci¨®n espa?ola en Europa.

Cree que la inmigraci¨®n deb¨ªa pactarse ¡ªalgo que ¨¦l no logr¨®¡ª y considera ¡°deseable, pero hoy improbable¡± otro pacto sobre la pol¨ªtica territorial. ¡°Fue un mal antecedente la oposici¨®n del PP al Estatuto de Catalu?a cuando gobernaba. Hoy estamos muy lejos de recuperar un consenso m¨ªnimo sobre la Espa?a territorial viendo el discurso tan exagerado de los partidos de derecha. Los proyectos deben tener filosof¨ªa pol¨ªtica¡±, afirma.

Arenas, que tras la derrota de las elecciones de 2004 de Rajoy, centr¨® su vida pol¨ªtica en Andaluc¨ªa como candidato a la Junta del PP, coincide en que las discrepancias sobre la cuesti¨®n territorial entre el PSOE y PP proceden del desacuerdo sobre el Estatuto de Catalu?a, pero carga sobre los socialistas que lo aprobaran ¡°sin consenso¡± del PP. El ex secretario general del PP, firme defensor de los pactos de Estado, a?ora su ausencia, y se?ala: ¡°Ha bajado el nivel sobre la filosof¨ªa de los pactos y de su necesidad¡±.

Un acuerdo para la Justicia como cuesti¨®n de Estado

Seis meses despu¨¦s del Pacto Antiterrorista, el PP y el PSOE cerraron un segundo acuerdo, el de la Justicia. Lo protagonizaron el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y el socialista Juan Fernando L¨®pez Aguilar. Michavila, que hab¨ªa sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el primer Gobierno de Aznar, y Aguilar, catedr¨¢tico y jurista, compart¨ªan la idea de que la Justicia es una pieza clave en la pol¨ªtica del Estado y de su necesidad de pactarla. Hoy sorprende un pacto como el de la Justicia cuando ni siquiera existe para renovar los organismos institucionales que, tambi¨¦n, se pactaron entonces.

El escollo principal de la negociaci¨®n fue la elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. El PP propon¨ªa la elecci¨®n judicial, seg¨²n recog¨ªa su programa electoral, y el PSOE, parlamentaria, una herencia de los Gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez. Tras semanas de negociaciones y de m¨²ltiples reuniones entre Michavila y L¨®pez Aguilar, el PSOE acept¨® que los vocales de procedencia judicial ¡ª12 de los 20¡ª para ser elegibles necesitaran de 36 avales de la carrera judicial. A cambio, el Gobierno de Aznar asumi¨® que la elecci¨®n fuera parlamentaria. El pacto implic¨® reformas profundas y de calado como la modernizaci¨®n de la Oficina Judicial.

L¨®pez Aguilar destaca su entendimiento con Michavila como clave del pacto. ¡°Hoy no se ve algo as¨ª en pol¨ªtica, Hubo franqueza y respeto mutuo y unido a la convicci¨®n com¨²n de que la Justicia, como cuesti¨®n de Estado, requer¨ªa compromisos duraderos hizo posible el pacto¡±. Cree que Aznar favoreci¨® el pacto porque ¡°vio un PSOE joven, que sal¨ªa de una crisis interna tras la retirada de Felipe Gonz¨¢lez de la secretar¨ªa general, al que pretend¨ªa tenerlo cerca para controlarlo¡±.