Contratos de la era Aznar investigados por la caja b tuvieron un sobrecoste de 70 millones

Hacienda ha detectado un sobrecoste de 70 millones de euros en las obras de siete contratos adjudicados durante el segundo mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) a Constructora Hisp¨¢nica, presidida entonces por Alfonso Garc¨ªa Pozuelo. Estas siete licitaciones, de diferentes organismos p¨²blicos, forman parte de un grupo de 23 contratos valorados en 600 millones de euros a cambio de los cuales existen sospechas de que el empresario realiz¨® donaciones bajo cuerda a la caja b del PP en aquellos a?os.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha presentado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios donantes de la caja b del PP, un informe de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre nueve de los 23 contratos de Constructora Hisp¨¢nica. El expresidente de esta sociedad ¡ªahora rebautizada como Assignia¡ª Alfonso Garc¨ªa Pozuelo realiz¨® al menos nueve entregas por 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que llevaba el extesorero Luis B¨¢rcenas y que este dej¨® consignadas en los conocidos como papeles de B¨¢rcenas.

Los expertos de Hacienda constatan que siete de estos nueve contratos analizados presentaron durante su ejecuci¨®n sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. El documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, habla en un caso de ¡°pr¨¢ctica irregular¡± y en otros tilda de ¡°extra?o¡± o ¡°dudoso¡± ciertos detalles, a la vez que destaca que en varios se apur¨® el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.

El juez Pedraz reclam¨® el pasado 11 de diciembre a cinco ministerios, Renfe y Aena, entre otros organismos p¨²blicos, ¡°el contenido ¨ªntegro de los expedientes de contrataci¨®n¡± de 23 contratos por valor de m¨¢s de 600 millones adjudicados a Constructora Hisp¨¢nica. Todo ello despu¨¦s de que as¨ª se lo pidieran la Polic¨ªa y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En un informe de noviembre, los agentes hab¨ªan destacado que esta empresa recibi¨® 224 contratos de la Administraci¨®n central por m¨¢s de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigaci¨®n. En el juicio del caso G¨¹rtel, en el que fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel, el constructor Garc¨ªa Pozuelo confes¨® que pag¨® al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que se le adjudicaran obras en Castilla y Le¨®n, y en Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid).

Los contratos ahora analizados por la IGAE corresponden a cuatro licitados por el gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif; dos de la Entidad P¨²blica Empresarial de Suelo (SEPES); uno del Ministerio del Interior; otro de Defensa y el ¨²ltimo de Turespa?a. Siete de ellos eran proyectos cuyo presupuesto inicial total era 350,1 millones de euros, aunque finalmente sumaron un sobrecoste de 55,5 millones por modificaciones y otros 17,1 millones por exceso de mediciones. Los otros dos proyectos son obras complementarias de otros proyectos mayores que, en conjunto, ascendieron a 53 millones de euros. El informe, de 11 folios de extensi¨®n, no incluye conclusiones y, en alg¨²n caso, destaca que la documentaci¨®n remitida por los organismos no es suficiente para completar el estudio.

Sobrecoste en las obras de una comisar¨ªa

Uno de los contratos analizados es el licitado para la construcci¨®n, por parte de Interior, de una nueva comisar¨ªa en Xirivella (Valencia) por 1,67 millones de euros, aunque posteriormente este importe se increment¨® en m¨¢s de medio mill¨®n. El informe detalla que la oferta inicial de Constructora Hisp¨¢nica para hacerse con el contrato fue la m¨¢s baja de las doce empresas que se presentaron a la licitaci¨®n. De este contrato, la IGAE destaca que tanto el porcentaje del sobrecoste causado por la modificaci¨®n del proyecto (el 19,9%) como por el exceso de mediciones (el 9,9%) bordearon el l¨ªmite del 20% y 10% que, respectivamente, fija la ley para ser obligatorio pedir un dictamen al Consejo de Estado para su realizaci¨®n. Adem¨¢s, el informe apunta a que parte del sobrecoste de la primera partida se abon¨® finalmente como exceso de mediciones, ¡°lo que era y es una pr¨¢ctica irregular bastante frecuente¡± que, adem¨¢s, en este caso, vino acompa?ada de errores en su c¨¢lculo.

Sobre las obras del nuevo Parador de Lorca (Murcia) que licit¨® Turespa?a en julio de 2003 por 10,45 millones de euros, el informe de Hacienda llama la atenci¨®n sobre el precio especialmente bajo de la oferta de la constructora, que le permiti¨® superar a sus rivales y que, de hecho, llev¨® a la entidad a pedir una justificaci¨®n de precios. La explicaci¨®n que dio entonces la empresa ¡ªque redujo su beneficio del 6% habitual al 2%¡ª es considerada como ¡°extra?a¡± por la IGAE. ¡°Los servicios t¨¦cnicos de Turespa?a aceptan dicha justificaci¨®n, pero en su informe no se analiza la misma¡±, a?ade el documento. El contrato cont¨®, finalmente, con dos reformados, uno primero de 418.000 euros y uno segundo de 3,2 millones, un 30% m¨¢s del importe inicial, que fueron justificados por hallazgos arqueol¨®gicos en el s¨®tano que iba a ocupar el aparcamiento del establecimiento.

Sobre los cuatro contratos de Adif, todos ellos con sobrecostes, excesos de mediciones y, en algunos casos, obras complementarias, el informe de la IGAE apunta a que algunas de estas ¨²ltimas fueron en realidad modificados (enmiendas) del proyecto. En este sentido, los expertos de Hacienda sugieren que se hizo as¨ª para no superar el mencionado incremento m¨¢ximo del 20%. Un detalle que se repite de modo similar en el contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa para la construcci¨®n del cuartel de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama (Madrid). En este caso, el informe apunta a que ¡°da la impresi¨®n de que se ha aprovechado la tramitaci¨®n del modificado para realizar otras obras necesarias para el acuartelamiento sin sobrepasar el 20%¡±. Sobre los dos ¨²ltimos contratos analizados, ambos del SEPES y por sendas obras complementarias de proyectos mayores, la IGAE considera que es necesario reclamar m¨¢s documentaci¨®n para poder completar su estudio.

Anticorrupci¨®n ya incorpor¨® el pasado noviembre otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel informe ya apuntaba a la existencia de ¡°algunas irregularidades administrativas¡±, pr¨¢cticas ¡°discutibles¡± e, incluso, elementos ¡°prohibidos¡±, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentaci¨®n sobre ambas licitaciones.