Todos los mayores de edad podr¨¢n ser movilizados en Espa?a en caso de crisis

Toda persona mayor de edad estar¨¢ obligada a la realizaci¨®n de las ¡°prestaciones personales¡± que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en Espa?a un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepci¨®n deber¨¢n cumplir las ¨®rdenes e instrucciones que impartan las autoridades.

As¨ª lo establece la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que incorpora algunas de las lecciones aprendidas durante casi a?o y medio de crisis sanitaria.

En el supuesto de que en Espa?a se declarase un estado de crisis (¡°situaci¨®n de inter¨¦s para la Seguridad Nacional¡± es la denominaci¨®n que le da la ley), las autoridades tambi¨¦n podr¨¢n proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervenci¨®n u ocupaci¨®n provisional de los que sean necesarios o a la suspensi¨®n de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios econ¨®micos por la requisa de sus bienes o la interrupci¨®n de su actividad tendr¨¢n derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnizaci¨®n a quienes sean obligados a realizar una prestaci¨®n personal.

Aunque el anteproyecto no lo especifica, se supone que las prestaciones personales y la requisa de material estar¨¢n relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de car¨¢cter sanitario, medioambiental, econ¨®mico, financiero, etc¨¦tera. Lo que s¨ª deja claro el articulado es que las medidas que se adopten ser¨¢n graduales y proporcionadas a la situaci¨®n que haya que afrontar y se limitar¨¢n al tiempo estrictamente necesario para superar la situaci¨®n de crisis.

El deber ata?e no solo a todos los ciudadanos sino tambi¨¦n a las empresas y entidades jur¨ªdicas para que colaboren con las autoridades a la superaci¨®n de la crisis, mediante una prestaci¨®n de car¨¢cter personal o material. El texto se basa en el art¨ªculo 30 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual ¡°los espa?oles tienen el deber y derecho de defender a Espa?a¡±.

Es el mismo art¨ªculo que regula el servicio militar obligatorio (suspendido en Espa?a desde el a?o 2001), aunque no se remite a su apartado 2?, que consagra las ¡°obligaciones militares de los espa?oles¡±, sino al 4?, seg¨²n el cual, ¡°mediante ley, podr¨¢n regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, cat¨¢strofe o calamidad p¨²blica¡±, una previsi¨®n constitucional cuyo desarrollo permanec¨ªa hasta ahora in¨¦dito.

Aunque prev¨¦ la imposici¨®n de prestaciones personales y materiales, la ley de Seguridad Nacional es ordinaria, a diferencia de la del Servicio Militar de 1991, que era org¨¢nica; lo que puede plantear problemas jur¨ªdicos pues solo las leyes org¨¢nicas pueden afectar a derechos fundamentales. Adem¨¢s, la declaraci¨®n de una situaci¨®n como ¡°de inter¨¦s para la Seguridad Nacional¡± (es decir, estado de crisis), mediante real decreto, corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y no al Congreso, aunque las Cortes deben ser informadas inmediatamente de las medidas adoptadas.

Obligaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n

Durante la pandemia, el Gobierno no recurri¨® a la declaraci¨®n de ¡°situaci¨®n de inter¨¦s para la Seguridad Nacional¡±, sino al estado de alarma, regulado por una ley de 1981. Sin embargo, con la reforma que ahora se ultima, la ley de Seguridad Nacional podr¨ªa resultar m¨¢s id¨®nea para afrontar este tipo de situaciones. Entre otras novedades, el anteproyecto incluye la obligaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n de colaborar con las autoridades competentes en la difusi¨®n de informaciones de car¨¢cter preventivo u operativo.

Lo m¨¢s importante, sin embargo, es que incorpora medidas para evitar que se repitan situaciones de desabastecimiento de productos y bienes cr¨ªticos para afrontar una crisis, como la falta de mascarillas, respiradores y EPI que se produjo cuando empezaron a extenderse masivamente los contagios.

El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y est¨¢ pendiente de aprobaci¨®n definitiva para su remisi¨®n al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades aut¨®nomas y a algunos grupos parlamentarios.

Su elaboraci¨®n responde al mandato contenido en una disposici¨®n de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que daba al Gobierno un plazo de un a?o, obviamente incumplido, para enviar a las Cortes un ¡°proyecto de ley reguladora de la preparaci¨®n y disposici¨®n de recursos a la Seguridad Nacional¡±. En vez de elaborar esta nueva norma, el Gobierno ha preferido reformar la ley vigente a la luz de la experiencia adquirida en la lucha contra el coronavirus.

Una de las principales lecciones de la pandemia ha sido la necesidad de garantizar el abastecimiento de recursos cr¨ªticos en situaciones de crisis internacional, ante la dificultad de adquirirlos en un mercado tensionado por las restricciones a su exportaci¨®n impuestas por los pa¨ªses productores y la especulaci¨®n derivada del exceso de demanda y la escasez de oferta. Por eso, el texto apuesta por garantizar el suministro de recursos de primera necesidad y car¨¢cter estrat¨¦gico mediante el autoabastecimiento bajo condiciones excepcionales.

Con este fin, el Consejo de Seguridad Nacional elaborar¨¢ y actualizar¨¢ un cat¨¢logo de recursos humanos y materiales, de propiedad p¨²blica o privada, que puedan ser ¨²tiles en caso de crisis. El cat¨¢logo lo aprobar¨¢ el Consejo de Ministros y contar¨¢ con las aportaciones de comunidades aut¨®nomas y entes locales. Se aprobar¨¢n planes de preparaci¨®n y disposici¨®n de los recursos incluidos en el cat¨¢logo y se har¨¢n ejercicios para comprobar su disponibilidad, aunque sin despliegue real de medios.