El Gobierno y el PP se enzarzan de nuevo por el Poder Judicial

Con el bloqueo en la renovaci¨®n de varios ¨®rganos constitucionales de fondo y poco despu¨¦s de la ¨²ltima llamada de atenci¨®n de Bruselas sobre la situaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y el Partido Popular han vuelto a enzarzarse a cuenta de la independencia de la justicia. Las ¨²ltimas declaraciones de la ministra Pilar Llop, quien en una entrevista concedida a EL PA?S publicada este domingo se?alaba que ve¨ªa ¡°bastante improbable¡± desde el punto de vista jur¨ªdico que la Sala de lo Contencioso del Supremo pudiese anular los indultos a los presos del proc¨¦s, provocaron de inmediato las cr¨ªticas del PP y Ciudadanos (Cs), que acusaron de injerencia a la titular de Justicia y elevaron de nuevo el tono contra el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez.

¡°Quiz¨¢ quien s¨ª quiere influir es quien est¨¢ diciendo que yo tengo alguna intenci¨®n de influir¡±, se ha defendido Llop este lunes al t¨¦rmino de un acto en Castrill¨®n (Asturias). PP, Vox y Cs presentaron en junio recursos ante el Supremo contra la medida de gracia otorgada por el Gobierno. ¡°Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce c¨®mo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo¡±, ha a?adido. La ministra, magistrada de carrera y que tom¨® posesi¨®n del cargo en el Ejecutivo hace menos de un mes, ha se?alado que tiene un ¡°absoluto respeto¡± por las resoluciones judiciales.

Tambi¨¦n este lunes, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique L¨®pez, que se mostr¨® cr¨ªtico con las declaraciones de Llop el domingo, ha vuelto a arremeter contra la ministra al se?alar que es ¡°inapropiado¡± e ¡°irresponsable¡± que la titular de Justicia se pronuncie sobre este tipo de resoluciones. ¡°Si hay un ministro que no debe opinar sobre las decisiones judiciales es el de Justicia. Adelantar qu¨¦ es lo que puede o no hacer la Sala Tercera en materia de indultos es inapropiado, irresponsable y no es propio de un ministro de Justicia¡±, ha declarado L¨®pez a los medios de comunicaci¨®n tras visitar los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid.

Pilar Llop no es el ¨²nico integrante del Gobierno que ha manifestado p¨²blicamente que ve poco probable que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo revoque los indultos concedidos a los presos del proc¨¦s. D¨ªas antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido magistrada de esa misma sala, se expres¨® en t¨¦rminos similares en una entrevista con la agencia Europa Press (EP). Robles dijo que ¡°no contemplaba¡± el escenario de que el alto tribunal acoja los recursos de los partidos contra la medida de gracia. La jurisprudencia del Supremo reconoce que el indulto es una prerrogativa del Gobierno y generalmente solo revoca el perd¨®n gubernamental cuando este es decididamente arbitrario y carente de la debida motivaci¨®n formal, como en el caso de un conductor kamikaze cuyo indulto fue anulado en noviembre de 2013.

Ley del aborto

El consejero de Justicia e Interior en el Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso ha a?adido en una entrevista en La Sexta que la ministra de Justicia no debe pronunciarse sobre cu¨¢l ha de ser ¡°la mejor soluci¨®n¡± al recurso contra la ley que regula el aborto que debe resolver el Tribunal Constitucional, otra de las cuestiones abordadas en la entrevista con EL PA?S. Llop afirm¨® que ¡°ahora no es el momento¡± de abordar ese tema, que hacerlo ¡°supondr¨ªa un retroceso absoluto para los derechos de salud y reproductivos de las mujeres¡± y que lo que procede es ¡°avanzar en derechos¡±.

En la misma l¨ªnea que L¨®pez, la vicesecretaria general de Pol¨ªtica Social del PP, Ana Pastor, ha solicitado a la ministra y al resto del Gobierno que ¡°dejen tranquilas a las instituciones del Estado y que dejen a los jueces que act¨²an con independencia¡±. Durante un acto celebrado en Lugo, Pastor ha recordado que ¡°en Espa?a hay separaci¨®n de poderes¡± y ha se?alado que ¡°el Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales¡±. ¡°Le pedimos que no se inmiscuya y no intente influir en las decisiones de los tribunales porque afortunadamente tenemos un sistema judicial independiente¡±, ha sentenciado.

Estas cr¨ªticas se suman a las realizadas el domingo por el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, quien consider¨® que las palabras de Llop representan una ¡°injerencia pol¨ªtica en el poder judicial y un atentado contra la divisi¨®n de poderes¡±.

Tambi¨¦n las asociaciones de jueces se han pronunciado este lunes. En declaraciones a Europa Press, Concepci¨®n Rodr¨ªguez, portavoz de Foro Judicial Independiente, se ha manifestado ¡°muy en contra¡± de lo afirmado por Llop, al considerar que el ministerio ¡°tiene que ser respetuoso con la separaci¨®n de poderes¡±, mientras la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensi¨®n Mart¨ªn, asegur¨® que las palabras de la responsable de Justicia son ¡°fruto de la libertad de expresi¨®n¡±.

La nueva fricci¨®n entre el Gobierno y el PP, esta vez a cuenta de lo improbable de la anulaci¨®n de los indultos concedidos a los l¨ªderes del proc¨¦s, da pocas esperanzas para que la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales sea desbloqueada a la vuelta de las vacaciones de agosto. El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde diciembre de 2018 al expirar el mandato de cinco a?os, y ha batido todos los r¨¦cords de prolongaci¨®n, pero su relevo sigue estancado en el Congreso. Y ello pese a la mediaci¨®n emprendida en los ¨²ltimos meses por el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Este ha sustituido los llamamientos p¨²blicos a los partidos para que pacten la renovaci¨®n por contactos con el l¨ªder del PP, Pablo Casado y el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os. El acuerdo parece lejano.

Enrique L¨®pez se ha referido este lunes tambi¨¦n a la renovaci¨®n y ha afirmado que en ¡°todo el PP¡± son ¡°conscientes¡± de las obligaciones constitucionales que tienen, pero ha insistido en que desde Bruselas tambi¨¦n piden que se reforme ¡°cuanto antes¡± la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para que los vocales judiciales sean elegidos ¡°directamente por sus pares¡±, mientras que el Gobierno se decanta por que primero se lleve a cabo la renovaci¨®n y despu¨¦s la reforma de la ley.

Al negarse a pactar la renovaci¨®n, el PP retiene la mayor¨ªa conservadora en el ¨®rgano de gobierno de los jueces vigente desde 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy con mayor¨ªa absoluta. El partido de Pablo Casado ha planteado diversos pretextos para evitar acometer la sustituci¨®n de los 20 vocales del Consejo ¡ªdoce jueces de carrera y los otros ocho pertenecen a otras profesiones jur¨ªdicas¡ª, y adecuarla a la composici¨®n actual de las Cortes. El ¨®rgano de gobierno judicial se elige por mayor¨ªa de tres quintos en el Congreso y el Senado, lo que otorga al primer partido de la oposici¨®n poder de bloqueo.

En los ¨²ltimos a?os, el PP ha rechazado que Podemos entre en el reparto de vocales; ha vetado a candidatos como el magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada, que intervino en el caso G¨¹rtel; y ahora, exige una reforma legal para que los vocales de extracci¨®n judicial sean elegidos por los propios jueces. Todo ello mantiene al Consejo paralizado, y m¨¢s despu¨¦s de que una reforma legal impulsada en marzo por el Gobierno impide al ¨®rgano hacer nombramientos de la c¨²pula judicial.

El Tribunal Constitucional tambi¨¦n est¨¢ pendiente de renovaci¨®n parcial. Desde hace a?o y medio, cuatro de los 12 magistrados tienen el mandato caducado. El PP impone su minor¨ªa de bloqueo en el Congreso ¡ªsin su voto no se alcanzan los tres quintos necesarios¡ª para impedir la sustituci¨®n. En este caso, los equilibrios se mantendr¨ªan intactos: habr¨ªa cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y siete del PP. Pero esa situaci¨®n cambiar¨¢ en breve, cuando el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponden y que sustituyen a los dos que en su d¨ªa nombr¨® el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde el 23 de julio, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas tambi¨¦n est¨¢n pendientes de su renovaci¨®n ¡ªseis por cada C¨¢mara por mayor¨ªa de tres quintos¡ª. En este ¨®rgano administrativo, el PP hace valer su mayor¨ªa de siete consejeros tras el relevo de 2012.