Las oficinas antifraude urgen al Gobierno a cumplir la normativa europea para proteger a los denunciantes de corrupci¨®n

La Red de Oficinas y Agencias Antifraude de Espa?a urge al Gobierno a que adapte ya la directiva europea sobre protecci¨®n de las personas que denuncian casos de corrupci¨®n. Seg¨²n esta red, el plazo para la transposici¨®n de esta norma finaliza en diciembre de este a?o, por lo que consideran que se deben establecer ya las medidas necesarias para facilitar que los funcionarios denuncien todo acto de corrupci¨®n cuando tengan conocimiento de ello. La directiva marca adem¨¢s cierto blindaje a los empleados, tanto del sector p¨²blico como del privado, si aportan informaci¨®n que viole la legislaci¨®n comunitaria sobre blanqueo de dinero, seguridad alimentaria, protecci¨®n ambiental, impuesto de sociedades o licitaci¨®n p¨²blica, por ejemplo. Las oficinas espa?olas sostienen que se ha de proteger tanto a estos como a sus familias, en el caso de que sea necesario y que se debe ¡°prohibir su menoscabo profesional y personal, los da?os a su reputaci¨®n y cualquier acci¨®n represaliadora ejercida como consecuencia de la denuncia para amedrentar o perjudicar¡±.

Esta red est¨¢ formada por un conjunto de organismos nacionales de lucha contra la corrupci¨®n, entre los que se encuentran entidades de la Comunidad Valenciana, Catalu?a, Baleares, adem¨¢s de los ministerios de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica. En una declaraci¨®n institucional, tras su VIII encuentro, celebrado en Alicante, han reclamado no solo proteger a los denunciantes sino tambi¨¦n que se reconozca su ejemplaridad. Y que, en el caso de que exista alg¨²n tipo de venganza contra ellos, est¨¦ castigada con ¡°accesiones correctoras sobre las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas represaliadoras, que presionan a las personas denunciantes y alertadoras y que obstaculizan las investigaciones impidiendo que lleguen a su buen fin, incluso tratando de amedrentar a las personas que investigan los hechos en cumplimiento de la ley¡±. Entre esas medidas est¨¢n la imposici¨®n de sanciones, efectivas y disuasorias, y la obligaci¨®n de reparar los da?os, incluidos los morales.

Facilitar el acceso a los ¨®rganos de lucha contra la corrupci¨®n para que el p¨²blico denuncie, incluso de manera an¨®nima, incidentes de corrupci¨®n es otra de las medidas que reclaman estas oficinas que trabajan desde 2018 en la lucha contra la corrupci¨®n desde una perspectiva administrativa y no penal. En este sentido la red incide en la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos, documentos e informaciones que se aporten a la investigaci¨®n de casos de fraude y corrupci¨®n para lograr que no se revele la identidad de las personas denunciantes o alertadoras, ni cualquier informaci¨®n de la que pudiera deducirse su identificaci¨®n.

Una de las oficinas que forman parte de la red es la de la Comunidad Valenciana, que recibi¨® 226 denuncias en 2020. En el primer semestre de 2021 se han registrado 187. En el 45% de los casos, las denuncias tienen relaci¨®n con la gesti¨®n de recursos humanos en diferentes administraciones p¨²blicas en procesos selectivos y de provisi¨®n de personal as¨ª como a cuestiones relacionadas con derechos y deberes del personal e incompatibilidades.

Pese a que la directiva a¨²n no est¨¢ transpuesta, los juzgados han empezado a esgrimirla como norma vulnerada. El primero fue un juzgado de Elche, en diciembre de 2020, que la aplic¨® por primera vez en un caso de un polic¨ªa local que denunci¨® hechos presuntamente delictivos y fue sometido a un sistem¨¢tico acoso laboral o mobbing.