Las rendijas abiertas por el crimen de Lardero

Francisco Javier Almeida fue durante cerca de 22 a?os un recluso modelo. Condenado a 30 a?os de prisi¨®n por el asesinato y agresi¨®n sexual a una mujer en Logro?o en 1998 y con antecedentes por otro delito sexual contra una menor, los que lo custodiaron en la c¨¢rcel de El Dueso (Cantabria) lo recuerdan como un interno que se relacionaba poco con otros presos, que nunca provoc¨® un incidente y que particip¨® en el programa de reinserci¨®n para agresores sexuales. Pese a ello, durante a?os tuvo restringidos los beneficios penitenciarios. Tard¨® ocho a?os en conseguir permisos de salida y el tercer grado lo alcanz¨® cuando estaba a poco m¨¢s de tres a?os para extinguir la pena. Finalmente, sali¨® en libertad condicional en abril de 2020. El pasado 28 de octubre, 18 meses despu¨¦s, acab¨® presuntamente con la vida de ?lex, un ni?o de nueve a?os al que atrajo con enga?os.

El conocido como crimen de Lardero (La Rioja) ha puesto de nuevo sobre la mesa una realidad que, cada cierto tiempo, se hace tr¨¢gicamente palpable: el sistema jur¨ªdico y penitenciario espa?ol, basado en la reinserci¨®n social, deja rendijas por la que se escapan delincuentes que nunca se reinsertan. ?Qu¨¦ se puede hacer para evitarlo? Los expertos discrepan, pero todos coinciden en la dificultad de prever la peligrosidad futura de una persona, por lo que siempre va a haber pron¨®sticos fallidos que, si se consuman, implican consecuencias tan tr¨¢gicas como la vivida la pasada semana en La Rioja. ¡°El riesgo cero no existe. El riesgo cero es la cadena perpetua o la pena de muerte¡±, advierte Mercedes Garc¨ªa Aran, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.

El C¨®digo Penal por el que se conden¨® a Almeida por el asesinato de 1998 no es el mismo con el que se le juzgar¨¢ por el crimen de Lardero si prospera su acusaci¨®n. El actual contempla dos medidas introducidas espec¨ªficamente para intentar taponar algunas de esas rendijas del sistema: la libertad vigilada y la prisi¨®n permanente revisable. Es posible que al autor de un crimen como el que cometi¨® Almeida hace 22 a?os o como el que ahora presuntamente se le atribuye se le hubiera aplicado al menos una de estas medidas. Sin embargo, es imposible saber si eso evitar¨ªa una reincidencia, salvo en el caso de que la prisi¨®n permanente, revisable por primera vez a los 25 a?os, se alargara indefinidamente. Esta ¨²ltima pena se aplic¨® por primera vez en Espa?a en 2017 ¨DDavid Oubel fue condenado por degollar a sus dos hijas en Mora?a (Pontevedra) en 2015¨D y todav¨ªa faltan muchos a?os para que lleguen las primeras revisiones, pero el problema entonces volver¨¢ a ser el mismo.

Los expertos asumen que la dificultad de prever la peligrosidad de una persona llevar¨¢ a alargar innecesariamente la estancia en prisi¨®n de algunos que de haber sido puestos en libertad no habr¨ªan reincidido y, por contra, se excarcelar¨¢ a individuos que volver¨¢n a delinquir. ¡°La conducta humana tiene un margen enorme de incertidumbre. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es de que es imposible predecirla con exactitud¡±, afirma Luc¨ªa Mart¨ªnez, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, autora de varios estudios sobre los pron¨®sticos de peligrosidad.

Los informes realizados por esta jurista arrojan una conclusi¨®n: existe una tendencia a sobrevalorar el riesgo, es decir, a clasificar como peligrosos a sujetos que no lo son (lo que se considera como falsos positivos). Sin embargo, los falsos negativos (cuando reincide un individuo al que se consider¨® no peligroso y respecto del cual no se adopt¨® ninguna medida) son m¨¢s f¨¢ciles de detectar porque dan lugar a un nuevo caso que, a menudo, genera gran impacto social. Pero demostrar cu¨¢ntas personas a las que s¨ª se calific¨® como peligrosas en realidad no lo eran resulta imposible si, debido a esa calificaci¨®n, se les mantiene en prisi¨®n.

Mart¨ªnez ha recogido estudios realizados en pa¨ªses como Estados Unidos o Alemania, donde existen hace a?os medidas privativas de libertad que pueden extenderse de por vida. En EE UU, el Tribunal Supremo orden¨® en 1966 la liberaci¨®n, o el traslado a hospitales psiqui¨¢tricos civiles, de 967 personas que permanec¨ªan recluidas en establecimientos para enfermos mentales criminales en el Estado de Nueva York. Tras un seguimiento de cuatro a?os solo 24 personas tuvieron que volver a ingresar en centros de alta seguridad para criminales mentalmente enfermos, lo que da como resultado una tasa de falsos positivos de m¨¢s del 97%.

En Alemania existe la llamada custodia de seguridad, una medida que se impone a delincuentes considerados peligrosos y que implica permanecer encerrado una vez que se termina de cumplir la pena de prisi¨®n. Se trata de centros espec¨ªficos donde los internos, la mayor¨ªa condenados por delitos sexuales graves, no est¨¢n en celdas, sino en habitaciones sin rejas y con m¨¢s actividades de ocio. Pueden permanecer de manera indefinida, aunque, de entrada, solo puede imponerse un m¨¢ximo de 10 a?os. Un estudio realizado a partir de 56 casos a los que los peritos calificaron como altamente peligrosos y para los que la Fiscal¨ªa solicit¨® esta medida, pero por diversas razones no se les impuso, demuestra que solo lo fueron en realidad 17. Es decir, el 70% eran falsos positivos, se?ala el estudio citado por Mart¨ªnez.

En Espa?a, el exministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n lleg¨® a plantear implantar un sistema similar a la custodia de seguridad alemana, pero en 2010 se opt¨® por la libertad vigilada, que se consideraba mucho m¨¢s acorde con el objetivo de reinserci¨®n que fija la Constituci¨®n. El problema, se?alan los expertos, es que el seguimiento institucional es muy pobre. ¡°Hay que asegurar la presencia del Estado en la seguridad p¨²blica y dotar de contenidos reales de prevenci¨®n a la libertad vigilada¡±, apunta Luis Arroyo Zapatero, director del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. La libertad vigilada puede adquirir varias f¨®rmulas, como geolocalizaci¨®n, comparecencias peri¨®dicas ante el juzgado, prohibici¨®n de moverse de un territorio determinado u obligaci¨®n de participar en programas formativos. El problema, se?alan los expertos, es que esas medidas no son eficaces por s¨ª solas. ¡°Una pulsera telem¨¢tica disuade de actuar. Pero no se trata solo de geolocalizaci¨®n, sino de mejorar el servicio de atenci¨®n, hacer seguimiento de la evoluci¨®n de la personalidad o de c¨®mo vive la persona una vez que est¨¢ en la calle¡±, apunta Arroyo Zapatero. El sistema, coinciden los expertos, falla, sobre todo, en ofrecer ¡°apoyos¡±, tanto para libertad vigilada como para la condicional.

Eso es lo que intenta cubrir el Programa C¨ªrculos para agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia implantado en 2014 en Catalu?a. ¡°Cuando un preso de estas caracter¨ªsticas sale a la calle tras cumplir una condena de 15 o 20 a?os, se encuentra un mundo cambiado que no conoce. Para reintegrarse en ¨¦l, necesita ayuda, un acompa?amiento que, adem¨¢s, puede servir de control¡±, explica Santiago Redondo, catedr¨¢tico de Psicolog¨ªa y Criminolog¨ªa de la Universidad de Barcelona. Para ¨¦l, casos como el de Almeida ¡°son terribles, pero tambi¨¦n excepcionales¡±. Pese a ello, Redondo, que dirigi¨® la creaci¨®n del programa contra agresores sexuales que en los a?os noventa se empez¨® a utilizar en las c¨¢rceles de Catalu?a y, posteriormente, en las del resto del Estado, cree que a¨²n hay un amplio margen de mejora.

En la misma l¨ªnea se manifiesta Virginia Domingo, jurista especializada en justicia restaurativa. Ella tambi¨¦n aboga para que la terapia a este tipo de delincuentes siga una vez abandonan la prisi¨®n. Plantea reuniones grupales una vez a la semana y voluntarias ¡°en las que puedan contar su experiencia en libertad y, sobre todo, compartir su miedo a reincidir, lo que permitir¨ªa cierto control¡±. Domingo, que descarta la celebraci¨®n de encuentros presenciales de los agresores con las v¨ªctimas, s¨ª cree que puede ser positivo que, a trav¨¦s de v¨ªdeos o audios, conozcan el testimonio directo de mujeres que han sufrido violencia sexual ¡°para que vean el da?o real que causaron¡±.

Antonio y Luis [nombres supuestos para preservar su anonimato] son, respectivamente, jurista y psic¨®logo de juntas de tratamiento (un ¨®rgano colegiado de profesionales penitenciarios existente en cada c¨¢rcel que estudia la evoluci¨®n del recluso y propone el r¨¦gimen carcelario que se le aplica, la concesi¨®n de permisos y si se eleva al juez su libertad condicional). Ambos admiten que no es f¨¢cil determinar en un preso lo que los informes penitenciarios denominan ¡°diagn¨®stico de comportamiento futuro¡±. Antonio destaca que, para hacerlo, los integrantes de la junta de tratamiento siempre tienen en cuenta varios factores objetivos, como el historial, el delito por el que fue condenado y el tiempo que le queda de condena, pero tambi¨¦n otros subjetivos, como la impresi¨®n que obtienen de las entrevistas que les hacen, si tienen posibilidad de trabajo o en qu¨¦ ambiente se van a desenvolver. Seg¨²n Antonio, todo ello carga de subjetividad la decisi¨®n final de la junta: ¡°Un mismo caso puede tener una valoraci¨®n dispar en una c¨¢rcel y otra¡±.

Su compa?ero psic¨®logo reconoce la complejidad de los casos de condenados por delitos sexuales. ¡°Son buenos presos y malos ciudadanos¡±, resume para destacar que su buen comportamiento en la c¨¢rcel puede ser enga?oso. Las estad¨ªsticas de Instituciones Penitenciarias recogen que un 95,7% de los presos que siguen los programas penitenciarios para intentar reinsertar a agresores sexuales no reinciden en los cinco a?os siguientes. La percepci¨®n de Luis, sin embargo, es que aunque estos programas, que son voluntarios, ¡°son t¨¦cnicamente muy buenos¡±, los resultados son escasos: ¡°En solo uno de cada 10 o 12 casos se nota mejor¨ªa. Muchos de estos reclusos asisten con el ¨²nico objetivo de que se les tenga en cuenta para que se les concedan beneficios¡±. ¡°Con este tipo de delincuentes, in dubio, pro sociedad (en casa de duda, a favor de la sociedad)¡±, concluye su compa?ero Antonio, cambiando el sentido de la c¨¦lebre locuci¨®n latina que aboga por favorecer al recluso.

Tambi¨¦n esc¨¦ptico con las posibilidades de ¨¦xito para reinsertar a presos de las caracter¨ªsticas de Almeida se muestra el catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia y crimin¨®logo Vicente Garrido. Para ¨¦l, los condenados por delitos sexuales, como el presunto autor del crimen de Lardero, ¡°han convertido la criminalidad en una parte sustancial de su personalidad¡± y hay que extremar la precauci¨®n antes de concederle un beneficio. ¡°Si no hay constancia real de que ha sido as¨ª se le debe negar¡±, recalca. Garrido tambi¨¦n critica que en Espa?a falta un amplio cuerpo profesional de funcionarios [en la actualidad hay 63 en las c¨¢rceles dependientes de Interior, y en el a?o 2020 se concedieron 3.654 libertades condicionales] que controlen a estos presos al estilo de los anglosajones agentes de la condicional. ¡°Hay que priorizar el bienestar de la sociedad ante este tipo de delincuentes¡±, afirma.