Los partidos ven inviable la reforma para suprimir los aforamientos
El consenso para eliminarlos en estatutos auton¨®micos no se da con la Ley Fundamental
La democracia espa?ola celebra este lunes el 43? aniversario de la Constituci¨®n en medio de una gran paradoja. El Congreso aprob¨® el jueves la propuesta de reforma del estatuto de autonom¨ªa de Baleares para eliminar el aforamiento de los 59 diputados auton¨®micos y de los miembros del Gobierno del archipi¨¦lago por 329 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (PNV y PDeCAT). Sin embargo, la desconfianza y falta de acuerdos transversales en un Parlamento marcado por la polarizaci¨®n hace imposible una reforma expr¨¦s y quir¨²rgica de la Constituci¨®n. Y eso pese al consenso sobre la supresi¨®n de una figura que permite que las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno sean investigadas y, llegado el caso, juzgadas por el Supremo en vez de por los tribunales ordinarios como le sucede al resto de ciudadanos. La fragmentaci¨®n de la c¨¢mara, con 18 partidos, tampoco ayuda.
El PP, sin el que la reforma parcial de la Ley Fundamental no es posible ¡ªse requiere una mayor¨ªa de dos tercios¡ª sostiene que no es posible porque los socios del Gobierno aprovechar¨ªan la ocasi¨®n para plantear sus reivindicaciones, contra la revisi¨®n del modelo de Estado y la sustituci¨®n de la Monarqu¨ªa por una Rep¨²blica. ¡°Es el momento para defender la Constituci¨®n, no para plantear su reforma, como piedra angular de nuestra democracia y de los acuerdos fundamentales que la sustentan, frente al proyecto de reformas radicales de la extrema izquierda y de los nacionalismos que, lamentablemente, es apoyado en lo b¨¢sico por el PSOE¡±, sostiene Edurne Uriarte, portavoz en la Comisi¨®n Constitucional. ¡°El PSOE afirma que el problema est¨¢ en la Constituci¨®n y no en la deslealtad nacionalista, y propone lo que llama una reforma federal para contentar a los nacionalistas¡±, apostilla.
Vox comparte las mismas tesis que el PP. ¡°Si se abre el mel¨®n de la Constituci¨®n, todos los partidos que quieren destruir a Espa?a intentar¨ªan meter la cuchara en esa reforma con todo tipo de medidas potenciales para atacar la unidad nacional, desde un refer¨¦ndum a la cuesti¨®n de la inviolabilidad del Rey, que no es m¨¢s que una forma de atacar a un s¨ªmbolo nacional¡±, observa el diputado Jos¨¦ Mar¨ªa Figaredo. Su formaci¨®n se declara ¡°totalmente a favor de eliminar los aforamientos: los pol¨ªticos deben ser juzgados por el sistema judicial ordinario¡±.
Rafaela Cresp¨ªn, secretaria general del PSOE en el Congreso y miembro de la comisi¨®n Constitucional, reconoce que un acuerdo del calibre que exige cambiar la Constituci¨®n es ¡°dif¨ªcil por la polarizaci¨®n y crispaci¨®n¡±. ¡°Desgraciadamente, es el clima que est¨¢n alimentando sobre todo los partidos de la derecha, PP y Vox, que no defienden el inter¨¦s colectivo. No ponen f¨¢cil el consenso y las reformas para avanzar como pa¨ªs¡±, sentencia. A Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz en la misma comisi¨®n, tampoco le convencen los argumentos del PP: ¡°Son excusas, el PP no puede reconocer que no quiere perder el control de los ¨®rganos judiciales. No va a permitir que les juzgue un juez ordinario cuando controlan el Supremo¡±.
¡°El PP prefiere que la Constituci¨®n siga llamando disminuidos a las personas con diversidad funcional por el pavor que les despierta que la Ley Fundamental se modifique. Se niegan a reformarla incluso en aquellos aspectos que reconocen que necesitan reformarse. Esto llega a extremos rid¨ªculos¡±, lamenta ??igo Errej¨®n, portavoz de M¨¢s Pa¨ªs.
Edmundo Bal (Ciudadanos) comparte que retocar la Constituci¨®n no es factible ¡°sin un consenso ampl¨ªsimo¡± y ¡°voluntad pol¨ªtica¡±. Partidario de una reforma ¡°con bistur¨ª¡±, advierte de que partidos como ERC podr¨ªan plantear abolir la Monarqu¨ªa o el derecho a decidir. ¡°Existe el riesgo de que se aproveche para reabrir otros debates. Ser¨ªa pernicioso cuestionar la Transici¨®n¡±, advierte.
Mikel Legarda, portavoz del PNV en la comisi¨®n Constitucional, tambi¨¦n ve ¡°inevitable¡± que hubiese partidos que, en caso de reforma, no se ci?esen a los aforamientos. En el supuesto de que hubiese un acuerdo en exclusiva sobre su eliminaci¨®n, los nacionalistas vascos propondr¨ªan un cambio a fondo para asemejarse a pa¨ªses como Estados Unidos, sin aforados. O como en Alemania y Reino Unido. EH Bildu apoyar¨ªa suprimir todos los aforamientos, ¡°siempre que se anule tambi¨¦n la inviolabilidad del Rey¡±, seg¨²n fuentes abertzales.
Entretanto, el estatuto de Baleares continuar¨¢ su tramitaci¨®n en el Senado. Canarias se convirti¨® en 2018 en la primera comunidad que acab¨® con la cobertura jur¨ªdica de los aforamientos para los 70 diputados auton¨®micos y el Ejecutivo regional. En Cantabria, con un Parlamento de 35 esca?os, entr¨® en vigor en marzo. La reforma del estatuto de La Rioja, en la misma l¨ªnea, super¨® en mayo su primer tr¨¢mite en la C¨¢mara Baja. La Asamblea de Murcia acaba de aprobar retirar el proyecto de reforma de su estatuto del Congreso con los votos del PP y los expulsados de Cs y Vox. Los diputados del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se ausentaron de la votaci¨®n en protesta por lo que consideraron un ¡°atropello democr¨¢tico¡±. La oposici¨®n hab¨ªa presentado enmiendas para regular la figura del diputado no adscrito tras los casos de transfuguismo.
Una promesa incumplida de PP y PSOE
La eliminaci¨®n de los aforamientos es una promesa incumplida del PP y del PSOE. Mariano Rajoy y Pedro S¨¢nchez se comprometieron a acotar este privilegio en sus Gobiernos. El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n se mostr¨® partidario en EL PA?S de eliminar todos los aforamientos excepto 22, sin contar los que afectan a la familia real: el presidente del Gobierno, los del Congreso y Senado, los del Constitucional y del Supremo y los 17 presidentes auton¨®micos. S¨¢nchez anunci¨® en septiembre de 2018 una reforma constitucional para ¡°eliminar¡± en dos meses los aforamientos de pol¨ªticos. El Gobierno aclar¨® luego que esta protecci¨®n judicial se limitar¨ªa a los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores para los delitos cometidos ¡°en el ejercicio de las funciones propias del cargo¡±. Pero no se cambi¨® nada.
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