Cuatro a?os de ¡®polic¨ªa pol¨ªtica¡¯ sin castigo en los tribunales

La pol¨ªtica y la justicia tienen velocidades distintas. A veces, dispares. La primera, a trav¨¦s de comisiones de investigaci¨®n en el Congreso, ha ratificado en dos ocasiones desde 2017 que durante la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz se cre¨® en el Ministerio del Interior un grupo parapolicial conocido como polic¨ªa pol¨ªtica o brigada patri¨®tica con el fin de ¡±obstaculizar la investigaci¨®n de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que afectaban al PP¡± y ¡°la persecuci¨®n de adversarios pol¨ªticos¡±. La ¨²ltima, este mi¨¦rcoles, con el dictamen de la comisi¨®n de la Operaci¨®n Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis B¨¢rcenas, que a¨²n est¨¢ pendiente de votaci¨®n por el pleno de la C¨¢mara baja.

Por el contrario, en estos cuatro a?os los tribunales no han dictado ninguna sentencia firme en la que se considere probada la existencia de este grupo. De hecho, varias de las operaciones presuntamente irregulares de las que se les acusan a sus integrantes ni siquiera son investigadas y la ¨²nica vez que dos presuntos integrantes de la trama se sentaron en el banquillo, fueron absueltos. Ocurri¨® en julio de 2020. El comisario Eugenio Pino, exjefe de la Polic¨ªa Nacional y supuesto mu?idor de la polic¨ªa pol¨ªtica, fue juzgado junto a uno de sus hombres de confianza, el inspector jefe Bonifacio D¨ªez Sevillano, en la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de descubrimiento de secretos por el supuesto intento de incorporar al caso Pujol, en el que se investigan el supuesto enriquecimiento irregular de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, un pendrive con documentos de origen il¨ªcito. Una de las acusaciones personadas pidi¨® 10 a?os de c¨¢rcel para cada uno de ellos, aunque la Fiscal¨ªa pidi¨® la absoluci¨®n.

Finalmente, ambos fueron absueltos, aunque el fallo a¨²n no es firme. Jordi Pujol Ferrusola, primog¨¦nito del expresidente de la Generalitat y acusaci¨®n en la causa, recurri¨® el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todav¨ªa no se ha pronunciado, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Pese al sentido favorable de la sentencia, el tribunal reproch¨® en el fallo al comisario Pino una conducta ¡°alejada de un correcto actuar profesional¡± y afirmaba que su ¡°oscurantismo¡± sobre el origen de la informaci¨®n que conten¨ªa aquel dispositivo de memoria ¡°puso en serio riesgo¡± la investigaci¨®n sobre el clan Pujol que se llevaba en la Audiencia Nacional.

Este alto mando policial est¨¢ ahora cerca del banquillo por otra actuaci¨®n de esta trama, la Operaci¨®n Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero Luis B¨¢rcenas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® el pasado julio un auto en el que pon¨ªa final a la instrucci¨®n y propon¨ªa juzgar a 11 personas, entre ellos el exministro Fern¨¢ndez D¨ªaz, su ex n¨²mero dos, Francisco Mart¨ªnez, y nueve polic¨ªas, incluido Pino. En esa resoluci¨®n ¡ªque ha sido recurrida por acusaciones y defensas¡ª, el magistrado conclu¨ªa que la trama actu¨® a partir del verano de 2013 con idea de ¡°acceder a documentaci¨®n e informaci¨®n en poder de B¨¢rcenas para desviarla¡± y que no llegara al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso G¨¹rtel.

A¨²n en fase de investigaci¨®n, en este caso en un juzgado de Andorra, se encuentra otra de las supuestas actuaciones de la pol¨ªtica patri¨®tica. En este caso, de la llamada Operaci¨®n Catalu?a, la campa?a de intoxicaci¨®n informativa supuestamente gestada a partir de 2012 en el seno de Interior para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupci¨®n, desacreditar a los l¨ªderes del independentismo catal¨¢n. Se trata de las supuestas coacciones y extorsi¨®n a Higini Cierco, accionista mayoritario junto a su hermano Ram¨®n de la Banca Privada de Andorra (BPA), y otro directivo de esta entidad para que facilitaran informaci¨®n de las cuentas bancarias que pudieran tener dirigentes nacionalistas catalanes con la amenaza del cierre tanto del banco como de su filial espa?ola, Banco Madrid, algo que finalmente se produjo. En esta causa, en la que figuran grabaciones con las amenazas, est¨¢n querellados cuatro presuntos integrantes de la polic¨ªa pol¨ªtica, entre ellos el comisario Pino, as¨ª como Mariano Rajoy y los exministros Fern¨¢ndez D¨ªaz y Crist¨®bal Montoro, entre otras personas.

Menos suerte en los tribunales han tenido otras actuaciones de la Operaci¨®n Catalu?a. El Tribunal Supremo rechaz¨® la querella que, en septiembre de 2016, interpuso el exalcalde de Barcelona Xavier Tr¨ªas contra el exministro Fern¨¢ndez D¨ªaz y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Catalu?a Daniel de Alfonso tras la difusi¨®n de unas conversaciones de ambos ¡ªgrabadas por agentes de la polic¨ªa patri¨®tica¡ª en las que hablaban de filtrar informaci¨®n de l¨ªderes nacionalistas a medios de comunicaci¨®n. El alto tribunal rechaz¨® investigarlo porque consider¨® imposible determinar si los audios estaban manipulados.

Tambi¨¦n han fracasado los intentos de investigar la Operaci¨®n Catalu?a en el macrosumario del caso T¨¢ndem, en el que se investiga tanto la Operaci¨®n Kitchen como las actividades presuntamente il¨ªcitas del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo para enriquecerse. Tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como el juez instructor, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, consideran que estas actividades no son delictivas. Y ello a pesar de que, cuando se detuvo a Villarejo, en noviembre de 2017, en su domicilio se localizaron al menos seis informes sobre este operativo, uno de ellos sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas, del que se difundi¨® un informe ap¨®crifo. En este sumario ha intentado personarse como acusaci¨®n Jordi Pujol Ferrusola tras conocerse que el comisario ten¨ªa a los miembros del clan familiar entre sus objetivos. El juez lo rechaz¨® con el argumento de que los Pujol eran un objetivo de inter¨¦s policial y no consta que se hubiera usado medios ilegales, seg¨²n se?alan fuentes jur¨ªdicas.

Garc¨ªa-Castell¨®n tampoco ha admitido investigar dentro del caso T¨¢ndem el llamado Informe Pisa (acr¨®nimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial an¨®nimo sobre las finanzas de Podemos que sali¨® a la luz en 2016 y cuyo contenido fue avalado por Interior como un trabajo de la Direcci¨®n Adjunta Operativa (DAO), que encabezaba precisamente el comisario Pino. El informe, que la Polic¨ªa intent¨® judicializar, pero que los tribunales rechazaron de plano, fue presuntamente redactado por otro miembro de la trama, el comisario Andr¨¦s G¨®mez Gordo, antiguo asesor de Mar¨ªa Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.