Castilla-La Mancha reclama a Hacienda un fondo espec¨ªfico contra la despoblaci¨®n

El plazo para presentar las alegaciones a la primera propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiaci¨®n auton¨®mico termina este lunes, y las comunidades que a¨²n no lo hab¨ªan hecho se han apresurado a enviar sus propuestas a Hacienda. El documento inicial, que planteaba una revisi¨®n del criterio de poblaci¨®n ajustada que elevaba el peso del gasto sanitario y educativo, no ha dejado conforme a ninguna autonom¨ªa. Entre las diferentes propuestas para modificar el sistema de reparto, destaca la solicitud de Castilla-La Mancha de crear un fondo adicional y espec¨ªfico destinado a luchar contra la despoblaci¨®n, la gran preocupaci¨®n de las comunidades con una demograf¨ªa muy dispersa. De los ocho presidentes que se reunieron en Santiago de Compostela para reivindicar la equidad en la Espa?a rural ¡ªGalicia (PP), Castilla y Le¨®n (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Arag¨®n (PSOE), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), La Rioja (PSOE) y Cantabria (PRC)¡ª, Emiliano Garc¨ªa-Page ha sido el ¨²nico que, hasta el momento, ha llegado tan lejos en su propuesta.

Adem¨¢s de la creaci¨®n de este fondo, el Gobierno de Page ha solicitado que el territorio sea incorporado como un elemento estructural del sistema de reparto, y no solo como un elemento corrector; y que los costes fijos se tengan en cuenta en todas las comunidades aut¨®nomas y no solo en las peque?as. La propuesta del Ejecutivo central contempla cuatro bloques competenciales (sanidad, educaci¨®n, servicios sociales y el resto de servicios), y define para cada uno de ellos una serie de variables para medir el coste real de su prestaci¨®n. La suma de esas ponderaciones acumular¨ªa entre el 96% y el 97% del total. El resto de las variables correctivas, entre las que se encuentra la superficie, englobar¨ªan entre el 3% y el 4% restante. Si la propuesta de Castilla-La Mancha saliera adelante, el criterio de superficie saldr¨ªa de ese bloque y se acoplar¨ªa a cada uno de los cuatro bloques competenciales.

A pesar de que las comunidades que participaron en la reuni¨®n de Santiago comparten una serie de problemas ligados a la poblaci¨®n ¡ªsuponen un 62% de la superficie del pa¨ªs, pero solo representan el 25% de la ciudadan¨ªa¡ª, sus alegaciones a la propuesta del Gobierno discrepan en algunas cuestiones. El Ejecutivo c¨¢ntabro, por ejemplo, defiende en su informe que la superficie, el elemento que busca poner en valor el Gobierno castellanomanchego, debe perder peso en favor de la orograf¨ªa, un factor que consideran que incide en la dispersi¨®n demogr¨¢fica y que supone un incremento de los costes econ¨®micos en la prestaci¨®n de servicios. Para ilustrarlo, el texto pone de manifiesto c¨®mo la inversi¨®n en transporte escolar en Cantabria se eleva a 18,9 millones de euros, frente a los 17,1 de la Comunidad de Madrid, a pesar de que el volumen de alumnado es 13 veces inferior.

En la misma l¨ªnea, el Gobierno de Miguel ?ngel Revilla tambi¨¦n se opone a la inclusi¨®n de todas las comunidades en la consideraci¨®n de los costes fijos, como propone Page, y defiende que se priorice a las regiones peque?as. En lo que s¨ª est¨¢n de acuerdo ambas comunidades, en cambio, es en modificar el criterio para medir la dispersi¨®n que, en su opini¨®n, no queda adecuadamente medido al sumar el n¨²mero de entidades singulares. En sustituci¨®n, Cantabria plantea utilizar otros indicadores de dispersi¨®n como los n¨²cleos de poblaci¨®n o el n¨²mero de celdas de un kil¨®metro cuadrado con poblaci¨®n.

De momento, el presidente asturiano se ha limitado a afirmar que no aceptar¨¢n un modelo en el que pierdan recursos y que a¨²n tienen dudas sobre si les beneficia o no la actual propuesta de Hacienda. Aunque el an¨¢lisis ser¨¢ presentado por la consejera del ramo, Ana C¨¢rcaba, Adri¨¢n Barb¨®n ha defendido que su posici¨®n ya qued¨® fijada en la Declaraci¨®n de Santiago que firm¨® conjuntamente con el resto de comunidades que aquejan despoblaci¨®n.

Fuera de las autonom¨ªas con problemas de despoblaci¨®n, las discrepancias son a¨²n mayores. Baleares propone en su informe considerar el crecimiento demogr¨¢fico acelerado, que supone importantes ¡°costes de congesti¨®n¡±. En ese sentido, el Govern balear sostiene que el incremento poblacional en el archipi¨¦lago en los ¨²ltimos 20 a?os ha sido el doble que el de la media nacional, y demanda que se tenga en cuenta la poblaci¨®n flotante, que incluye a turistas, trabajadores de temporada y residentes no empadronados. Adem¨¢s, contempla que el precio del suelo y la vivienda tambi¨¦n sean factores determinantes.

Desde la Comunidad Valenciana, la confrontaci¨®n al modelo de la Espa?a vac¨ªa es total. El Ejecutivo de Ximo Puig, con el consenso del resto de los grupos parlamentarios, quiere eliminar cualquier variable que no sea poblacional, porque consideran que no est¨¢ justificado que las variables geogr¨¢ficas impliquen m¨¢s gasto. Adem¨¢s, propone un mecanismo transitorio, como la Regi¨®n de Murcia, que aboga por un fondo de nivelaci¨®n, para contrarrestar los efectos de la infrafinanciaci¨®n de sus comunidades hasta que se apruebe el nuevo modelo, que en ning¨²n caso entrar¨¢ en vigor este a?o.

Ambas autonom¨ªas, no obstante, se muestran favorables a la propuesta de poblaci¨®n ajustada, que encuentra su principal oposici¨®n en Catalu?a, donde el Govern de Aragon¨¨s argumenta que ahonda en un sistema de reparto de recursos, en lugar de avanzar hacia la autonom¨ªa financiera. Adem¨¢s, en oposici¨®n a la propuesta encabezada por Castilla-La Mancha, sostiene que las medidas espec¨ªficas contra la despoblaci¨®n deben abordarse fuera del debate sobre el modelo de financiaci¨®n.