El fin de la crisis con Marruecos allana la expulsi¨®n de un preso del 11-M

La Polic¨ªa Nacional ultima la expulsi¨®n a Marruecos por motivos de ¡°seguridad nacional¡± de Rachid Aglif, alias El Conejo, uno de los seis condenados por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid que a¨²n permanece en prisi¨®n y cuya excarcelaci¨®n est¨¢ fijada para el pr¨®ximo viernes, 1 de abril, confirman a EL PA?S fuentes policiales. La medida, que ya se ha aplicado con otros penados por aquellos hechos al ser puestos en libertad, se ha visto facilitada ahora por el fin de la crisis diplom¨¢tica con Marruecos tras la decisi¨®n de Madrid de apoyar la propuesta de Rabat en el conflicto en el S¨¢hara Occidental, se?alan estas fuentes. El Ministerio del Interior ha declinado dar detalles sobre la posible devoluci¨®n de Aglif y se han limitado a asegurar que ¡°se aplicar¨¢ la legislaci¨®n¡±.

Marruecos hab¨ªa interrumpido durante cerca de un a?o la repatriaci¨®n de inmigrantes irregulares en avi¨®n desde Canarias y aceptaba con cuentagotas a sus nacionales expulsados tras cumplir condena en Espa?a. Ahora, los primeros se han retomado y la polic¨ªa aspira a que las devoluciones como la de El Conejo se agilicen. Otro de los reclusos del 11-M, Mohamed Bouharrat, tambi¨¦n marroqu¨ª, previsiblemente seguir¨¢ sus pasos cuando extinga su pena el pr¨®ximo 30 de octubre.

Andreas Chalaris, abogado de Aglif, asegura que, al menos hasta el pasado mi¨¦rcoles, ni ¨¦l ni su cliente hab¨ªan recibido ninguna comunicaci¨®n de que este vaya a ser expulsado. Chalaris a?ade que el viernes tiene previsto recoger a Aglif en el Centro Penitenciario de Archidona (M¨¢laga), donde ha cumplido la ¨²ltima parte de su pena, para traerlo de vuelta a Madrid. El abogado insiste en que su cliente no tuvo ninguna participaci¨®n en el 11-M, y asegura que est¨¢ plenamente integrado en Espa?a, donde viven su hermano y sus sobrinos.

Aglif, condenado 18 de c¨¢rcel por colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista y tr¨¢fico de explosivos por participar en, al menos, una de las reuniones en la que los terroristas adquirieron el explosivo utilizado en los atentados, ha cumplido toda la condena en primer grado penitenciario o r¨¦gimen cerrado, el m¨¢s duro, reservado a internos de peligrosidad extrema o de inadaptaci¨®n grave. Este r¨¦gimen le ha impedido, por ejemplo, disfrutar de permisos, adem¨¢s de tener durante toda la condena menos horas de salida al patio que el resto de los internos.

La pol¨ªtica de expulsiones de condenados por yihadismo se inici¨®, precisamente, tras los atentados del 11-M, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en varios trenes de Cercan¨ªas de Madrid. Con la medida se pretend¨ªa alejar de Espa?a a personas consideradas muy peligrosas. Para ello se ha utilizado tanto el art¨ªculo 57.2 de la Ley de Extranjer¨ªa, que contempla la expulsi¨®n a su pa¨ªs de todos los condenados a penas superiores a un a?o, como el real decreto sobre libre circulaci¨®n y residencia en Espa?a de ciudadanos de la UE y de otros Estados, que permite la devoluci¨®n inmediata cuando existan ¡°motivos imperiosos de seguridad p¨²blica¡±.

En el caso de los condenados por terrorismo yihadista, la expulsi¨®n se adopta, precisamente, por razones de orden p¨²blico, y debe estar basada en la conducta personal del condenado, la cual debe ser considerada como una amenaza real, actual y suficientemente grave. Para ello, el Gobierno y los jueces sustentan sus decisiones en tal sentido en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de los expertos antiterroristas de la Polic¨ªa Nacional.

Para ejecutar la medida, Interior tramita el expediente administrativo mientras el condenado permanece en prisi¨®n; y unos d¨ªas antes de que cumpla la pena, el centro penitenciario contacta con el tribunal sentenciador para comunicar la inminente puesta en libertad. El d¨ªa de la excarcelaci¨®n, agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Expatriaciones de la Polic¨ªa Nacional acuden a las puertas de prisi¨®n y le devuelven, escoltado, a las autoridades del pa¨ªs de destino. A todos se les proh¨ªbe volver a pisar Espa?a durante un periodo de a?os que puede variar.

Este mecanismo sufri¨® un frenazo tras el cierre de las fronteras adoptado por los pa¨ªses para frenar la expansi¨®n de la pandemia. De hecho, al menos dos yihadistas que hab¨ªan terminado de cumplir sus condenas durante el estado de alarma no pudieron ser expulsados a Marruecos. Se trataba de Mohamed Akaarir y Nassira Benayad. El primero fue detenido en 2016 y condenado a dos a?os y dos meses de c¨¢rcel por enaltecimiento del terrorismo por difundir material radical en internet. La sentencia recog¨ªa que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, ser¨ªa expulsado de Espa?a y se prohibir¨ªa su regreso durante seis a?os. Nassira Benayad fue juzgada en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016 como integrante de una c¨¦lula del Estado Isl¨¢mico (ISIS, en sus siglas en ingl¨¦s) que hab¨ªa desplegado en Barcelona una gran actividad propagand¨ªstica. Condenada a cinco a?os de prisi¨®n, el fallo tambi¨¦n contemplaba su repatriaci¨®n a Marruecos una vez extinguida la pena.

En ambos casos, ante la imposibilidad de ejecutar su expulsi¨®n, se les aplicaron medidas de libertad vigilada, tambi¨¦n recogidas en sus condenas. Este es un mecanismo de seguridad y control incluido en el C¨®digo Penal en 2010 para terroristas y delincuentes sexuales con mal pron¨®stico de reinserci¨®n. Finalmente, Akaarir fue detenido de nuevo en marzo de 2021 como presunto integrante de la red de radicalizaci¨®n yihadista dentro de las c¨¢rceles, desmantelada por la Guardia Civil en la llamada Operaci¨®n Graffiti. Las pesquisas revelaron que su radicalizaci¨®n se hab¨ªa incrementado dentro de prisi¨®n y presuntamente hab¨ªa mostrado ¡°su voluntad de atentar¡±, aunque no ten¨ªa planes concretos.