Un documento de ERC con 11 exigencias complica la reforma de la ¡®ley mordaza¡¯
El partido catal¨¢n plantea a los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma reabrir la negociaci¨®n sobre dos art¨ªculos ya pactados
La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, afronta nuevas dificultades despu¨¦s de que ERC entregara el martes de la semana pasada a los representantes de los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma ¨DPSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts¨D un documento con los cambios que la formaci¨®n nacionalista considera irrenunciables para que sus diputados voten a favor. Se trata de 11 ¡°l¨ªneas rojas¡±, seg¨²n las describen dos de los negociadores de los otros partidos, entre las que se incluyen la prohibici¨®n expresa de usar pelotas de goma como material antidisturbios y la eliminaci¨®n de la presunci¨®n de veracidad de los agentes, dos aspectos que descarta el PSOE. Algunas de las propuestas del partido catal¨¢n obligar¨ªan, adem¨¢s, a reabrir la negociaci¨®n sobre art¨ªculos de la ley mordaza cuya nueva redacci¨®n se daba ya por acordada, algo a lo que se oponen varios grupos.
Fuentes parlamentarias de ERC confirman la existencia del documento y describen su contenido como ¡°los puntos m¨ªnimos¡± que el partido considera que ¡°deben quedar reflejados¡± en el texto que se lleve a votaci¨®n al pleno del Congreso para que sus 13 diputados voten a favor. Estas mismas fuentes a?aden que, a d¨ªa de hoy y con lo acordado hasta ahora, el partido catal¨¢n rechazar¨ªa apoyar la reforma, lo que impedir¨ªa su aprobaci¨®n, que necesita 175 votos afirmativos al tratarse de una ley org¨¢nica.
ERC recuerda que, en febrero, ya vot¨® en contra de una iniciativa del Gobierno, la reforma laboral, que finalmente sali¨® adelante por el error de un diputado del PP. Entre los argumentos que esgrime ahora el partido catal¨¢n para defender su posici¨®n est¨¢ la carta que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, envi¨® en febrero a las presidencias de Congreso y Senado para denunciar que la reforma en marcha no resolv¨ªa, en su opini¨®n, los problemas que planteaba la norma.
La iniciativa de ERC se produce, adem¨¢s, en un momento cr¨ªtico de la negociaci¨®n. Paralizadas desde marzo las reuniones de la ponencia parlamentaria encargada de la reforma ante los pocos avances ¨Dsolo se hab¨ªan cerrado acuerdos sobre 29 art¨ªculos¨D, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios entre ellos para limar diferencias y poder acudir a la pr¨®xima reuni¨®n de aquella con textos ya cerrados para agilizar el tr¨¢mite parlamentario y sortear la oposici¨®n frontal de los partidos de la derecha. El objetivo era cerrar el nuevo texto antes del verano, cuando se cumple el s¨¦ptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprob¨® el PP en 2015. Sin embargo, en estas reuniones a seis bandas los avances han sido m¨ªnimos, seg¨²n admiten algunos de los grupos. En parte, se?alan, por la actitud de ERC, cuya negociadora, la diputada Mar¨ªa Carvalho Dantas, ha mostrado ¡°poca flexibilidad¡±, critican fuentes parlamentarias.
En la ¨²ltima reuni¨®n, celebrada el martes de la semana pasada horas antes del discurso del presidente ucranio Volod¨ªmir Zelenski ante el Congreso, Dantas dio a conocer el documento de ERC a los otros partidos. El contenido del mismo provoc¨® malestar en algunos de los otros grupos, al considerar que obligaba a reabrir la negociaci¨®n sobre los art¨ªculos 36.23 y 16 de la ley, cuyas modificaciones ya hab¨ªan sido acordadas y, por tanto, se daban por superados. Fuentes del grupo republicano creen que ello no debe ser un problema: ¡°A veces, el avance de las negociaciones obliga a revisar cosas ya superadas¡±. El pr¨®ximo encuentro de los seis partidos est¨¢ previsto para despu¨¦s de Semana Santa. A¨²n no hay fecha para que se reanuden las reuniones de la ponencia parlamentaria con todas las formaciones.
El art¨ªculo 36.23 se refiere a la grabaci¨®n y difusi¨®n de la imagen de los polic¨ªas en el transcurso de su actividad profesional. La ley que aprob¨® el PP se?alaba que se sancionar¨ªa como falta grave (multas de 601 a 30.000 euros) el uso ¡°no autorizado¡± de esas grabaciones, una expresi¨®n que la sentencia del Tribunal Constitucional que aval¨® en enero de 2021 gran parte de la ley ya consider¨® inconstitucional. La reforma acordaba suprimir esas dos palabras, pero seguir sancionando la utilizaci¨®n de estas im¨¢genes ¡°cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar¡± de los agentes. ERC plantea ahora que se explicite el derecho a grabar y difundir las im¨¢genes de las actuaciones policiales sin limitaciones, y que sea el C¨®digo Penal el que sancione aquellos casos en que se pudiera incurrir en delito. Algo similar ocurre con el art¨ªculo 16, referido a la identificaci¨®n de personas en la calle por parte de las Fuerzas de Seguridad. ERC pretende que se a?ade al mismo la prohibici¨®n expresa a las identificaciones por razones de raza.
El documento de ERC tambi¨¦n pide suprimir el ep¨ªgrafe que sanciona la entrada de manifestantes en infraestructuras p¨²blicas al considerar que puede generar actuaciones policiales arbitrarias como considera que ocurri¨® con los ciudadanos que protestaron en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® a los dirigentes del proc¨¦s. Asimismo, reclama la prohibici¨®n del material antidisturbios que pueda causar potencialmente da?os permanentes en los manifestantes, incluida las pelotas de goma.
Junto a ello, solicita que se sancione a los polic¨ªas que provoquen con su actitud el inicio de incidentes durante las manifestaciones para justificar la represi¨®n (denominado s¨ªndrome Sherwood, en referencia a la criticada expresi¨®n utilizada por un alto mando de los Mossos d¡¯Esquadra para bautizar su propuesta para combatir al fen¨®meno okupa y antisistema en el barrio barcelon¨¦s de Gracia) y que se elimine el valor probatorio que en la actualidad tienen las declaraciones de los polic¨ªas en su condici¨®n de agentes de la autoridad cuando no exista una prueba objetiva que respalde ese testimonio. Tambi¨¦n pide que se eliminen las sanciones a los organizadores de manifestaciones en los que se produzcan disturbios o a los que practiquen la resistencia pac¨ªfica en situaciones como los desahucios.
El partido nacionalista aboga tambi¨¦n por suprimir el art¨ªculo que penaliza a las mujeres que ejercen la prostituci¨®n en lugares p¨²blicos y el que recoge las devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera. En este ¨²ltimo caso, ERC rechaza que, como pretende el PSOE, la pol¨¦mica figura se traslade a una futura reforma de la ley de extranjer¨ªa. El documento recoge, finalmente, la exigencia de eliminar el art¨ªculo sobre las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse y el que contempla multas por faltas de respeto a los polic¨ªas, al considerar que pueden amparar situaciones de abuso por parte de los agentes.
Cuatro a?os de atasco parlamentario
El texto base sobre el que trabajan los grupos para reformar la ley de seguridad ciudadana es una proposición de ley presentada por el PNV hace cuatro años y que, entre las discrepancias políticas y las sucesivas disoluciones del Congreso, nunca fructificó. Como en otros proyectos del Gobierno, como la ley de memoria democrática, el proyecto ha concitado el rechazo frontal de los partidos de la derecha, pero también con las quejas de los aliados parlamentarios que la consideran insuficiente. Una división que se ha trasladado a la calle. Por un lado, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Sus protestas desembocaron, el 27 de noviembre, en una manifestación que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid. Por otro lado, también se han opuesto a la reforma organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, aunque en su caso por considerar que la norma debe ser derogada en su conjunto. Consideran que los partidos, con las modificaciones que plantean, únicamente van a “maquillar” un texto que consideran lesivos para los ciudadanos. Por su parte, el Defensor del Pueblo lleva años urgiendo en sus informes a los partidos políticos a culminar la reforma de la ley.
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