La Fiscal¨ªa rebaja a 3,4 millones el desv¨ªo de fondos de los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯

La Fiscal¨ªa ha presentado este mi¨¦rcoles en el Tribunal de Cuentas la demanda por responsabilidad contable contra varios de los principales l¨ªderes del proc¨¦s independentista catal¨¢n, rebajando a casi una tercera parte la cantidad reclamada inicialmente, que pasa de 9.054.005,8 euros a 3.429.342,4 euros. Se incluyen en este expediente ¡ªque afecta a 35 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat¡ª tanto los gastos para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como aquellos destinados a promover el plan independentista en el exterior. Entre los encausados que se benefician de esa rebaja est¨¢n los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros.

La demanda, a la que EL PA?S ha tenido acceso, explica esta reducci¨®n de cuant¨ªas por el establecimiento de ¡°un principio de seguridad jur¨ªdica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo en cuanto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autor¨ªa de las mismas¡±. Destaca el texto el respeto por ¡°la libertad ideol¨®gica¡±, lo que lleva a la Fiscal¨ªa a excluir gastos sobre inversiones o viajes para conferencias o actos culturales, aunque en ellos se defendiera tambi¨¦n el derecho a la autodeterminaci¨®n.

La decisi¨®n del ministerio p¨²blico, que desinfla sustancialmente la causa en el Tribunal de Cuentas ¡ªla derivada econ¨®mica de la causa penal que ya dirimi¨® el Supremo en 2019¡ª, llega despu¨¦s de que el propio Tribunal de Cuentas ya diera un bal¨®n de ox¨ªgeno a los encausados al aceptar que sus fianzas fueran cubiertas por la propia Generalitat a trav¨¦s de un fondo de avales de nueva creaci¨®n. Esa f¨®rmula ¡ªavalar con dinero p¨²blico a los supuestos autores de una malversaci¨®n de dinero p¨²blico¡ª fue aceptada por el Tribunal de Cuentas el pasado marzo ¡ªtras rechazarla inicialmente¡ª despu¨¦s de que la renovaci¨®n del tribunal diera lugar a una nueva mayor¨ªa del sector progresista.

El escrito de la Fiscal¨ªa ¡ªque se pronuncia por primera vez sobre la cuant¨ªa supuestamente defraudada, porque el c¨¢lculo inicial lo realiz¨® la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas¡ª aborda primero los gastos que supuso la organizaci¨®n y realizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O, que cifra en 1.129.838,63 euros. Esa cantidad supone alrededor de una cuarta parte de la cantidad que recog¨ªa el acta de liquidaci¨®n provisional, en la que la delegada instructora imput¨® a los investigados una desviaci¨®n de fondos por valor de 3.903.294,86 euros. En el segundo cap¨ªtulo, relativo a la promoci¨®n del proc¨¦s en el extranjero a trav¨¦s de Diplocat, la demanda del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Mart¨ªn Granizo, reclama ahora a los investigados 2.209.503,8 euros, frente a los 5.150.711,09 euros de gasto irregular planteados por la delegada instructora.

El dato de la reducci¨®n de las cantidades reclamadas es muy relevante, porque determina los l¨ªmites del procedimiento. El Tribunal de Cuentas no puede condenar a los 35 investigados que permanecen finalmente en el proceso por una responsabilidad contable mayor que la que reclaman las acusaciones. Aparte de la Fiscal¨ªa, interviene en este asunto Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya present¨® su demanda en febrero pasado, cifrando la deuda de los imputados en 5,3 millones de euros, es decir, 3,75 millones menos que los contemplados indiciariamente por la delegada instructora.

Los investigados no van a sufrir ahora da?o patrimonial alguno por estas reclamaciones, dado que han quedado amparados por los avales ofrecidos por la Generalitat, y ya se han levantado los embargos de sus bienes. La admisi¨®n de los avales supone que los imputados s¨®lo tendr¨¢n que hacer frente de forma conjunta y solidaria a la responsabilidad que se les atribuya en una u otra parte del expediente si son objeto de condena impuesta por sentencia firme. Pueden pasar a?os hasta que se llegue eventualmente a esta situaci¨®n, porque el fallo del Tribunal de Cuentas puede ser recurrido sucesivamente al Supremo, el Constitucional y la justicia europea.

Desde el principio de la investigaci¨®n hubo divergencias en el propio Tribunal de Cuentas sobre la cuant¨ªa que deb¨ªa reclamarse a los investigados, expresadas en varias fases del proceso. Hab¨ªa indicios de que se hab¨ªan contabilizado dos veces algunos gastos y de que en otros casos se hab¨ªan sumado otros ajenos al refer¨¦ndum o a Diplocat. La Fiscal¨ªa afirma en su demanda que ha realizado una revisi¨®n rigurosa con el fin de evitar ¡°una doble imposici¨®n y aclarar conceptos en hechos y responsabilidades que en ocasiones est¨¢n relacionados entre s¨ª¡±.

El texto de la Fiscal¨ªa mantiene la treintena larga de investigados que ya figuraban en el acta de liquidaci¨®n provisional, mientras que Sociedad Civil Catalana los ha reducido a 11, centrando las responsabilidades contables por el 1-O y Diplocat al n¨²cleo duro del proc¨¦s, compuesto por Puigdemont, Junqueras y siete de sus exconsejeros. La Fiscal¨ªa, a su vez, atribuye solo a los condenados por malversaci¨®n por el Supremo la imputaci¨®n de responsabilidad econ¨®mica por el 1-O, y a los nombres de Puigdemont y Junqueras une los de los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. No hay, en cambio, acusaci¨®n para las interventoras de la Generalitat, porque los peritos ¡°argumentan que en su labor no pudieron impedir el gasto¡±, y queda igualmente fuera del proceso la interventora general, Rosa Vidal, ¡°al no quedar acreditado que haya fiscalizado el gasto en alguna de las fases de ejecuci¨®n¡±.

Se mantienen entre los acusados de responsabilidad contable por el 1-O los exconsejeros ¡°declarados rebeldes¡± Antoni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig (pr¨®fugos en Bruselas), pero no Clara Ponsat¨ª ¡ªen la misma situaci¨®n que los anteriores¡ª ni Meritxell Serret, pendiente de ser juzgada por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), tras haber permanecido huida desde 2017 y haberse presentado en el Supremo hace un a?o. Quedan igualmente excluidos de la demanda Josep Maria Jov¨¦ y Natalia Garriga, ambos exaltos cargos de la estructura de Hacienda de la Generalitat.

La demanda del fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas excluye entre los gastos susceptibles de reclamaci¨®n los que se efectuaron por el uso de locales p¨²blicos para las votaciones del refer¨¦ndum y los trabajos encargados a Unipost para la impresi¨®n y distribuci¨®n de material relacionado con el 1-O, por estimar que no llegaron a ejecutarse. Todo ello redunda en un sensible descenso de la cantidad reclamada.

¡°Libertad ideol¨®gica¡±

M¨¢s pormenorizado a¨²n es el an¨¢lisis de los fondos invertidos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s, con el resultado de que la Fiscal¨ªa excluye gran parte de ellos, al entender que no todos los viajes al extranjero deben contarse como correspondientes a dichas actividades. El n¨²mero de imputados, en cambio, es mayor en este apartado, correspondiente a Diplocat. Aqu¨ª aparecen los nombres de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas ¡ªa quien se reclaman 739.918,46 euros¡ª y Carles Puigdemont ¡ª2.486.790,71 euros¡ª, el exvicepresidente Oriol Junqueras ¡ªla misma cantidad¡ª y tambi¨¦n, entre otros exaltos cargos, el exconsejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, cuya responsabilidad se calcula en la misma cifra que la de Mas.

La Fiscal¨ªa subraya en este punto su voluntad de garantizar ¡°la seguridad jur¨ªdica¡± y respetar la ¡°libertad de opini¨®n¡±. Para explicarlo afirma que no se incluyen en la demanda, por ejemplo, los gastos derivados de la asistencia, organizaci¨®n o impartici¨®n de una conferencia, ¡°y ello m¨¢xime cuando analizada la documentaci¨®n se ha constatado que, en numerosas ocasiones, la actuaci¨®n de las autoridades y funcionarios se limitaron a la asistencia a dichos actos y, en diversos supuestos, a la organizaci¨®n de los mismos, sin que pueda responsabiliz¨¢rseles a aquellos ¨ªntegramente de las distintas manifestaciones vertidas por los participantes en las diferentes actividades¡±.

La demanda subraya adem¨¢s que, como ya expuso el Supremo en su sentencia tras el juicio penal por el 1-O, ese tipo de actividad ¡°no deviene inequ¨ªvocamente en un medio preparativo del refer¨¦ndum¡± y ¡°tampoco resulta conexi¨®n con la actividad espec¨ªfica ulterior directamente encaminada a la campa?a del 1 de octubre¡±. El escrito tambi¨¦n destaca que la Fiscal¨ªa ¡°respeta y aplica tambi¨¦n un principio de libertad ideol¨®gica respecto a la finalidad de los desplazamientos al extranjero¡±.

Los fiscales consideran que ¡°las manifestaciones que se hicieran en el curso de esos debates, conferencias o declaraciones quedar¨ªan amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones¡±. Y m¨¢s adelante a?ade que, ¡°si bien es cierto que los temas tratados hacen referencia directa, en gran parte, a la situaci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a en ese momento y al movimiento a favor de la autodeterminaci¨®n promovido por una parte de los operadores pol¨ªticos y sociales catalanes, en cualquier caso se trataba de un tema de inter¨¦s que preocupaba a la sociedad catalana y espa?ola y a la comunidad europea, y que queda amparado en el ejercicio de la libertad de expresi¨®n e ideol¨®gica¡±. De ah¨ª que los gastos realizados para este tipo de actos queden excluidos de la demanda.