Los aliados acorralan al Gobierno en el Congreso por el ¡®caso Pegasus¡¯
El Ejecutivo busca el apoyo a las medidas contra el alza de precios con su base parlamentaria quebrada
La base parlamentaria del Gobierno patin¨® con la reforma laboral, se diluy¨® ante el giro en la pol¨ªtica sobre el S¨¢hara Occidental y ahora corre el riesgo de quebrarse con el esc¨¢ndalo del supuesto espionaje a 63 dirigentes independentistas catalanes y vascos. El Ejecutivo afronta esta semana en el Congreso un asedio como no hab¨ªa sufrido en toda la legislatura por parte de los que han sido sus principales socios en los dos ¨²ltimos a?os. ERC, PNV y EH Bildu van a salir en tromba con el prop¨®sito de acorralar al presidente y a sus ministros para arrancarles una explicaci¨®n sobre el pirateo de los tel¨¦fonos m¨®viles de l¨ªderes nacionalistas a trav¨¦s del programa Pegasus, solo accesible a los gobiernos. En medio de esa ofensiva, el Ejecutivo afronta el pr¨®ximo jueves las votaciones de una ley y tres decretos, entre ellos el de medidas urgentes para aliviar la carest¨ªa energ¨¦tica.
Eso que sus detractores llaman la mayor¨ªa Frankenstein hab¨ªa cerrado 2021 con otra gran muestra de solidez al sacar adelante los Presupuestos del Estado de forma muy holgada. Pero la euforia del a?o viejo se transmut¨® r¨¢pidamente en desconcierto con el a?o nuevo. El caso Pegasus ha sido la tercera sacudida de consideraci¨®n entre la base parlamentaria del Ejecutivo en los tres ¨²ltimos meses, tras la reforma laboral y las nuevas relaciones con Marruecos. ¡°Y esto es mucho m¨¢s, esto es la crisis m¨¢s importante de toda la legislatura¡±, advierte un diputado de uno de los grupos independentistas que han venido apoyando al Gobierno.
Los nacionalistas exigen una explicaci¨®n y que alguien asuma la responsabilidad del supuesto espionaje, para lo que no dar¨¢n tregua al Ejecutivo en el Congreso. Su ofensiva empezar¨¢ este mismo lunes, aprovechando una comparecencia en comisi¨®n para hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional de uno de los principales cargos de La Moncloa, ?scar L¨®pez, jefe de gabinete del presidente del Gobierno. El caso Pegasus monopolizar¨¢ la sesi¨®n de control del mi¨¦rcoles, con una pregunta a Pedro S¨¢nchez; tres a la ministra de Defensa, Margarita Robles -que la v¨ªspera tambi¨¦n tendr¨¢ que dar la cara en el Senado-, y otra al de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, adem¨¢s de una interpelaci¨®n de ERC sobre la ¡°calidad democr¨¢tica del Estado espa?ol¡±. De ese debate pende en buena medida el futuro inmediato de la base parlamentaria de S¨¢nchez y de algunas propuestas legislativas del Gobierno.
Al d¨ªa siguiente de que el Ejecutivo se someta a ese examen, el pleno votar¨¢ la ley de telecomunicaciones y tres decretos, entre ellos el de medidas urgentes contra las consecuencias econ¨®micas de la guerra. Este ¨²ltimo es el m¨¢s relevante y por eso mismo tambi¨¦n el m¨¢s complejo. Los socialistas cuentan con que PP, Vox y Ciudadanos no lo apoyen. Entre los socios habituales, el Ejecutivo tiene el respaldo seguro del PNV y de EH Bildu, cuyo diputado Jon I?arritu, pese a ser una de las v¨ªctimas del espionaje, anticipa: ¡°Este es el mayor esc¨¢ndalo de la democracia, pero aun as¨ª no queremos usarlo para poner en peligro las medidas sociales del Gobierno¡±. Fuentes de ERC, en cambio, afirman que el caso Pegasus ¡°lo condiciona todo¡± y que esperar¨¢n a la respuesta de S¨¢nchez y sus ministros antes de decidir su postura sobre el decreto. Tampoco el PDeCAT, con cuatro diputados, ha concretado su posici¨®n y sin estos dos grupos el Gobierno podr¨ªa verse ante un apuro.
Los socialistas son conscientes de que les espera otra semana de arduas negociaciones en un clima m¨¢s enrarecido que nunca entre sus interlocutores habituales, aunque conf¨ªan en salvar el trance. ¡°Ser¨ªa muy dif¨ªcil para cualquiera explicar que han tumbado el decreto y que los conductores se quedan sin la rebaja de 20 c¨¦ntimos por litro en la gasolina¡±, argumenta un alto cargo gubernamental.
Como ya ocurri¨® con el controvertido vuelco a la pol¨ªtica sobre el S¨¢hara, Unidas Podemos aparece en el asunto del espionaje m¨¢s cerca de sus aliados parlamentarios -con los que ha suscrito una solicitud conjunta de comisi¨®n de investigaci¨®n- que de sus socios de Gobierno. Fuentes del grupo de UP dan toda la credibilidad a la advertencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, de que ERC retirar¨¢ su apoyo al Ejecutivo si no se depuran responsabilidades. UP tambi¨¦n incide en la envergadura del esc¨¢ndalo. ¡°Me preocupa mucho m¨¢s el espionaje que la relaci¨®n entre los partidos¡±, resalta un destacado dirigente de UP. ¡°El espionaje amenaza con convertir Espa?a en Turqu¨ªa. La relaci¨®n entre los partidos es algo absolutamente coyuntural si pensamos en la deriva antidemocr¨¢tica que supone la posibilidad de llevar a cabo espionajes masivos por motivos ideol¨®gicos¡±.
¡°Nadie quiere hacer caer al Gobierno¡±, repiten los grupos independentistas que han nutrido la base parlamentaria del Ejecutivo. ¡°Pero el PSOE tiene que ser consciente de que no vamos a olvidarnos de esto a las dos semanas¡±, advierte uno de sus diputados m¨¢s activos en este asunto. ¡°Si no hay respuesta, las cosas pueden complicarse mucho. Entre Esquerra, Bildu y PDeCAT [tres grupos directamente afectados por el espionaje] sumamos 22 diputados. Sin nosotros, el Congreso puede ser ingobernable¡±.
Una agenda legislativa en peligro
Al Gobierno le gusta presumir de su activismo legislativo y las cifras lo avalan, con más de un centenar de leyes y decretos aprobados en dos años pese al difícil equilibrismo de los respaldos parlamentarios. De aquí a la conclusión del actual periodo de sesiones del Congreso, en agosto, el Ejecutivo contabiliza más de 15 proyectos que espera ver ya aprobados o en el cauce final para sacarlos adelante. La brecha abierta con los nacionalistas por el caso Pegasus amenaza con arruinar esas previsiones.
Al margen del incendio por el espionaje de origen todavía no aclarado, hay otras tres importantes leyes cuya tramitación ya estaba atascada. La que más, la de memoria democrática, en la que los independentistas no se bajan de su exigencia de derogar la amnistía de 1977. El Gobierno no tira la toalla. “Seguimos manteniendo contactos todas las semanas”, apuntan fuentes socialistas. El PSOE busca una solución intermedia: sin tocar la ley de amnistía de la Transición, dejar sentado que por encima de esta se encuentra el derecho internacional y su doctrina de que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles.
Las negociaciones sobre la reforma de la ley mordaza han sido mucho más intensas en estas últimas semanas, pero la discusión se ha empantanado también. Y en algunos puntos, como la exigencia de los independentistas de prohibir el uso de pelotas de goma por los antidisturbios, las diferencias se están mostrando insalvables.
La ley de vivienda ya tuvo un parto largo y difícil dentro del Gobierno y su recién iniciado camino parlamentario no se antoja más despejado. Subsisten importantes diferencias con los socios, sobre todo por el reparto de competencias entre el Ejecutivo central y las comunidades.
Más allá de estas dificultades, una mayoría de iniciativas legislativas ha seguido su camino sin sobresaltos. Esta misma semana saldrá adelante con un amplio acuerdo la ley de telecomunicaciones, el Senado dará su visto bueno a la del depósito legal y en el Congreso se aprobará el texto de la ponencia sobre la ley de igualdad de trato, que penalizará las conductas y actitudes discriminatorias. Entre las leyes que el Gobierno espera aprobar o ultimar antes del verano están las de deportes, ciencia, audiovisual, planes de pensiones o calidad arquitectónica, la que suprimirá el voto rogado para los residentes en el exterior y la que pretende acabar con los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas.
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