El conflictivo preso que se grap¨® la boca y consigui¨® el amparo del Constitucional

Insultos, amenazas, agresiones a otros presos, resistencia a las ¨®rdenes de los funcionarios, destrozo de mobiliario, tenencia de material prohibido, autolesiones, huelgas de hambre... El expediente penitenciario de Gustavo C. N., de 36 a?os, recoge decenas de sanciones desde que fuera encarcelado a finales de 2014 tras ser condenado por un robo con violencia. Habitual de los m¨®dulos m¨¢s duros de las prisiones por las que ha pasado, en varias ocasiones Instituciones Penitenciarias le ha aplicado el art¨ªculo 92.2 del Reglamento Penitenciario para aislarle por su ¡°manifiesta inadaptaci¨®n¡± al r¨¦gimen de vida carcelario.

Un conflictivo historial que, sin embargo, acompa?a con un reciente triunfo judicial: el pasado 7 de febrero el Tribunal Constitucional dict¨® una sentencia en la que le daba amparo y ordenaba a la justicia reabrir la investigaci¨®n de una denuncia que present¨®, en 2018, contra tres funcionarios a los que acus¨® de supuestos malos tratos por haberse grapado la boca como protesta. La causa hab¨ªa sido archivada por una jueza. El alto tribunal consider¨® que la magistrada no hab¨ªa investigado a fondo aquel suceso, algo que el Constitucional considera a¨²n m¨¢s necesario cuando, como era el caso, ¡°el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia f¨ªsica del Estado¡±. La libertad definitiva del recluso est¨¢ prevista para el 22 de junio. Entonces habr¨¢ extinguido, sin haber disfrutado ning¨²n permiso, los 7 a?os y ocho meses de c¨¢rcel que dos tribunales le impusieran por sendos delitos. De nacionalidad uruguaya, tiene abierto un expediente de expulsi¨®n.

La historia penitenciaria de Gustavo C. N. se remonta al 4 de noviembre de 2014, cuando ingres¨® en la prisi¨®n de Picassent (Valencia) para cumplir la pena de siete a?os impuesta por un robo con violencia. Un a?o despu¨¦s recibir¨ªa una segunda condena, esta de ocho meses, por atentado contra la autoridad. Seg¨²n documentos judiciales, solo 19 d¨ªas despu¨¦s de su ingreso se puso en huelga de hambre. Desde entonces, ha acumulado un largo historial de incidentes en las c¨¢rceles por las que ha pasado: adem¨¢s de la de Picassent, las de Castell¨®n I, Villena (Alicante), Topas (Salamanca), Estremera (Madrid), Puerto I (C¨¢diz) y C¨®rdoba, donde se encuentra en la actualidad. En lo que va de mayo, acumula cinco incidencias, tres de ellas en la misma jornada. ¡°Es un recluso muy conflictivo, que genera problemas a todos los funcionarios¡±, se?alan fuentes del penal andaluz. Dos de sus ¨²ltimas sanciones son por ¡°insultos, amenazas y coacciones¡± a trabajadores penitenciarios.

Un enfrentamiento con funcionarios es, precisamente, el origen del incidente que provoc¨® la denuncia que ha acabado en el Constitucional. El 18 de junio de 2018, cuando estaba en la prisi¨®n de Estremera, Gustavo denunci¨® haber sufrido, dos d¨ªas antes, malos tratos. Cuando finalmente declar¨® ante una magistrada seis meses m¨¢s tarde, el recluso acus¨® a tres funcionarios de golpearle tras protestar porque no le dejaban salir al patio tras ponerse en huelga de hambre el d¨ªa anterior. Siempre seg¨²n su testimonio, uno de los trabajadores le propin¨® una bofetada y le tir¨® al suelo, para posteriormente inmovilizarle poni¨¦ndole las rodillas en el cuello y la zona lumbar, y esposarlo. Tras ello, el recluso fue sometido a sujeci¨®n mec¨¢nica con correas durante 19 horas ante la agresividad y nerviosismo que mostraba.

El testimonio de los dos funcionarios imputados fue muy diferente. Ambos negaron haber agredido al preso y afirmaron que con su actuaci¨®n pretend¨ªan evitar que este siguiera autolesionandose, ya que cuando llegaron a la celda ten¨ªa sangre en la nariz y una grapa en los labios. En su declaraci¨®n, los trabajadores aseguraron que su comportamiento fue ¡°agresivo¡± y describieron a Gustavo como ¡°un interno problem¨¢tico¡±. El mismo d¨ªa que prestaron declaraci¨®n, el 11 de abril de 2019, la jueza archiv¨® la causa al considerar que no hab¨ªa indicios de delito. La Audiencia Provincial de Madrid ratific¨® esta decisi¨®n meses despu¨¦s.

Tras este varapalo judicial, el recluso present¨® en diciembre de 2019, a trav¨¦s de su abogado de oficio, Antonio Enrique Serrano, un recurso de amparo ante el Constitucional al considerar que se hab¨ªa vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por la decisi¨®n de la magistrada de rechazar varias diligencias que el preso hab¨ªa solicitado. Dos a?os y dos meses despu¨¦s, el alto tribunal le daba la raz¨®n y ordenaba reabrir la causa. Cuando se dict¨® esta sentencia el pasado febrero, Gustavo llevaba cuatro meses sin provocar incidentes. Sin embargo, a finales de abril volv¨ªa a a?ad¨ªa nuevos a su historial. En pocos d¨ªas, se le intervino material prohibido, mostr¨® ¡°resistencia activa¡± a las ¨®rdenes y amenaz¨® a funcionarios.