La negativa de la Generalitat a aplicar el 25% del castellano en las aulas reabre la batalla judicial

El rechazo de la Generalitat a aplicar al menos un 25% de las horas lectivas en castellano (una materia troncal adicional) en las escuelas catalanas ha reabierto una batalla pol¨ªtica y judicial. Y a?ade m¨¢s incertidumbre a una legislatura convulsa e imprevisible. Por un lado, porque enrarece las complicadas relaciones de los socialistas con ERC, un socio fundamental para La Moncloa. Mientras, la derecha compet¨ªa entre s¨ª con anuncios que iban desde recurrir al Tribunal Constitucional a exigir la suspensi¨®n de la autonom¨ªa de Catalu?a como en 2017.

La decisi¨®n del Govern de no acatar la sentencia, dictando unas instrucciones para que los 4.500 centros educativos garanticen el uso y la presencia de las dos lenguas cooficiales, pero sin fijar ning¨²n porcentaje ¡ªs¨ª recogen que los proyectos ling¨¹¨ªsticos deber¨¢n garantizar el ¡°uso curricular y educativo¡± de ambas¡ª, ha originado un escenario in¨¦dito. La Generalitat aleg¨® una ¡°imposibilidad legal¡± ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) para ejecutar la resoluci¨®n justo el d¨ªa en que terminaba el plazo para cumplirla. La justicia declar¨® firme el fallo en enero y dio dos meses al Govern para aplicarlo. Los plazos se fueron dilatando sin que al final se haya logrado un acuerdo transversal entre soberanistas, PSC y comunes para pactar una nueva ley sobre el uso de las lenguas.

El gabinete jur¨ªdico de la Generalitat esgrime ahora que, al haber un nuevo marco jur¨ªdico, provocado tras la aprobaci¨®n el lunes por el Ejecutivo catal¨¢n del decreto ley con el que pretende sortear la sentencia, est¨¢ exento de tener que establecer un porcentaje fijo de castellano en las aulas. ¡°Lo que hacemos es legislar y dar respuesta a la nueva normativa¡± que fija el decreto ley, justific¨® el consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez-Cambray, que rehus¨® hablar de desobediencia a la resoluci¨®n judicial. Los letrados recuerdan un caso similar, en Navarra, en donde el Tribunal Supremo ampar¨® en 2006 el cambio legal posterior a una sentencia como raz¨®n para aceptar la imposibilidad de aplicaci¨®n. Ser¨¢ el Superior de Catalu?a el que ha de aceptar si da por buena esa jurisprudencia y si acepta la soluci¨®n propuesta por el Govern.

En una posici¨®n muy inc¨®moda, el Gobierno insisti¨® el martes en que las sentencias deben cumplirse, tras conocer las instrucciones que la Generalitat envi¨® a los colegios para validar el decreto ling¨¹¨ªstico en el que no se fijan porcentajes. ¡°Sobre su uso [de las lenguas] y la direcci¨®n que encomiendan los tribunales, han de cumplirse las sentencias y todas las Administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces¡±, afirm¨® la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodr¨ªguez. Fuentes gubernamentales sostienen que el Govern tendr¨¢ que acatar la resoluci¨®n: de lo contrario estar¨ªan prevaricando. La Moncloa no contempla por el momento dar ning¨²n paso y aguardar¨¢ a que la v¨ªa contencioso-administrativa contin¨²e y los magistrados diriman si el decreto ley aprobado por la Generalitat se ajusta a la legalidad.

El Govern argumenta en su petici¨®n al TSJC, amparada dentro de los mecanismos de suspensi¨®n e inejecuci¨®n de sentencias de lo contencioso-administrativo, c¨®mo el nuevo marco legal que fija que no se pueden aplicar ¡°par¨¢metros num¨¦ricos, proporciones o porcentajes en la ense?anza o el uso de lenguas¡± choca con el anterior, en el que se inscrib¨ªa la sentencia. Ahora ser¨¢ el tribunal el encargado, en un periodo de tiempo sin determinar, si acepta la petici¨®n de la Generalitat o insiste en que se debe aplicar su mandato del 25% de tiempo lectivo en castellano para as¨ª garantizar la vehicularidad de esa lengua. Fuentes del Gobierno apuntan que el Govern tendr¨¢ que responder a la Alta Inspecci¨®n de Educaci¨®n y creen que el Tribunal Superior pedir¨¢ explicaciones. Las fuentes consultadas recuerdan que el Gobierno estudia todas las normativas auton¨®micas e inciden en que la Abogac¨ªa del Estado no ha intervenido a¨²n a la espera de lo que dictaminen los tribunales.

Aparte del decreto ley, ERC, Junts, En Com¨² Podem y PSC intentaban pactar en el Parlament una proposici¨®n de ley sobre lenguas que fija al catal¨¢n como la lengua ¡°normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje¡± y apuesta por el castellano como ¡°lengua curricular¡±, seg¨²n lo que determine cada centro en su proyecto ling¨¹¨ªstico. Su aprobaci¨®n est¨¢ retrasada a la espera de un dictamen del Consell de Garant¨ªas Estatutarias. Sin embargo, los socialistas se desmarcan del decreto, al que su portavoz, Al¨ªcia Romero, no ve ¡°coherente¡± ni en ¡°consonancia¡± con el pacto parlamentario. En principio, la convalidaci¨®n del decreto saldr¨¢ adelante en el Parlament con el apoyo de Esquerra, Junts y de los comunes.

Mientras la alianza entre progresistas y nacionalistas se fractura, la derecha agit¨® el fantasma del art¨ªculo 155 en Catalu?a, aunque el partido mayoritario del bloque, el PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se queda de momento en un escal¨®n inferior: la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Generalitat. Feij¨®o confirm¨® el martes que el PP se sumar¨¢ al recurso al Tribunal Constitucional de Ciudadanos ante el ¡°¨®rdago de una comunidad [Catalu?a] al Estado¡±. El partido de In¨¦s Arrimadas se hab¨ªa adelantado en el anuncio de la iniciativa y hab¨ªa pedido a los populares que se adhirieran a ella, pero Ciudadanos tambi¨¦n reclama al Gobierno que aplique ya el art¨ªculo 155, igual que Vox. El l¨ªder de la extrema derecha, Santiago Abascal, inst¨® a hacerlo de manera ¡°sostenida, permanente y contundente¡± hasta que se garantice el cumplimiento de la legalidad en Catalu?a. Abascal plantea incluso la detenci¨®n del conseller de Educaci¨®n catal¨¢n.

El presidente del PP defendi¨® el recurso al Constitucional para ¡°proteger los derechos de las familias catalanas a conocer y a usar una de las lenguas cooficiales¡±, y carg¨® contra los socialistas catalanes por respaldar la proposici¨®n de ley que actualmente est¨¢ en tr¨¢mite en el Parlament sobre el uso de las lenguas en la escuela catalana. ¡°Es muy triste que en el siglo XXI un Gobierno [el catal¨¢n] est¨¦ en clara ilegalidad y tenga el apoyo del PSC¡±, se quej¨®. Los l¨ªderes de la derecha utilizaron expresiones similares para referirse a este asunto. Si Feij¨®o habl¨® de ¡°¨®rdago al Estado¡±, Abascal habl¨® de ¡°en¨¦simo desaf¨ªo¡± al Estado de Derecho. Edmundo Bal, de Ciudadanos, compar¨® el decreto del Govern con lo sucedido en el desaf¨ªo secesionista de 2017. La norma es una ¡°patente desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, como sucedi¨® en octubre de 2017¡å, dijo Bal.

En ese clima de incendio ret¨®rico, Feij¨®o se muestra, sin embargo, algo inc¨®modo: solo habl¨® del tema a preguntas de los periodistas, no antes, y lo hizo insistiendo al mismo tiempo en que ¨¦l apuesta por un ¡°biling¨¹ismo cordial¡± en Catalu?a. El l¨ªder popular, un pol¨ªtico procedente de Galicia que defiende y habla en gallego, trata de recuperar terreno en la pol¨ªtica catalana con un giro catalanista y de reivindicaci¨®n de las nacionalidades. As¨ª lo hizo en el Cercle de Econom¨ªa hace unas semanas hablando de la ¡°nacionalidad catalana¡±, con gran esc¨¢ndalo para parte de la derecha.

La forma en la que Feij¨®o confirm¨® que el PP se sumar¨¢ al recurso de Ciudadanos tambi¨¦n daba pistas de esa incomodidad. ¡°Si inevitablemente nos convocan ante la necesidad de recurrir ante el Constitucional¡±, observ¨®, ¡°ya le hemos trasladado a Ciudadanos que cuente, si quiere, y creo que s¨ª quiere, con un recurso de constitucionalidad¡±. Inmediatamente despu¨¦s, Feij¨®o insisti¨® en la coexistencia arm¨®nica de las distintas lenguas del Estado. ¡°El biling¨¹ismo cordial es nuestra se?a de identidad y la vamos a implantar en Catalu?a. El catal¨¢n y el castellano pueden convivir perfectamente¡±, afirm¨®.

Con informaci¨®n de Camilo S. Baquero