Los jueces llevan la ley de lenguas de Catalu?a al Constitucional porque ¡°bloquea¡± el 25% de castellano en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la nueva normativa ling¨¹¨ªstica de Catalu?a, aprobada por el Govern y el Parlament, al entender que el ¨²nico objetivo de ambas es ¡°bloquear¡± la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en el espa?ol castellano, ¡°tergiversando¡± el fallo con el ¨²nico fin de perpetrar un ¡°fraude de ley¡± e impedir que se reconstruya ¡°la posici¨®n del castellano en paralelo a la del catal¨¢n¡±. Los jueces plantean una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre el decreto del Gobierno regional del 30 de mayo y sobre la ley que refrend¨® la C¨¢mara auton¨®mica el 9 de junio, por supuesta vulneraci¨®n de siete art¨ªculos de la Constituci¨®n y tres del Estatuto de Autonom¨ªa vigente en Catalu?a.

Los jueces han divulgado esta resoluci¨®n al d¨ªa siguiente de que la mesa de di¨¢logo entre Gobierno central y Generalitat, que acord¨® un conjunto de iniciativas en defensa del catal¨¢n, y en la que el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, apoy¨® la nueva ley catalana sobre los idiomas en la ense?anza y la ¡°desjudicializaci¨®n¡± del conflicto catal¨¢n.

La Secci¨®n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJC, que se encarga de la ejecuci¨®n de la sentencia del 25%, ha acordado plantear esta cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre el nuevo decreto del Govern, que fija expl¨ªcitamente la ¡°inaplicaci¨®n¡± de porcentajes en los proyectos ling¨¹¨ªsticos de las escuelas y sobre la nueva Ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales. A principios de mes, el tribunal constat¨® la imposibilidad de ejecutar la sentencia que obligaba a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la ense?anza, que suscit¨® ¡°serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad¡±.

Los magistrados consideran que existe una ¡°incompatibilidad¡± entre la sentencia del 25% y el nuevo marco legal, puesto que la sentencia responde a un modelo ling¨¹¨ªstico anterior. Por lo tanto, las nuevas leyes impiden aplicar el fallo del tribunal. B¨¢sicamente, el TSJC considera que el nuevo marco normativo no es compatible con la Constituci¨®n, al no reconocer el car¨¢cter de lengua vehicular al castellano.

As¨ª, el juicio del tribunal es que ¡°el modelo que introducen ambas leyes [de Govern y Parlament] no permite reconstruir la posici¨®n del castellano en paralelo a la del catal¨¢n sin incurrir en fraude de Ley¡±. Es m¨¢s: ¡°La voluntad del Gobierno y del Parlamento de Catalu?a es inequ¨ªvoca en cuanto a que la finalidad de ambas normas es bloquear la aplicaci¨®n de la sentencia dictada en estas actuaciones y, con ella, la garant¨ªa del uso docente del castellano en t¨¦rminos constitucionalmente aceptables. En este contexto, una interpretaci¨®n que desconociese tal obviedad, traicionar¨ªa no solo el sentido genuino de sus disposiciones, sino tambi¨¦n su finalidad y, en ¨²ltima instancia, la voluntad del Parlamento¡±.

Por eso deciden llevar las normas al Constitucional, porque consideran que solo ¡°tergiversando¡± las propias leyes aprobadas en Catalu?a se podr¨ªa se podr¨ªan armonizar estas y la sentencia que impon¨ªa el 25% de castellano. Los propios jueces lo resumen as¨ª: ¡°En definitiva, el modelo ling¨¹¨ªstico basado en una lengua preferente que el Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22 imponen bloquea la ejecuci¨®n de la sentencia dictada en estas actuaciones, ya que, ni es posible mantener el porcentaje de presencia vehicular establecido en su parte dispositiva, ni tampoco es posible establecer por otra v¨ªa una garant¨ªa de uso del castellano como lengua vehicular normal, puesto que se trata de una condici¨®n que ambas normas legales niegan a dicha lengua¡±.

El auto subraya que la Generalitat ha hecho ¡°un uso arbitrario¡±y ¡°abusivo¡± de su capacidad legislativa para postergar el castellano en las aulas, bloquear cualquier actuaci¨®n judicial y burlar con un nuevo marco normativo, el que estaba vigente cuando se dict¨® la sentencia del 25% en Castellano. Tanto la Abogac¨ªa del Estado como el letrado de la Generalitat han apoyado la presentaci¨®n de esta cuesti¨®n de inconstitucionalidad.